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Salta: dos comunidades indígenas resisten al intento de desalojo de una empresaria
Dos comunidades del Pueblo Weenhayek, en Salta, enfrentan una demanda de una empresaria que pide su desalojo.
Las comunidades indígenas Kyelhuk (Quebracho) y Oka Puckie (Mi Troja), pertenecientes al Pueblo Weenhayek, afrontan una demanda de la empresaria María Monserrat que pretende desalojarlas. Es un territorio de 95 hectáreas en la zona rural del municipio de Tartagal, en el norte de la provincia de Salta.
Las comunidades afirmaron que esta presentación judicial “es la antesala a un posible desalojo”. El Juzgado interviniente había determinado que este miércoles 23 de octubre iba a llevarse a cabo una audiencia en el marco de este trámite judicial. El acto se suspendió a último momento por pedido de la demandante. Ella invocó inconvenientes de salud, informó a Presentes la abogada Fernanda Barón, representante legal de las comunidades.
Fechas
La nueva fecha de audiencia es para febrero de 2025, un plazo que para la abogada de las comunidades considera muy dilatado. Adelantó que pedirá que se fije una fecha más próxima. El tema de las fechas no es un dato menor. En noviembre próximo vence el decreto presidencial por el cual se prorrogó la vigencia de la ley 26160. Allí se declara la emergencia de la propiedad indígena y suspende los desalojos.
El gobierno nacional ya ha anunciado que no prorrogará los efectos de esta ley, y juristas y defensores indigenistas vienen alertando sobre la posibilidad de que haya un avance de los titulares registrales que disputan tierras con pueblos indígenas.
Las comunidades
Las comunidades Oka Puckie y Kyelhuk se ubican a la altura del kilómetro 5 de la ruta nacional 86, en la región del Chaco salteño. Están constituidas por unas 25 familias que mantienen un viejo conflicto con María Monserrat. Ella reclama la propiedad sobre las 95 hectáreas de ocupación ancestral que comparten Oka Puckie y Kyelhuk.
Ya en noviembre de 2014 estas comunidades fueron desalojadas con violencia por una denuncia de la misma finquera. En diciembre de 2022 el niyat (cacique) de la Kyelhuk, Isaías Fernández, sufrió una tentativa de homicidio. Le erraron un disparo mientras se manifestaban contra el alambrado que trataban de instalar en el territorio comunitario.
En el pronunciamiento, las comunidades recordaron que son “legítimas poseedoras ancestrales, actuales y pacíficas de los territorios en los que viven”. Su posesión “está amparada por los marcos normativos internacionales y nacionales que reconocen la pre-existencia étnica de los pueblos originarios a la formación de los Estados nacionales”.
Asimismo, las comunidades resaltaron que están viviendo en un “contexto de amenazas, intimidación y violencia” contra sus autoridades y miembres. “Paradójicamente, la empresaria recurre a denunciar sistemáticamente a los caciques, acusándolos de violentos, promoviendo así instancias punitivas de criminalización”, afirmaron.
“Estamos tranquilos”
La frustrada audiencia del 23 de octubre es la segunda dispuesta en la demanda que se tramita en el Juzgado Civil y Comercial de Primera Instancia de Tartagal. López recordó que la primera se convocó hace un mes. Era un miércoles y se les notificó un domingo por la noche, sin darles tiempo. «Nos llega el comunicado así de repente, así de urgente”. La abogada de las comunidades consiguió que se suspendiera esa citación y se fijó nueva fecha para el 23 de octubre.
La niyat, que integra también el directorio de La Voz Indígena, la primera radio comunitaria indígena del país, recordó que Oka Puckie y Kyelhuk siempre reclamaron la tierra que ocupan. «Siempre estamos tratando de resolver nuestras problemáticas con espera, con paciencia”, insistió.
Además de repudiar las acciones de la empresaria, denunciaron que el “fin de todas estas maniobras es seguir ampliando la frontera agropecuaria sobre los territorios indígenas”. Manifestaron su preocupación “por el uso de la fuerza judicial para atropellar los derechos y las vidas de comunidades en condiciones de vulnerabilidad y desprotección frente al poder de grandes empresarios con recursos económicos”.
Devolver el monte
Nancy López destacó por otro lado que las comunidades vienen trabajando en la recuperación de la flora autóctona. Siguen, dijo, “buscando formas para levantar, para ver cómo recuperamos este territorio que tuvimos un día y después se iba desapareciendo”.
La niyat contó que como ya no quedaban árboles autóctonos. Pensaron “cómo hacer para volver a tener estos árboles” y consiguieron fondos para un proyecto de reforestación. “Tenemos un trabajo muy profundo. Tenemos algunos lugares donde la gente pueda sembrar”, destacó.
En ese misma labor de rehacerse comunitariamente. López anota el objetivo que se han propuesto estas familias para que niñes huérfanos de estas comunidades crezcan en su entorno.
Recuperar a las nuevas generaciones
“También hicimos un gran trabajo para recuperar a los niños desde la guardería”, que se los “arrebataron de su madre, de su hogar, de su cultura, les llevaron, les trasladaron” a hogares “donde no entienden, se dan cuenta que están entre cuatro paredes, se encuentran con otra cultura otro mundo y otra enseñanza”.
Nancy López lamentó que capataces de la empresa, algunos de ellos integrantes de pueblos originarios de la zona. “Están testimoniando en contra de nosotros”, “nos están acusando de muerte, acusando de ser violentos y muchas cosas más. Son los peones que ella (Monserrat) manda a recorrer el territorio y muchas veces nos encontramos y nos amenazan como mujeres, porque ellos son todos hombres”, sostuvo López.
En este sentido uno de los hitos de estas comunidades es la restitución, en octubre de 2023, de una adolescente de 14 años que estuvo en un hogar estatal durante nueve años.
Esta fue otra consecuencia del violento desalojo del 7 de noviembre de 2014. La Policía llegó a las 6 de la mañana y destrozó todo y golpeó a quienes intentaban proteger el lugar. La resistencia de las comunidades duró hasta el anochecer, hasta que la Policía las forzó a quedar a un costado de la ruta.
La hoy adolescente, que en 2014 era una nena de cinco años de edad, estaba al cuidado de su tía abuela paterna, Ana Pérez, debido a que su madre era adicta. En el final del día del desalojo, signado por la violencia y las altas temperaturas, Ana Pérez sufrió un accidente cerebro vascular (ACV) y al día siguiente falleció. Su marido decidió entonces que la nena fuera a vivir con la madre, que no estaba en la comunidad.
El niyat Isaías Fernández, hijo de Ana Pérez, contó que años después supieron que la niña estaba en un hogar estatal. Se inició entonces un largo proceso que concluyó con la restitución de la adolescente a su comunidad, bajo la tutela de sus tíos paternos.
En la familia del cacique hay otros dos niños, sobrinos suyos, que quedaron huérfanos y están ahora a su cargo.
El estigma de la identidad
La comunicadora Nancy López, niyat de Oka Puckie, Nancy López contó que la finquera María Monserrat afirma que les integrantes de Oka Puckie y Kyelhuk no son indígenas sino migrantes del Estado Plurinacional de Bolivia.
“La denuncia que nos hace esta señora Monterrat dice que nosotros estamos vendiendo lotes, que estamos construyendo casas de material, que no somos gente de aquí, somos gente extranjera que viene de Bolivia”.
La niyat consideró que la empresaria se confunde porque tanto la adolescente como los sobrinos del niyat de Kyelhuk cuentan con apoyo del Estado y les construyó casas “bien bonita(s) de material”.
Eso “confunde la gente”, dijo, porque Monserrat plantea que “si, por ejemplo, yo me hago una casita donde mi familia puede estar protegida, una casita bien bonita, entonces soy criolla”. “O sea, yo como originaria no puedo también vivir dignamente, si tengo un techo de plástico yo soy aborigen; si no vivo bajo una casa de plástico y si tengo la posibilidad de hacer mi casita más bonita y que pueda resistir las grandes tormentas que tenemos, yo soy criolla”. La finquera sostiene, subrayó la niyat, que “nosotros no somos de los pueblos que habitamos en la Argentina, nosotros somos extranjeros; por ejemplo, yo no soy no soy argentina, yo soy de Bolivia, mi padre era nacido de Bolivia, yo no soy nacida en Argentina, entonces en la denuncia que nos hace también (dice) que yo no tengo derechos ancestrales o territorios ance
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