Reabren causa para investigar accionar policial y violencia digital contra pareja gay en Buenos Aires
La Justicia decidió reabrir una investigación por hostigamiento digital a una pareja gay que había sido agredida físicamente en septiembre de 2020 en la Ciudad de Buenos Aires. También se investigará el accionar policial.
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Por Rosario Marina
Ilustración: Florencia Capella
La Justicia decidió reabrir una investigación por hostigamiento digital a una pareja gay que había sido agredida físicamente en septiembre de 2020 en la Ciudad de Buenos Aires. La novedad, además, es que se investigará el accionar policial el día del ataque. “Estoy muy contento, porque me siento menos víctima, menos ciudadano de segunda”, dijo a Presentes P., uno de los agredidos.
Pedro Paradiso Sotille, presidente de la Fundación Igualdad y director ejecutivo de la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex para América Latina y el Caribe (ILGALAC), consideró esta reapertura como “crucial, al menos para comenzar a ponerle fin a esta historia de impunidad, de silencio y de invisibilidad de la temática”.
Una cadena de violencias
El 30 de septiembre de 2020 P. y su novio Y. volvían a su casa después de tomar una cerveza, pararon en la esquina de Aráoz al 1900, en el barrio porteño de Palermo, y se besaron. Escucharon gritos y a los pocos segundos llegaron los golpes. Además de los golpes que recibieron esa noche, la pareja denunció dos hechos más: mensajes homoodiantes en las redes sociales y ataques en la puerta de su casa.
El 30 de marzo de este año, P. se enteró que la fiscal había dado por terminada la investigación. No encontraron a los agresores, las cámaras de seguridad de la calle no funcionaban. La investigación de esos hechos quedó archivada. Pero él decidió presentar un escrito ante la fiscalía de la Cámara Oeste de CABA.
“Me presento a efectos de ejercer mi derecho a ser oído y manifestar mi disconformidad con los resultados de la investigación toda vez que es mi intención no convalidar la cadena de violencias que atravesamos con mi pareja a raíz de besarnos en la vía pública, hechos los cuales han quedado impunes”. Entre lo sufrido, enumeraba la violencia física, pero también la violencia institucional de la policía y la violencia recibida en las redes sociales.
Investigar a la policía
Días después a la presentación judical, el fiscal de Cámara, Sergio Martín Lapadu, respondió: “Habré de reabrir la investigación para que ante la instancia de mérito se adopte temperamento sobre la posible comisión de delitos de acción pública en el accionar desplegado por el personal policial actuante (…) tanto el día del hecho y en ocasión de encontrarse en el lugar de su comisión (30 de septiembre de 2020 a las 22:00 horas aproximadamente, en la calle Aráoz altura 1900 de esta Ciudad) así como su actuación en sede policial”.
En su declaración, P. había dicho que el día del ataque recibieron “la negativa de 2 oficiales policiales de aprender e identificar a los agresores que se encontraban acechándonos en la zona, luego del ataque. Bajo pretexto de que debíamos identificarlos -ante lo que respondimos que los acompañábamos y los idenficábamos – ante lo que alegaron que debíamos primero hacer la denuncia en la Comisaría”.
Después, cuando fueron a la comisaría 14 A de la Policía de la Ciudad P. dijo que se le negó atención médica inmediata a su pareja, y que, al momento de radicar la denuncia, tuvo que pedir varias veces la corrección del acta, porque se cambiaba constantemente “la perspectiva de nuestro relato y la omisión del motivo real del ataque de odio y el hecho de ser una pareja de hombres gays- lo cual tuvo que ser repetido, explicado y reforzado en múltiples oportunidades para que el oficial lo comprenda y lo deje registrado-. Constituyendo un obstáculo a la realización de nuestra denuncia”.
El fiscal de Cámara también pidió a la Fiscalía PCyF Nº 22, a cargo de Paola de Minicis, quien había decidido archivar todos los puntos de la causa, que emita un oficio a la Oficina de Transparencia y Control Externo de la Policía de la Ciudad, órgano desconcentrado del Ministerio de Justicia y Seguridad de la CABA, para “anoticiar sobre las conductas que serán investigadas y a los efectos que estimen pertinentes”.
Pedidos a Facebook para identificar a los agresores digitales
La causa archivada no era sólo sobre el ataque de esa noche, también se investigaba el hostigamiento digital que sufrieron P. y Y. tras la difusión de la noticia en los medios. Algunos de los mensajes que recibieron decían: “aguante el VIH”, “bien cagados a palos quedaron”, “sidosos”, “ya los van a agarrar de vuelta y no la cuentan”, “las minorías se adaptan a la mayorías, no al revés! y si no lo entendes por la buenas, lo vas a tener que entender por las malas!”, “lo bueno es que sabemos por donde vivís, es cuestión de irte a buscar!”.
Sobre este punto también se expresó el fiscal de Cámara: pidió que se vuelva a solicitar a la firma “Facebook Inc” datos sobre dos usuarios de Instagram que escribieron esos comentarios. Los datos que pidió son del Registro de Información Transaccional, del Registro de direcciones de IP utilizadas tanto para la creación como para el acceso hasta el hoy, con indicación de las fechas y horas pertinentes, información registrada de los usuarios e información sobre eventuales cambios de contraseña.
El fiscal también pidió que se actúe sobre un perfil nombrado como Matías, “para lo cual deberá elaborarse un plan de tareas con los operadores informáticos, para establecer de qué modo el campo de la tecnología podría ayudar para dar con la correcta identificación”.
“Me parece importante que la Justicia tenga que agotar todas las instancias de investigación y que el Estado tenga que hacer tantas declaraciones y reforzar tanto los derechos LGBT”, dijo P a Presentes.
¿Un cambio de paradigma en la Justicia?
Días antes de esta reapertura, la Justicia absolvió a Mariana Gómez de los cargos de lesiones leves y desacato a la autoridad, por los que fue condenada en 2019. El fallo reconoce la discriminación lesbofóbica de la Policía y del Poder Judicial. En ambos casos se pone foco en el accionar policial en relación a personas del colectivo LGBTIQ+.
“Son dos casos independientes que muestran un cambio de postura, de paradigma, que viene a reafirmarse dentro de un cambio institucional y social”, explicó Sottile a Presentes. Aunque no lo ve como una cuestión generalizada en la Justicia porteña y considera que todavía falta mucho, cree que son grandes logros de una Justicia “que empieza a resquebrajar su patriarcado, su homolesbotransfobia y su mirada machista, patriarcal y sistemática”.
Para P., este cambio que está tomando la Justicia es fruto de las luchas y de la presión social. Sotille coincide en la importancia de las organizaciones, y explica que aunque sea a través de las segundas o últimas instancias de revisión, es importante que se comience a romper ese paradigma de odio, de discriminación, de estigma y de complicidad.
Por todo esto, enfatiza en la necesidad de una reforma judicial feminista, diversa y transversal. Y concluye: “Estamos en ese camino bisagra”.
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