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Santiago del Estero: denuncian persecución judicial de la dirigenta campesina Deolinda Carrizo
La histórica dirigenta del Mocase recibió una orden de detención junto a otros integrantes del movimiento campesino por acompañar a una familia que resistía un desalojo.
El viernes 2 de septiembre, feriado declarado por el Poder Ejecutivo, la dirigenta campesina Deolinda Carrizo recibió una orden de detención por parte del Juzgado de Control y Garantías en lo Penal de Santiago del Estero. Se la acusa de “usurpación y violencia” por su presencia – junto a otros integrantes del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE)- en un intento de desalojo el 26 agosto en el paraje El Urunday, localidad de Roversi.
“Jamás hubo violencia, los policías se retiraron del lugar. Es una acusación absurda. No existen armas ni recursos suficientes para un acto de violencia. Además es un delito excarcelable no tienen por qué detenerla, en el marco de un desalojo cuya sentencia no está firme”, explica a Presentes, Majo Venancio, abogada e integrante del Mocase.
Venancio relató que el 26 de agosto llegó una sentencia de desalojo a la familia campesina Medina y ese día pidieron auxilio al Mocase. La central más cercana es el departamento de Quimilí, de donde es oriunda Deolinda Carrizo. Ella fue como militante del Mocase y como titular de Dirección de Género e Igualdad de la subsecretaria de Agricultura Familiar Campesina e Indígena de la Nación”, explica a Presentes Majo Venancio, abogada e integrante del Mocase.
Al tratarse de un desalojo donde no se habían respetado los derechos de las familias campesinas, los militantes del Mocase se quedaron en el lugar. La policía identificó a quienes estaban en el lugar y se abrió una causa penal por el delito de usurpación. Allí intervino la fiscal Luján González y le solicitó a la jueza Ana Cecilia Vittar para que se intime al desalojo del inmueble y se libere una orden de detención para cinco integrantes del Mocase, incluida Deolinda Carrizo.
Gracias al acompañamiento del Mocase, hasta ahora no se concretó ese desalojo. Pero sigue vigente junto a la orden de detención.
Exigen cese de criminalización de las familias campesinas
“Presentamos un escrito solicitando el cese del pedido de detenciones y también haremos los planteos correspondientes con respecto a la discusión por el derecho a la tierra”, dijo Venancio.
El lunes durante la mañana se realizaron cortes de ruta en los distintos puntos de Santiago Del Estero.
“Exigimos el levantamiento inmediato de las órdenes de detención y el cese de la campaña de criminalización contra las familias que defienden los territorios por parte del poder Judicial de Santiago del Estero, en complicidad manifiesta con sectores económicos y policiales. Exigimos que el Ministerio Público fiscal de la provincia deje de Criminalizar a lxs Defensores de Derechos Humanos. Basta de persecución política al MOCASE y a sus militantes, basta de persecución política y judicial. Basta de desalojos a familias campesinas indígenas”, expresaron desde las redes del Movimiento.
También se plegaron a los repudios al atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Un pedido ilegítimo
El conflicto por su la tierra de 200 hectáreas de la familia Medina comenzó en 2019. En ese año el Colegio de Jueces Civiles de la ciudad de Santiago del Estero emitió la primera orden de desalojo. Decían que tenían una firma de un convenio entre quien dice ser dueño de las tierras y la familia que actualmente vive ahí.
En ese escrito, que Medina no llegó a leer completo porque tiene problemas visuales, decía que se comprometía a desocupar el lugar en febrero de 2020.
El Mocase denuncia como irregularidad que no existe ningún tipo de acreditación de que el demandante Guillermo Ríos sea propietario de esas tierras. Nunca se realizó una constatación o inspección judicial en el inmueble para constatar quiénes viven. Y nunca se ordenó un informe social-productivo que refleje cómo vive la familia.
Tampoco supervisó si efectivamente estaban al tanto de las presentaciones y los movimientos que se realizaban en tribunales.
En el lugar viven Carlos Medina con su compañera Mirta Belizan, y sus cinco hijxs. Toda la familia trabaja en el campo, en la cría de animales.
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