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Bolivia: Primera encuesta virtual devela gran exclusión de personas LGBTI+
La encuesta la realizó la Defensoría del Pueblo y muestra que no están garantizados el acceso a la salud, la educación, el empleo y la vivienda.
La igualdad ante la ley es un pilar fundamental de cualquier sociedad democrática y justa. Sin embargo, para muchas personas con diversas orientaciones sexuales e identidades de género en Bolivia, este ideal sigue siendo una promesa lejana. A pesar de algunos avances legales y sociales, las desigualdades persisten en áreas clave. El acceso a la salud, la educación, el empleo y la vivienda no está garantizada, lo que perpetúa las condiciones de vulnerabilidad y exclusión.
Así lo muestran los resultados de la Primera Encuesta Virtual para la población LGTBIQ+ de Bolivia. Los datos del informe son contundentes. Más del 60% de las personas encuestadas señalaron haber enfrentado discriminación en algún momento de su vida. Esto abarca desde agresiones verbales y físicas, hasta exclusión laboral, educativa y social.
Entre los resultados también se evidencia como el acceso a una vivienda digna se ve limitado. Y es que muchas personas LGBTI se enfrentan a prejuicios tanto al intentar alquilar como al adquirir propiedades.
Pedro Francisco Callisaya, Defensor del Pueblo de Bolivia, enfatizó que la desigualdad no es solo un problema jurídico, sino también cultural y estructural.
“El principio de igualdad ante la ley no debe tener excepciones ni exclusiones”, afirmó.
¿Cuántas personas LGTBIQ+ se registraron?
La encuesta, realizada por la Defensoría del Pueblo y el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), fue aplicada en 2022 y los resultados presentados en 2023. Las personas participantes alcanzaron a 4.054 en los nueve departamentos de Bolivia.
Cerca del 77% de los encuestados se concentraron en el eje troncal del país. El departamento de Santa Cruz fue el mayor, con 1.255 registros (31%), concentró la mayor cantidad de registros. Le sigue La Paz con 1.201 registros (29,6%) y Cochabamba con 672 registros (16,6%).
En el resto de los departamentos la distribución fue la siguiente: Tarija con 239 registros (5,9%), Oruro con 169 registros (4,2%), Chuquisaca con 166 registros (4,1%), Beni con 155 registros (3,8%), Potosí con 113 registros (2,8%) y Pando con 84 registros (2,1%).
Sin acceso a la salud y víctimas de discriminación
Según esta encuesta el 33% de la población participante no cuenta con ningún tipo de cobertura en salud. En este caso, las poblaciones más desprotegidas son las personas disidentes sexuales, las mujeres trans y trans femeninas.
Asimismo, el 65% de quienes respondieron a la encuesta señaló desconocer sobre cómo acceder al Sistema Único de Salud (SUS). Así como los requisitos y el procedimiento para adscribirse. “Estos son datos muy importantes. Demuestran la necesidad de tomar acciones en el tema salud. Fundamentalmente porque el 65% de las personas encuestadas carece de información de los requisitos (para adscribirse al SUS). Eso sin entrar en el tema de que el servicio salud pueda o no tener los servicios requeridos”, manifestó Callisaya.
Asimismo, el 53% de las personas participantes señalaron haber sido víctima de algún hecho de discriminación durante el último año y que solamente el 4% realizaron denuncia, siendo la Policía Boliviana (41%) y la Defensoría del Pueblo (19%), las instancias donde se acude con más ocurrencia. También se acude al Ministerio Público (15%) y al Comité Nacional contra el Racismo y toda forma de discriminación (14%).
Del total de personas que indicaron haber denunciado el hecho de discriminación, el 73% señaló que su denuncia continúa en trámite o no se tienen resultados. El 23% de estas denuncias concluyeron con sanción para la persona denunciada en tanto que un 4% indicó que la denuncia concluyó en un acuerdo, teniendo un 1% de registros que señalaron no tener ningún resultado.
Sólo el 25% tiene un trabajo formal
Gabriela Blas, representante del colectivo Wiñay Wara, reflexionó sobre los resultados de la Encuesta Virtual. “Me ha parecido súper necesario porque refleja todo lo que está pasando actualmente”, señaló.
Para Gabriela, uno de los puntos críticos es la falta de énfasis en las condiciones laborales formales de las personas LGBTI. Afirma que aunque muchos recurren al emprendeudurismo como forma de subsistencia, pocos tienen acceso a empleos con beneficios como seguridad social y jubilación. Esto no solo afecta su presente, sino que también condena a la precariedad a las personas mayores de la diversidad sexual.
“Las personas adultas mayores de la diversidad sexual están en una situación de desprotección mucho mayor incluso que las personas heterosexuales. Muchas veces no tienen un círculo de apoyo, como hijos o familiares, debido al rechazo que han enfrentado durante toda su vida”, explicó.
La información recolectada por la Encuesta Virtual establece que el 72% de la población participante se encontraba realizando alguna actividad que le representaba una remuneración económica. El 35%, es decir un tercio, viven con menos de la mitad del salario mínimo nacional, mientras que un 24% señaló percibir de 1.000 a 2.000 bolivianos.
Si bien el porcentaje de los empleados o con alguna actividad que le representa ingresos es alta, esto puede arrojar un falso positivo. Y es que, de acuerdo al informe defensorial, el nivel de ingresos al que accede la población LGTBIQ+, difícilmente puede procurarse, para sí o sus familias, el acceso a educación, la salud, vivienda y la alimentación.
Según el informe, solo el 25% de las personas LGBTI encuestadas tiene acceso a empleos formales con seguridad social. La informalidad laboral prevalece, lo que perpetúa ciclos de exclusión.
Asimismo, París Galán, secretaría de Asuntos Políticos del colectivo TLGB de Bolivia, añade que esta precariedad afecta especialmente a las mujeres trans, quienes enfrentan mayores índices de exclusión laboral y estigmatización. La discriminación en los espacios de trabajo, combinada con la falta de políticas inclusivas, limita gravemente sus posibilidades de desarrollo personal.
Una encuesta incompleta
“El acceso a la vivienda, el impacto del consumo de sustancias en jóvenes LGBTI y la salud mental son problemas que afectan gravemente a nuestra población y merecen mayor atención”, subrayó París.
Lamentó que los resultados y el informe defensorial de los mismos, sea uno más de los varios que ya se han hecho. “Es decir, este es un informe de una institución muy seria, como el Defensor del Pueblo, pero revela los mismos datos de estudios, sondeos y encuestas que han hecho las mismas organizaciones. El colectivo TLGB de Bolivia, por ejemplo, ha hecho un sondeo muy parecido en los albores de la pandemia del año 2020”.
Además, cuestionó la muestra limitada del estudio, que incluyó a solo 4.000 personas. Sostuvo que una encuesta más amplia habría arrojado datos más precisos y reveladores.
Para Blas, es interesante que en La Paz, capital política del país, se haya llegado a los 1.200 registros, también observa que estos deberían ampliarse en el futuro con una mayor difusión. Indicó que las diferentes organizaciones jugaron un papel importante porque fueron pasando las encuestas a sus integrantes.
“Hay que considerar que es bien pequeñito el porcentaje de personas que son parte de las organizaciones, es algo mínimo en comparación de las personas de la diversidad sexual que no son parte y que muchas veces, incluso no viven de manera pública su orientación sexual o identidad de género”, finalizó.
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