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El feminismo y la diversidad sexual plantan cara al autoritarismo en El Salvador
El presidente Bukele se hizo del total control del Estado. Centenares de personas salieron a las calles para protestar contra una de las crisis institucionales más graves desde la guerra civil.
Los diputados del partido Nuevas Ideas, el partido gobernante de El Salvador pasaron por encima de la Constitución y del estado derecho para remover a cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema y el Fiscal General. La sorpresiva maniobra le permitió al presidente Nayib Bukele hacerse del control total del Estado. Esto hizo que centenares de volcaran a las calles para protestar contra una de las crisis institucionales más graves desde la guerra civil (1980-1992). Los feminismos y la diversidad sexual dijeron presente y ven en el gobierno Bukele y sus maniobras un retroceso grave de derechos.
«Estamos frente al mayor retroceso democrático del país desde la posguerra y eso nos afectará a todas las personas, pero con mayor énfasis en aquellas en condición de vulnerabilidad y que ya formamos parte de sectores en exclusión y marginación social», dijo a Presentes Erick Iván Ortiz, quien fuera candidato a la Asamblea Legislativa en las elecciones pasadas por el partido Nuestro Tiempo. Ortiz forma parte hace diez años de la Federación Salvadoreña LGBTI.
El 1 de mayo se instaló la nueva Asamblea Legislativa en el país centroamericano para un periodo de tres años. El partido Nuevas Ideas había obtenido una contundente victoria en las elecciones intermedias de febrero, obteniendo junto a sus aliados, una súper mayoría en el hemiciclo, 64 curules de un total de 84. Esta conformación les permite gobernar y aprobar lo que sea sin oposición.
Sin embargo, los jueces de la Sala de lo Constitucional, máximo tribunal del país, y el Fiscal General, Raúl Melara eran los contrapesos más firmes para controlar sus políticas y acciones. Bukele no estaba a gusto con ellos.
Por esa razón, en la primera sesión plenaria del Congreso, Nuevas Ideas y sus aliados destituyeron a los magistrados y al Fiscal General saltándose todos los procedimientos.
Plantando cara al retroceso en derechos
Landres considera que los riesgos de retroceder en los derechos las personas LGBT+ son altos. Desde que Bukele asumió su mandato el 1 de junio, eliminó la dirección de diversidad sexual en donde se atendían las denuncias de violaciones de derechos contra la población LGBTI. Además anuló el decreto presidencial número 56 que prohibía la discriminación por razón de identidad de genero y orientación sexual en todas las instituciones del Estado.
El popular mandatario militarizó el salón del Congreso en febrero de 2020 y fue acusado de violar los derechos humanos de cientos de personas en sus políticas sanitarias para contener la pandemia del COVID-19.
Unas 300 personas acudieron el domingo al Monumento a la Constitución para rechazar el polémico movimiento. Levantando cárteles, los manifestantes denunciaban: “Cuando la tiranía es ley, la revolución es orden”, “Nayib fascista vos sos el terrorista”, “No al poder absoluto”.
«Nuevas Ideas representa un bloque manifiestamente antiderechos, con vocerías que utilizan la misoginia y la homolesbotransfobia como herramienta de ataque político contra adversarios. El propio presidente se ha posicionado contrario al avance de los derechos de las personas LGBTI y dentro de sus primeras medidas al asumir su presidencia eliminó la Secretaría de Inclusión Social y con ello la Dirección de Diversidad Sexual. En este escenario, las personas LGBTI corremos tres riesgos latentes: la tramitación de leyes que restrinjan derechos (como la prohibición al matrimonio igualitario); la criminalización de organizaciones de sociedad civil (que son nuestros únicos espacios de visibilización) y la anulación de las garantías constitucionales frente a violaciones de derechos, por la desarticulación de la Fiscalía General de la República y la Sala de lo Constitucional», agregó Erick Iván Ortiz de la Federación LGBTI.
“Estamos aquí para que se sepa que hay personas que estamos en contra de este abuso de poder de parte del gobierno central, porque es definitivamente eso: un abuso de poder y que no puede pasar porque la historia es clara y no podemos permitir que se vuelva a repetir”, dijo a Presentes, Ambar Alfaro, defensora de derechos humanos de las personas trans.
Golpe a la institucionalidad
Los criterios para la elección de magistrados y fiscal están establecidos en la carta magna, por eso, los expertos señalan que la destitución y el apresurado nombramiento de las nuevas autoridades carece de legalidad.
Los diputados consideran que tiene legitimidad debido al amplio número de votos que obtuvieron en la elección de febrero.
“Hemos iniciado la transformación real de nuestro país. Representamos al pueblo, no a elites, no a organismos nacionales o internacionales, no a partidos del pasado”, escribió en su cuenta de Twitter, Ernesto Castro, presidente del Congreso.
Sin embargo, especialistas constitucionales, académicos y defensores de derechos humanos rechazaron rotundamente la destitución de los funcionarios y consideran que pone en riesgo la independencia de poderes del Estado.
“En un acto ilegal e inconstitucional que tiene la peligrosidad, intencionalidad de acumular poder en una persona y en un partido político en contra del bien común. Sabemos por experiencia propia que la concentración de poder solo genera dolor y sufrimiento para la gente y es algo que no queremos que se repita”, dijo a la prensa, Keyla Cáceres, activista feminista de la Colectiva Amorales.
Caracterizado por un estilo de gobierno similar al del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, utiliza sus redes sociales para atacar a la prensa, burlarse de la oposición y provocar peleas encarnizadas entre sus detractores y seguidores.
“La independencia judicial es fundamental para una democracia saludable y una economía robusta. Frente a esta avanzada, a todas las avanzadas debemos responder”, expresó la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, al referirse al caso salvadoreño.
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