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Cómo llegaron a condenar a siete integrantes de Lof Winkul Mapu por «usurpar» el territorio que reivindican
Tras la baja de acuerdos del Estado con la comunidad mapuche de Winkul Mapu, la Justicia condenó a siete integrantes por "usurpar" territorio que reivindican. La machi tenía 17 años al momento de los hechos pero recién fue sobreseída el primer día del juicio.
BARILOCHE (Río Negro). El lunes 30 de septiembre el juez federal Hugo Greca condenó a siete personas por usurpación de un predio en el Parque Nacional Nahuel Huapi que reivindicó la comunidad mapuche Lof Lafken Winkul Mapu en 2017. A juicio llegaron sólo algunas personas de la comunidad.
Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Yessica Bonnefoi, Aylén Tapia, y María Nahuel fueron detenidas en el lugar (a 40 km de Bariloche) durante el operativo del 23 de noviembre del 2017. Ayer fueron condenadas a dos años de prisión en suspenso por usurpación. Johana Colhuán y Gonzalo Coña fueron condenados a dos años y seis meses por usurpación y atentado a la autoridad por haber estado presentes dos días después, cuando una patrulla de Prefectura se encontró con integrantes de la comunidad. La única sobreseída fue la machi Betiana Colhuán Nahuel, por haber sido menor de edad en el momento de los hechos, por lo que se levantó la acusación al inicio del juicio, el 26 de septiembre.
A Eduardo Soares, defensor de les acusades, integrante de la Gremial de Abogados, no le sorprendió. “El fallo era de esperarse. Se dio toda la pelea que se pudo. Ni la fiscalía ni la querella pudieron acreditar absolutamente nada, pero tenían todo a favor desde el punto de vista político”, dijo al terminar el juicio que duró tres audiencias.
Antes de la última, la Gremial de Abogados, advirtió: “Ya no podemos seguir hablando como si fuera sólo un juicio de usurpación contra una recuperación territorial de una comunidad mapuche. En el destino de la Winkul se encuentra en gran medida lo que ocurra con el Pueblo Mapuche que decida no rendirse ni doblegarse en su historia y su cosmovisión”, a través de un comunicado. Esa cosmovisión la explicó en su declaración la machi Betiana Colhuán Nahuel. Tras ser absuelta en el primer momento, fue admitida como amicus curiae para exponer eso ante el juez.
“Buscamos un vínculo con el territorio, no ser dueños”
“Nosotros no buscamos ser dueños del territorio. Al Estado le importa tener título pero no buscamos tener título ni hacer ganancia económica. Buscamos tener un vínculo con el territorio, ser parte, cuidarlo y vivir bien. Yo me vinculé con un rewe y ese vínculo es único para mí. Y es de por vida. En ese lugar está la salud. No es para nosotros un capricho, un poder, no vamos a apoderarnos de tierra para vender. Es un vínculo de toda la vida”.
En su exposición de veinte minutos (sin intervenciones ni preguntas) la machi contó entre llantos: “Para mí esto es perder mi vida. Si dejo este rol de machi me muero. Nací con dos tumores y luché siempre para aferrarme a la vida, a la tierra. La base de esa espiritualidad no es de un día para otro. Fueron años”.
Durante su testimonio se mantuvo un silencio absoluto en la sala. Que sólo rompieron los cuchicheos de los autodenominados “vecinos de Villa Mascardi” -aunque varios viven en Buenos Aires- y las autoridades de Parques Nacionales.
Operativo de seguridad para “ejemplificar”
Durante los primeros días del juicio una veintena de personas acompañaron desde la calle y pacíficamente a les acusades. Se concentraron en una esquina para escuchar la transmisión con pancartas y una olla popular.
Ese destino del que habló la Gremial no se limita al resultado del juicio, sino que abarca también el proceso en sí. El debate se hizo en el Escuadrón de Gendarmería, alegando la falta de otro espacio. El área se mantuvo vallada con decenas de efectivos pertrechados en cada esquina. Según el comandante del escuadrón, hubo más de 200 gendarmes afectados al operativo de seguridad. Al llegar al recinto se revisaba a cada persona varias veces antes de ingresar al recinto, incluso a les abogades. Elles remarcaron con indignación: “Ni en Comodoro Py se hace esto. Es una vergüenza.”
Además, durante los tres días del juicio se suspendieron las clases en cuatro escuelas cercanas a Gendarmería, algunas a varias cuadras de distancia, “por razones de seguridad.” No está claro a qué temen las autoridades. Sí es evidente que la puesta en escena militar marca cómo el poder busca poner el foco en esta comunidad a modo ejemplificador.
La semana pasada se realizó el juicio contra otra comunidad, Lof Quemquemtrew, a veinte cuadras de distancia sin ningún operativo especial de seguridad ni la atención de medios nacionales. El debate se llevó a cabo con total tranquilidad. Se espera el veredicto el 2 de octubre.
La violencia y el diálogo
A lo largo del debate se habló mucho de la violencia y del diálogo. La parte acusatoria centró su argumento en que la comunidad ingresó con violencia y que nunca quiso dialogar. Pero los testigos siempre se refirieron a “violencia verbal”, gritos, insultos, y “actitudes amenazantes” como taparse el rostro o tener las manos en los bolsillos abultados.
“Todo fue muy violento,” dijo en el alegato Nicolás Vinuesa, abogado querellante por Parques Nacionales. “A la guardaparque Urminatti la intimidaban, tuvo que abrir la campera para mostrar que no tenía nada, era todo muy violento, le gritaron ‘winka genocida’. Todos los testigos de la Policía Federal declararon que cuando ingresaron al predio recibieron resistencia, recibieron piedrazos, había barricadas.” Según se pudo deducir de los relatos, la violencia verbal e intimidatoria escaló a piedrazos fue ante el ingreso de cientos de efectivos armados al territorio.
Las declaraciones de las imputadas fueron contundentes. Luciana Jaramillo dijo que el día 23 de noviembre, todavía de noche, se despertó al escuchar “gritos, tiros. Era similar a una película de guerra.” Se quedó con su hijo de tres años hasta que “sentí que alguien me pega en la espalda. Caigo de boca, pierdo los lentes y veo cómo levantan a mi hijo de la ropa y le echan algo en los ojos, no sé si era gas pimienta o qué.” Y aclaró: “Nunca nadie nos habló”.
En la segunda jornada de audiencias declararon varios prefectos que participaron de la patrulla del 25 de noviembre del 2017. El efecto fue que la comunidad escuchara una y otra vez el relato de ese día fatal desde la perspectiva de los responsables de la muerte de Rafael Nahuel.
Desde el primer momento los prefectos mantienen la versión de que fueron atacados con armas de fuego por la comunidad mapuche. Esto a pesar de que no recibieron ningún disparo en el operativo dos días antes y nunca se encontraron dichas armas, ni siquiera un casquillo que no haya sido de Prefectura.
El fiscal Rafael Vehils Ruiz hasta solicitó agravar la pena alegando que el delito se cometió a mano armada. Y argumentó acerca de “la utilización de lanzas desde una altura superior, y en cuanto al uso de armas atípicas aumenta el poder intimidatorio.” Difícil de creer cuando el Grupo Albatros portaba subfusiles MP5.
El abogado querellante Vinhuesa quiso dar por acreditado “que Colhuán y Coña despojaron a Parques Nacionales del lugar, despojaron al Grupo Albatros del lugar.” Cuando ya se probó en el juicio por la muerte de Rafael Nahuel que entre las 130 balas que dispararon los prefectos, una mató al joven mapuche por la espalda, otra atravesó el hombro de Johana Colhuán y otra más perforó el antebrazo de Gonzalo Coña. Con eso como única evidencia, Johana y Gonzalo fueron condenados no sólo por usurpación, sino además por atentado a la autoridad.
El abogado defensor Gustavo Franquet dijo en su alegato que “el hecho de que se haya comprobado que alguien estuvo en el lugar, no es suficiente para probar la comisión de un delito”. Que la única evidencia de la presencia de Johana y Gonzalo sean los balazos que recibieron resulta doblemente doloroso.
“Cada vez que intentamos dialogar había una mentira”
El defensor Eduardo Soares empezó su alegato cuestionando justamente el encuadre del conflicto: “Si se pretende resolver un conflicto territorial por el código penal, estamos jodidos, porque la base del código penal es la violencia”.
El Estado elige un procedimiento de estas características en vez de respetar un acuerdo ya firmado por todas las partes. Esta misma semana se cumplen dos años desde el violento operativo de un Comando Unificado que desalojó a la comunidad, tras el cual cuatro mujeres pasaron ocho meses en detención domiciliaria con sus hijos.
Ellas sólo consiguieron la libertad después de largas mesas de diálogo con el Estado nacional (durante el gobierno de Alberto Fernández) que culminaron con la firma de un acuerdo que anulaba esta misma causa, reubicaba la comunidad en otro lugar y habilitaba que la machi pudiera volver al rewe. El gobierno saliente se negó a implementar lo que había firmado y la nueva administración lo revirtió por completo. Cuando tomó la palabra María Nahuel, enfatizó: “Dicen que no queremos dialogar, pero cada vez que intentamos dialogar había una mentira.”
A pesar de que ese acuerdo existió, el fiscal Vehils Ruiz afirmó en su alegato: “No había una recuperación por los derechos que le pueden asistir pero no de esta forma, sino a través de una mesa de diálogo.” En cambio, el abogado de Parques Nacionales, desconociendo los marcos legales que protegen derechos territoriales, dijo: “Alegaron tener derechos que no tienen”.
Antes de que el juez se retirara para fallar, Romina Rosas expresó: “No somos violentos, no somos terroristas, somos mapuche. Queremos que el Estado nos reconozca. No nos sentimos en igualdad de condiciones ni siquiera en un juicio. Sólo recibimos violencia”.
El rewe, lugar ceremonial
El conflicto principal es por el rewe, el lugar ceremonial de la machi, único en el mundo para ella porque es el lugar donde se “levantó” (se erigió como machi). Y la fiscalía pidió como condición de la condena en suspenso la prohibición de concurrir al rewe.
Laura Taffetani, abogada defensora, argumentó: “Podemos citar tantos fallos, tantas leyes, pero si después de todo piden el no acercamiento al rewe, se muestra un total desconocimiento. Este conflicto marca la historia de nuestro país. No podemos seguir discutiendo “la Conquista del Desierto”, o si vinieron de Chile. Está claro que quienes llegaron últimos fueron mis propios ancestros”.
Fuera del Escuadrón, tras escuchar la condena y reunirse con la gente que esperó afuera en apoyo, la machi Betiana afirmó: “No nos vamos a rendir. Vamos a seguir firmes hasta el día que dejemos esta mapu. Nacimos con esta fuerza porque tenemos este firme pensamiento de seguir luchando. Esto es lo que somos y lo que seguiremos siendo”.
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