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Denuncian la detención ilegal de una mujer trans en Honduras
La mujer fue torturada física y psicológicamente. Los policías también amenazaron a militantes de derechos humanos.
SAN PEDRO SULA, Honduras. Una mujer trans fue encerrada ilegalmente y torturada psicológicamente durante 10 horas por varios policías en la posta de Armenta, en San Pedro Sula, norte de Honduras. Los oficiales también amenazaron a defensorxs de derechos humanos LGBTI+.
«Ya tengo sus nombres», amenazó un policía de apellido Herrera, según el testimonio de los defensores de derechos humanos Osman Lara y Javier Carrington para Presentes. Los también miembros del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula llegaron a la posta a pedir la liberación de la mujer trans arrestada en el barrio Guamilito, centro de San Pedro Sula, el viernes pasado cuando ejercía el trabajo sexual.
Esa noche, los agentes le exigieron a la trans que le diera dinero a cambio de no arrestarla. Como ella se negó, los policías la llevaron detenida a la posta de Armenta, en el noroeste de San Pedro Sula. La posta queda en una zona remota y solitaria al final de una carretera oscura.
Vulneración de derechos
En el camino a la posta, la mujer trans arrestada sufrió violencia por parte de integrantes de la Policía Nacional de Honduras. Le negaron sus derechos básicos, la detuvieron de manera arbitraria y la encerraron en una bartolina sin derecho a comunicarse con sus defensores ni compañeras. Así lo detalla en su denuncia el Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula.
Inmediatamente después de recibir la denuncia de arresto injustificado, Javier Carrington, Osman Lara, otrxs integrantes del Comité y la gobernadora Alexa Solórzano del departamento de Cortés, -donde se encuentra el municipio y ciudad de San Pedro Sula-, llegaron a la posta de Armenta a exigir que liberaran a la trans arrestada.
Lxs defensores permanecieron 10 horas fuera de la posta, ya que los agentes cerraron el local «porque este lugar es inseguro», argumentaron. Lara les reclamó porque dejaron afuera a los miembros del Comité, a pesar de que el lugar es peligroso.
Bajo amenaza policial
«Ya tengo sus nombres», les dijo un oficial de apellido Herrera en la posta de Armenta a los integrantes del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula, Osman Lara y Javier Carrington. “Esta es la parte que más me gusta”, agregó el oficial Herrera cuando, después de 10 horas de arresto, la joven salió de la bortolina.
Herrera también les a lxs defensorxs que había visto el video que filmaron en esas horas y que publicó Reportar sin Miedo. «¿Eso es una amenaza?, le pregunté», relató Osman Lara en entrevista para Presentes. «Tómelo como quiera», les contestó el oficial, «anden con cuidado», les digo, según agrega Lara en su narración de los hechos acaecidos la noche del viernes 26.
Procedimiento arbitrario
A pesar de la evidente amenaza del policía, Lara, Carrington y los demás integrantes del Comité LGBTIQ+ del Valle de Sula hicieron vigilia en la posta de Armenta, en el noroeste de San Pedro Sula.
Además del Comité, a la posta de Armenta llegaron varias mujeres trans, pero los policías no les permitieron comunicarse con la detenida.
Los agentes alegaron que habían arrestado a la mujer trans en el barrio Guamilito, centro de San Pedro Sula, porque estaba “cometiendo actos inmorales en la vía pública”.
«La compañera fue encerrada de manera arbitraria en la bartolina para hombres porque se rehusó a pagar la extorsión que la Policía Nacional le estaba haciendo, mencionando que es prohibido el trabajo sexual», afirmó Osman Lara.
Durante toda la noche del viernes, los agentes no dieron información sobre la detenida. «No nos daban respuesta sobre ella», relató Lara.
La violencia no para
El arresto injustificado del viernes 26 se suma a una ya larga lista de maltratos y asesinatos contra la población diversa en Honduras.
En 2022 han sido asesinadas en el país 29 personas LGBTI+, según el Observatorio de Muertes Violentas de la Red Lésbica Cattrachas.
Desde el 2009 hasta hoy se reportan 432 casos, pero solo 97 crímenes han sido judicializados y apenas 39 casos registrados con sentencias condenatorias.
El 9 de mayo de 2022, la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, pidió perdón en nombre del Estado por el crimen contra la activista trans Vicky Hernández, asesinada durante el golpe de Estado de 2009. Sin embargo, hasta hoy, las principales medidas de reparación que dicta la sentencia condenatoria todavía no se han cumplido, incluyendo el cambio de nombre de las personas trans en el documento nacional de identidad.
“El desplazamiento forzado interno y su efecto en las poblaciones y comunidades LGBTIQ+ debe continuar identificándose, documentándose y reconociéndose desde la voluntad política para responder ante esta realidad de la que poco se habla. Desde México también exigimos el cese a las detenciones arbitrarias, extorsión y persecución a mujeres Trans en Honduras la Secretaria de Seguridad debe estar a la altura en el marco de DDHH” dijo Raul Carporal de Casa Frida en Twitter.
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