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Juicio por TransOdio en Córdoba: Absolvieron al acusado de intentar asesinar a Maxim Tabari
Hace 10 años la joven trans Maxim Tabari sufrió un intento de transfemicidio. Quedó con secuelas de por vida. Luchó 10 años para llegar a la Justicia. El acusado fue absuelto pero lo condenaron por lesiones leves a un policía.
5 de abril de 2023
Alexis Oliva
Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra
Edición: María Eugenia Ludueña
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CIUDAD DE CÓRDOBA, Córdoba. La Cámara en lo Criminal y Correccional de Villa Dolores, en el oeste de la provincia de Córdoba, absolvió a Matías Enrique Farías por el intento de homicidio contra la joven trans Maxim Tabari. Le aplicó una condena de dos años y ocho meses de prisión pero no por haber estado cerca de asesinar a Maxim sino por haber intentado agredir a la policía durante la investigación. La sentencia causó estupor e indignación en la víctima y militantes LGBTIQ+ y de derechos humanos que la acompañaban en este primer juicio por transodio en Traslasierra.
Maxim fue atacada a palos 28 de abril de 2013 por Farías y un sobrino, por entonces menor de edad y hoy prófugo. Sus vecinos la encontraron desvanecida y sangrando y la llevaron al hospital. La agresión le causó un traumatismo de cráneo, lesiones en su rostro y la ruptura del tabique nasal. Todavía sus secuelas demandan medicación y tratamiento.
El fallo se conoció anoche pasadas las 22, luego de más de dos horas de deliberación de los jurados populares. Fue la culminación de extensa jornada que comenzó a las 10 de la mañana y duró doce horas, entre los alegatos, y el frustrante desenlace después de diez años de reclamo de justicia.
Sin agravante por transodio
“Es una vergüenza”, dijo a Presentes Germán Romero Marcón, representante legal de la víctima, luego de escuchar el fallo. En su alegato, había pedido 15 años de prisión por “tentativa de homicidio calificado y agravado por alevosía, por la intervención de un menor y por mediar odio de género”. También propuso que se investigue el posible “incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos” de los agentes policiales y funcionarios judiciales que instruyeron la causa.
Por su parte, la fiscal Eugenia Ferreyra descartó la figura de tentativa de homicidio y consideró a Farías “coautor de lesiones graves –con alevosía– y por cometer tal delito con un menor”. En su calificación no incluyó el agravante por violencia de género y transodio. Solicitó para el acusado una pena de 5 años y 7 meses.
A su vez, el defensor Juan Pablo Bastos atribuyó toda la responsabilidad al sobrino de Farías prófugo e impugnó los informes forenses por estar “viciados de nulidad”. Planteó la absolución de su defendido, o en su defecto el mínimo de tres años que prevé la figura de tentativa de homicidio.
“Es una injusticia, pero la vida sigue”
“Está loco el mundo. No sé qué pensar. Obviamente, es una injusticia. Cuando dijeron que lo absolvían me quería levantar e irme. Pero por respeto me quedé. Esto ha sido una gran humillación para mí, pero la vida sigue”, expresó Maxim al salir de Tribunales tras conocer la sentencia.
Integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, Mari Luque manifestó: “En la sentencia ni se habló de la paliza que sufrió Maxim y que casi le cuesta la vida. Según la defensa, el que le pegó fue el menor, no Farías. Pero en estos diez años nunca se lo investigó ni se habló de que se vaya a hacer otro juicio. De terror. No sé cómo se sale de esto”.
Un juicio oral y público sin público
Desde el inicio del juicio, el 13 de marzo, los colectivos que acompañan a la víctima venían denunciando diversas irregularidades en el despliegue del juicio. El público estaba impedido de ingresar a la sala de audiencias y a Maxim no se le permitió escuchar los testimonios de la defensa, entre otras restricciones. “¿Por qué una causa pública impide a las organizaciones sociales y testigos populares entrar a la audiencia, convirtiéndose así y de repente en una causa privada? Al parecer jueces y fiscalía no trabajan en función de resguardar a la víctima”, cuestionaron desde la Casa Diversa Traslasierra.
En vísperas de la jornada de alegatos y sentencia, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra recurrió a las secretarías de Derechos Humanos de la Nación y de la Provincia, para constatar si el tribunal presidido por el juez Carlos Escudero incurría en “una irregularidad al no permitir el acceso del público y de la víctima”.
En respuesta, Mariano Ariel Przybylski, titular de la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, envió una carta a la Cámara en lo Criminal de Villa Dolores, solicitando que “se tomen las medidas pertinentes para garantizar la asistencia a la audiencia del día 4 de abril del corriente del público en general, así como de las organizaciones de derechos humanos en particular”. “Teniendo en cuenta que el art. 372 del Código Procesal Penal de la Provincia de Córdoba establece, como uno de los principios fundamentales de todo juicio, la oralidad y la publicidad, resulta imperioso que este derecho no se vea afectado”, fundamentaba el pedido.
5 de abril de 2023
Alexis Oliva
Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra
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