Foto: Ariel Gutraich  El Ministerio de Seguridad de Argentina aprobó el «Protocolo General de Actuación de Registros Personales y Detención para Personas Pertenecientes al Colectivo L.G.B.T» que utilizarán las fuerzas policiales y de seguridad federales. La medida aparece en la Resolución 1149-E/2017, publicada en el Boletín Oficial de este lunes con la firma de Patricia Bullrich. Al poco tiempo de conocerse la noticia, distintas organizaciones de la diversidad sexual así como activistas LGBT expresaron su preocupación profunda y repudio a esta norma que consideran más una advertencia que una garantía de derechos.

Un contexto de persecución policial

“Este protocolo es sancionado en un contexto de aumento de la violencia institucional y persecución gubernamental contra el colectivo LGTBIQ: razias y cierres en centros culturales, de sociabilidad y esparcimiento LGBTIQ; aplicación manifiesta de perfiles lesbofóbicos en las detenciones realizadas en la previa y luego de la marcha del 8M y por la liberación de Jones Huala, o simplemente por estar besándonos en la calle”, dice la abogada y activista lesbiana, Luciana Sánchez. Sánchez es integrante de COPADI (Colectivo para la Diversidad), una asociación civil que ya ha presentado amparos por la persecución y represión policial al colectivo.

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En los argumentos del protocolo, el Ministerio recordó que Ley N° 26.743 establece que «toda persona tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, al libre desarrollo de su persona conforme su identidad de género y a ser tratada conforme a ella y, en particular, a ser identificada de ese modo en los instrumentos que acreditan su identidad respecto de el/los nombre/s de pila, imagen y sexo con los que allí es registrada».

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«Esto ya estaba establecido en una resolución de la ex ministra de Seguridad Nilda Garré, en 2011, algo que anticipó la ley de identidad de género», agregó Sánchez.

“Es también para reprimir migrantes”

“Estas son medidas que ya existían y cabe preguntarse por qué el Ministerio sale con esto ahora. De hecho no lo tendrían que haber aclarado nunca, es como que quieren piedra libre para salir a reprimir. Es una vergüenza que estén sacando esto ahora, en momentos donde la policía está requisando hoteles, preguntando si viven travestis y migrantes.  Esto solapadamente es también para perseguir migrantes”, dijo a Presentes la activista travesti Lara Bertolini, integrante del Colectivo Las Bases. El protocolo detalla en nueve páginas en qué casos las fuerzas de seguridad pueden privar de la libertad a una persona y cuáles son los actos iniciales de la aprehensión (aseguramiento, comunicación de derechos, confección del acta de detención…).

La proximidad de la Marcha del Orgullo

“Nos preguntamos si el momento en el que se publica en el boletín oficial este protocolo no tiene que ver con la proximidad de la XXVI Marcha del Orgullo en Buenos Aires -con la consigna «Basta de femicidios a travestis, transexuales y transgéneros. Basta de violencia institucional. Orgullo para defender los derechos conquistados», y aquellas que se desarrollan en todo el país en el mes de noviembre”, dice la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans en un comunicado. Y agrega: “Por otro lado, consideramos que si las fuerzas de seguridad efectivamente respetaran y cumplieran las leyes vigentes y los derechos humanos -en general-, y la Ley de Identidad de Género -en particular-, no tendría razón de existir este Protocolo.”

“Una bomba de humo”

Por su parte, Darío Arias, integrante de la organización Conurbanos por la Diversidad, dijo a Presentes que se trata de una “bomba de humo peligrosa” del gobierno. “Esta iniciativa va en la línea de este gobierno para simular que hace medidas hacia el colectivo pero que es una trampa, porque es una bomba de humo. Es para maquillar el aumento de la violencia social y crímenes de odio. Porque mirada de afuera puede parecer algo positivo sin serlo. Creemos que hay que generar políticas públicas y de acceso a la Justicia y protección y no protocolos que avalen la represión y la violencia”.

Cincuenta páginas con errores conceptuales

La presidenta de 100% Diversidad y Derechos, Greta Pena dijo a Presentes que no es necesario un protocolo para detener a personas LGBT: «Existe la ley de identidad de género, y la normativa internacional que señalan que la orientación sexual no sea un agravante al momento de la detención”. La activista coincidió con Bertolini  en que es preocupante la publicación de la resolución, a 20 días del Marcha del Orgullo, “en un contexto de violencia institucional hacia nuestro colectivo”.  La activista señaló además que el protocolo «son 50 páginas innecesarias donde derogan una resolución que ya hablaba de este tema, con errores conceptuales graves porque confunden orientación sexual con identidad de género». Y agregó: “Lo que necesitamos del Ministerio de Seguridad es que mande la orden política a las fuerzas de seguridad de no discriminar y violentar a la comunidad LGBT”.

«Simulación»

«La habilidad del nuevo gobierno de simular que implementa políticas públicas hacia nuestra comunidad no se condice con la realidad donde nuestras condiciones de vida han empeorado. Este protocolo intenta simular ser una medida de protección hacia nosotrxs cuando en verdad es un profundo retroceso», dijeron desde el Frente de Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Say Sacayán, referente del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL) dijo a Presentes que «el protocolo está escrito desde la lógica de que si sos trava, trans, torta, puto o intersex sos un delincuente” Y agregó: “No están pensando en respetar los derechos humanos del colectivo, porque si pensaran en eso, estarían cumpliendo con la ley de cupo laboral trans. Lo que están planteando con el protocolo es una cacería, nos quieren amedrentar”, dijo. Sacayán también se refirió a la renuncia de la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó: “Le quitan la autonomía al Ministerio Público Fiscal que como órgano extra poder es una institución indispensable para mantener el Estado de Derecho. El hermanx de la activista asesinada Diana Sacayán, dijo que desde el momento que asumió este gobierno la organización que lidera entendió cuál era su plan, “por eso, la firmeza en nuestros reclamos”, dijo.

La renuncia de la procuradora general Gils Carbó

La abogada Luciana Sánchez agrega que el actual protocolo “es publicado cuando Alejandra Gils Carbó acaba de presentar su renuncia, efectiva desde el 31 de diciembre de este año. Esta renuncia a la que la Procuradora fue presionada por las autoridades del actual gobierno, nos deja sin PROCUVIN, sin UFEM, sin PROTEX, sin UFISEX, sin DOVIC, entre otras unidades y procuradurías especializadas contra la violencia institucional, impulsadas por su gestión. O sea, en un contexto de abuso policial, aparece un protocolo que tiene que ser controlado por un Ministerio Público Fiscal cuya titular acaba de renunciar.”      ]]>