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Condenaron al médico que abusó de cuatro jóvenes en los Valles Calchaquíes
Por primera vez en Tucumán, una jueza penal dictó sentencia en la localidad de Amaicha del Valle, tierra indígena Diaguita Calchaquí. Condenó al médico que abusó sexualmente de cuatro jóvenes.
AMAICHA DEL VALLE, Tucumán*. Por primera vez en la historia de Tucumán, una jueza penal dictó sentencia en la localidad de Amaicha del Valle, tierra indígena Diaguita Calchaquí. No se trató de cualquier sentencia: se condenó por abuso sexual simple a un médico y ex director del único Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de Colalao del Valle, Eugenio Heliodoro Guantay. En ejercicio de sus funciones, aprovechando su situación de poder, abusó sexualmente de cuatro jóvenes. Los hechos denunciados sucedieron entre 2014 y 2018.
A partir de un pedido de la querella representada por la abogada Jimena Gómez Roselló, apoyado por presentaciones de Fundación La Chacana y Fundación MxM, la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, autorizó que la Sala Conclusional Penal Nº2, a cargo de la jueza Stella Maris Arce, se trasladara al Juzgado de Paz de Amaicha del Valle para dictar la sentencia. Se trató de una “acción positiva”, como describió Roselló, para achicar las distancias geográficas que tuvieron que sortear las cuatro denunciantes durante el tiempo que duró el proceso judicial.
“No hay duda: atacó la integridad sexual de las víctimas”
La ruta 307 que une la capital tucumana con los Valles Calchaquíes es un camino zigzagueante, con curvas y contracurvas. Si bien son solo 158 kilómetros desde San Miguel de Tucumán hasta Amaicha, el paso es lento y con tramos de ripio.
Luego de cuatro horas de viaje, la audiencia comenzó pasadas las 12hs del jueves 9 de junio con la presencia del personal de la Sala, la Oficina de Asistencia a la Víctima de la Corte, la prosecretaria del juzgado de paz de Amaicha del Valle, Rita Nahir Agüero, referente de las mujeres originarias de los Valles, presidenta de la Fundación la Chacana, la querella y las denunciantes. La puerta estuvo custodiada por Gendarmería y el perímetro de la oficina estaba vallado. El imputado junto a su defensa y la fiscalía, a cargo de Estela Giffoniello, participaron de manera remota.
Se trató de un juicio abreviado, una modalidad donde las partes llegan a un acuerdo sobre la condena que recibe la persona imputada. Según la ley, participan la fiscalía y la defensa del imputado. En este caso también se hizo partícipe a la querella, quien representó los intereses de las cuatro jóvenes.
El principal requisito en este tipo de juicios es que el imputado reconozca la culpabilidad de los hechos. En este caso, la jueza detalló, que además la aceptación de Guantay sobre los cuatro hechos, las pruebas fueron contundentes para validar esa condena. “No hay ninguna duda que atacó la integridad sexual de las víctimas”, sostuvo.
“No tengan vergüenza en denunciar”
Este tipo de delitos se caracteriza por la escasez de pruebas, porque son hechos que se cometen en lugares donde no hay testigos. La jueza ponderó la consistencia y la claridad de las declaraciones que prestaron las denunciantes, tanto en la comisaría como en la fiscalía al momento de ratificar, y cada oportunidad que les fue solicitado. Además, las declaraciones se sostuvieron con diversos testimonios, pericias, informes y constancias incorporadas a la causa como respaldo de las denuncias.
“No tengan vergüenza en denunciar”, dijo la magistrada luego de escuchar a las jóvenes. En sus relatos contaron que sufrieron discriminación y hostigamiento por parte de la comunidad de Colalao del Valle, luego de denunciar al médico. Incluso una de ellas tuvo que irse a vivir a otra localidad porque no soportaba ser juzgada por defender un derecho.
Sobre la sentencia y reparación
Guantay fue condenado a 3 años de prisión en diferentes modalidades (efectiva y condicional), más la inhabilitación de la matrícula por 10 años, en donde no podrá ejercer la medicina.
La querella también solicitó medidas de reparación integrales, que tengan un impacto en el tejido social de Colalao del Valle. “La justicia ordenó al SIPROSA que la nueva dirección del CAPS de Colalao del Valle sea ocupada por un profesional capacitada/o en materia de género y diversidad. Ordenó también capacitaciones intensivas al personal de la salud del CAPS, en materia de violencia de género y abuso sexual durante 6 meses y aclaró que sería para mejorar el acceso a la salud integral de mujeres y niñas. Además ordenó realizar un seguimiento de la atención sanitaria a esta institución. Por último, se enviará al Ministerio de Educación de la Provincia, que se realicen charlas en la escuela de Colalao del Valle, en dónde se aborden derechos de las mujeres y niñas, violencia de género y abuso sexual”.
“Charlas en las escuelas para que no le pase a más chicas”
Sobre este último punto, fue expresamente solicitado por la primera de las jóvenes que se animó a denunciar. “Quiero que se dicten charlas en las escuelas para que esto no le pasé a ninguna otra chica”, dijo frente al tribunal.
Las cuatro víctimas expresaron su alegría y tranquilidad por haber llegado al final de este proceso y por haber sido escuchadas personalmente y en su territorio por la jueza Stella Maris Arce. Y se manifestaron conformes con toda la sentencia.
Fin al pacto de silencio en los Valles Calchaquíes
“Las denunciantes fueron las que lograron esto. Han roto el pacto de silencio que existe en los Valles de no hablar sobre estos temas y de alguna manera se van naturalizando los abusos sexuales. A partir de hoy hay un mensaje muy fuerte de que ya no se toleran más los abusos sexuales”, sentenció Roselló.
“Las exhorto a seguir adelante este camino de defender su cuerpo, de defender sus derechos humanos, a que los demás respeten su dignidad. Y que cuando decidan ejercer su sexualidad sea un ejercicio voluntario y libre. A no tener vergüenza, a no sentirse culpables de denunciar por que lo que están haciendo es ejercer derechos. Ya han sufrido bastante como para tener que ocultarse, la sociedad tiene que tiene que cambiar en esto. Todos tenemos que contribuir para que se erradique la violencia”, sostuvo la magistrada.
Rita Agüero, referente de las mujeres originarias de los Valles, estuvo presente durante todo el juicio. También intervino para contar la dura realidad que viven en los Valles con la naturalización de la violencia sexual y la falta de recursos y políticas públicas para combatirlo. Sobre la presencia del Poder Judicial para dictar esta sentencia expresó: “Es muy importante que hayan escuchado las voces de las víctimas y que haya Justicia en nuestros Valles”.
“Tratar con las personas de este modo tan directo nos acerca al Poder Judicial con las personas, que son los destinatarios de nuestros servicios. Que desaparezcan las brechas que hay entre las ciudadanías y el Poder Judicial. Estamos para cambiar esta realidad y esta realidad la cambiamos entre todos”, finalizó la magistrada Arce.
Sobre los hechos
Eugenio Heliodoro Guantay fue director del único Centro de Atención Primaria de Salud en Colalao del Valle durante más de 20 años. Como autoridad de la institución, médico y hombre, era una figura muy respetada por la comunidad.
En 2018, una joven lo denunció en sede policial y luego hizo una publicación en sus redes sociales contando cómo fue abusada sexualmente en el consultorio del médico cuando fue en busca de una receta para un problema respiratorio crónico que padecía.
Su publicación se viralizó y otras mujeres de la comunidad se contactaron para contarle situaciones similares que habían vivido. Una de ellas era menor de edad, otra había recurrido a la consulta luego de haber vivido una situación de violencia de género con su pareja, otra de las chicas contó un abuso que había vivido en 2014.
Las cuatro iniciaron un camino en el que contaron con el acompañamiento y asesoramiento de Jimena Gómez Roselló, quien en aquel momento empezaba a ejercer la abogacía.
Cuatro años después, luego de incontables viajes, acumulación de pruebas, articulaciones con diferentes instituciones y referentes, finalmente terminó el proceso judicial y las jóvenes cerraron un doloroso capítulo de sus vidas. La reparación integral en sus comunidades es ahora una responsabilidad del Estado provincial.
*Esta nota se publicó originalmente en La Nota Tucumán y se reproduce a través de una alianza con Agencia Presentes.
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