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Migración y VIH: desafíos para vencer las barreras
Los retrocesos económicos y políticos dificultan el acceso a la salud pública de la población migrante VIH positivo. La respuesta de los activismos.
CIUDAD DE MÉXICO, México. “En muchos países el acceso (a servicios de salud, prevención y tratamiento del VIH) de las compañeras (trans) es imposible por su situación migratoria, y eso aumenta la brecha a la salud”. Quien habla es Bianca Vidal, fundadora de la Red Latinoamericana-Caribe de Mujeres Trans en el podcast de ONUSida “Diálogos Latinoamericanos: interseccionalidad en la respuesta al VIH”. La red es una organización dedicada a defender los derechos humanos de mujeres trans, trabajadoras sexuales y personas trans en situación de movilidad humana y migración en América Latina y el Caribe, durante
Lo que dice Vidal es una síntesis de la época. Según el programa de (ONUSida), se estima que en la región entre 30 mil y 40 mil personas en tránsito viven con VIH. La crisis social y económica sin precedentes que se vive en el continente ha generado el mayor flujo de personas refugiadas y migrantes en la historia. Además del estatus migratorio, afrontan altos niveles de estigma, xenofobia y racismo, y un acceso limitado a la salud.
“Nos ha tocado recibir a compañeras que vienen con un diagnóstico, un mes de tratamiento antirretroviral y cuando se termina hay que prácticamente obligar a las autoridades de salud a que nos apoyen», continúa Vidal. «Y lo que ocurre muchas veces es que por no tener un documento de identificación no pueden acceder tan fácilmente. A veces se pierde la adherencia porque estamos hablando de un mes, mes y medio de espera del tratamiento”.
Lo que falta
La burocracia, en especial la exigencia de documentos de identidad en los sistemas de salud de los países de acogida, actúa como una herramienta de exclusión que impide el acceso a terapias antirretrovirales y controles de supresión viral.
Los activistas consultados para esta nota coinciden: el impacto del VIH en personas que están en movilidad suele agravarse por maltrato institucional, abandono de las familias y falta de apoyo durante el tránsito, debilitando la salud. Pero advierten, “la respuesta al VIH está debilitada para toda la población. No es exclusiva de la población migrante”.
En la región se siguen registrando muertes por infección avanzada en sistemas de salud que están debilitados. Existen barreras para acceder a la atención integral y sostenible. Hay ausencia de modelos de prevención y faltantes medicación. Todo esto contribuye a que no se detecte el virus a tiempo.
Retrocesos en la región
Países como Costa Rica y Argentina, que históricamente lideraron la agenda de derechos LGBT+, muestran signos de regresión en políticas públicas. En Costa Rica, la salida del grupo de trabajo LGBT de la OEA y el freno a protocolos de sexualidad en escuelas evidencian este retroceso. A pesar de existir leyes protectoras, persiste la falta de reglamentación de éstas y un ambiente de discriminación. Por ejemplo, aún falta una ley de identidad de género, y las restricciones que viven las personas con VIH a pesar de una ley, no les ampara completamente.
En Argentina el Frente Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis registró una reducción del 76% en los fondos asignados al VIH, hepatitis, tuberculosis e ITS. El gobierno nacional transfirió la responsabilidad de compra de antirretrovirales a las provincias sin propiciar los recursos ni la logística necesaria, provocando faltantes de medicación.
“El gobierno de Milei ha reducido el presupuesto en salud específicamente a todo lo que tiene que ver con prevención y tratamiento de VIH. Hay cero campañas de prevención, y cero campañas de tratamiento. Y ha empezado a haber faltantes. Antes quien proveía la medicación era el gobierno nacional a los distintos distritos, ahora la provisión pasó a ser una responsabilidad de cada distrito. A veces los distritos se enfrentan a que no los tenían contemplados en sus partidas presupuestarias o que no tenían la logística de cómo comprar; entonces se quedan sin la medicación”, explica Mariano Ruiz director ejecutivo de Derechos Humanos y Diversidad.
Y agrega: “las personas refugiadas que recibimos son en su mayoría personas rusas o de países que pertenecieron al bloque soviético. La principal razón que llegan a nosotros es porque se quedaron sin medicación para VIH. Les ayudamos orientándolas antes de llegar al país porque están planificando su salida de Rusia donde su vida ahí es insostenible. Les pedimos que conozcan su estatus serológico y que inicien tratamiento en el caso de que sea positivo. Para estas personas refugiadas el mayor desafío en el acceso a la salud es la barrera del idioma”, aclara.
Las barreras en el acceso a la salud
El desmantelamiento de los sistemas públicos afecta a la población migrante. El 27% de quienes buscan tratamiento llega en etapa avanzada de VIH. A su vez, quienes se encuentran en situación irregular tienen un 70% menos de probabilidades de lograr la supresión viral, de acuerdo a información de ONUSIDA.
En México, la transición al modelo IMSS-Bienestar (un programa para brindar atención médica gratuita a personas que no cuentan con seguridad social) ha generado barreras administrativas que vulneran el derecho a la vida tanto de personas migrantes como de desplazados internos. La exigencia de la CURP (un documento de identificación) es el principal obstáculo para acceder a medicamentos en los CAPASITS (Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual, son unidades de salud gratuitas y especializadas en México).
Brigitte Baltazar Lujano, coordinadora del programa para la comunidad LGBTQ+ de la organización Al Otro Lado en Tijuana, señala la gravedad de estas omisiones.
“No solamente la población migrante externa está sufriendo estos estragos. También la comunidad migrante de manera involuntaria, desplazados internos, son afectados. Recientemente ha habido muchos cambios en la manera de cómo el gobierno maneja los temas de salud. Es más complicado para las personas desplazadas internas, acceder a su medicamento para el VIH. Para las personas que son de otros países, es el doble de complicado acceder a estos medicamentos. Es una falta de atención gravísima de nuestro país en este sector. Se está vulnerando el derecho a acceder al medicamento o a cualquier tipo de necesidad médica que pueda tener cualquier ser humano”.
No se garantiza PrEP a las poblaciones migrantes
La Profilaxis Pre-Exposición (PrEP) es una herramienta de prevención vital para las poblaciones migrantes. Sin embargo, el acceso a ésta y a la Profilaxis Posexposición (PEP) de emergencia está limitado por barreras burocráticas y discriminación.
En Tijuana el acceso para migrantes es prácticamente nulo debido a que el medicamento está estrictamente controlado por los Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención en SIDA e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y se exige documento de identificación para brindar estos medicamentos, explica Brigitte Baltazar. Esta misma situación de exigencia de documento sucede en Costa Rica.
“Si una persona migrante llega tras ser abusada sexualmente, la respuesta del sistema de salud suele ser ‘espérate 3 meses, hazte una prueba y si sales reactivo, pues empezamos medicamento antirretroviral’. Esto se suma a toda la burocracia para iniciar tratamiento. O sea, no existe disponibilidad de PEP de emergencia para personas sin documentos y eso las deja en un riesgo absoluto”, explica Brigitte.
En Argentina pasa de manera similar, para las personas solicitantes de refugio que para las personas argentinas que buscan estos medicamentos de emergencia. “Las trabas a las que se enfrentan las personas solicitantes de refugio es la barrera idiomática. Luego todos los mismos desafíos que tienen las personas argentinas, la falta de medicación, a veces la negativa del personal de salud porque tratan de cuidar los recursos y queda a decisión del médico si considera que la persona que lo busca tiene prácticas de riesgo, cuando de acuerdo a la legislación PrEP es una estrategia de prevención a mera solicitud de la persona”, explica Mariano Ruiz.
Falta de financiamiento y políticas antimigrantes
La región enfrenta también los recortes de la cooperación internacional. La retirada de fondos de USAID, el Fondo Global y el cierre de oficinas de ONUSIDA han dejado a las organizaciones de la sociedad civil que trabajan temas de de VIH, migración, derechos de personas LGBT+ y otros sectores en una situación de extrema precariedad.
“Me parece tan inconsciente y también muy perverso que estos recortes estén eliminando los programas cuando sabemos que sí dieron resultados y que sí salvaron vidas. Esto sigue siendo alarmante y preocupante”, comenta Dennis Castillo, director ejecutivo del Instituto sobre Migración y Refugio LGBT para Centroamérica (IRCA Casabierta), una organización con sede en San José, Costa Rica.
Al vacío financiero se suman los discursos y políticas antimigrantes. Mario Campos explica que las personas migrantes que viven con VIH en los Estados Unidos, tienen miedo a ser deportados al momento de buscar servicios de salud y esa es razón suficiente para no buscar la atención médica.
En el día a día, el estigma se manifiesta también en el maltrato del personal administrativo y de seguridad en los hospitales, incluso antes de ser atendidas. “Desde el momento que llegan al hospital personas migrantes, es el guardia de seguridad el que pregunta a qué departamento va o su situación médica. Desde ya las personas se sienten incómodas, vulnerables. Una vez una persona me comentó que el guardia le dijo ‘por eso se deben de cuidar, por eso no deben de andar teniendo sexo a lo loco’. El estigma y la discriminación que sufren las personas migrantes es grave si le sumas vivir con VIH es gravísimo”, cuenta Brigitte Baltazar desde Tijuana.
La respuesta comunitaria en México, Costa Rica, Argentina y Estados Unidos
Ante el abandono de los Estados, las organizaciones de base y activistas independientes han asumido la responsabilidad de garantizar servicios que los gobiernos omiten, tales como campañas de prevención, pruebas de detección y suministro de medicación.
En México la organización Al Otro Lado combate la exclusión provocada por la exigencia de la CURP mediante el acompañamiento legal y la presencia física en hospitales para que las personas migrantes y desplazadas internas que viven con VIH accedan a servicios y no se les discrimine. También gestionan registros en línea, proveen transporte y han establecido alianzas con la AHF Healthcare Foundation para conseguir dosis de emergencia cuando el Estado las niega.
“El Estado mexicano debe dar lo que por derecho les corresponde, que es el acceso a la salud a todas las personas. Es una deuda histórica que tiene el gobierno con la población migrante de poderles recibir y darles los servicios que por ley les corresponde”, reitera Brigitte Baltazar.
En Costa Rica, IRCA Casabierta ofrece un abordaje integral que incluye asistencia legal, psicológica, un banco de alimentos y un laboratorio de computación para la regularización digital de personas migrantes. Y ante el recorte de fondos internacionales, la organización gestiona recursos estatales para comprar insumos de prevención que el sistema de salud no garantiza a personas no aseguradas. Dennis Castillo, director ejecutivo de IRCA Casabierta, denuncia que el Estado costarricense ha abandonado la prevención, delegando esta tarea a la sociedad civil.
En Argentina la organización Derechos Humanos y Diversidad gestiona un centro de integración para personas refugiadas LGBTQ+ que provienen en su gran mayoría de Rusia, Bielorrusia y Georgia. Ante la falta de apoyo estatal para superar barreras administrativas e idiomáticas, utilizan «intérpretes sociales», brindado por antiguos beneficiarios que hablan el idioma para acompañar a los pacientes a sus citas médicas.
El activista Mario Campos conecta a personas en movilidad con clínicas gratuitas en México, Estados Unidos, Canadá y España. Su labor se centra en combatir el vacío de conocimiento provocado por la falta de educación sexual integral sobre todo de personas migrantes que vienen de países centroamericanos, principalmente Guatemala, El Salvador y Honduras. Mario considera que la desinformación y falta de ESI es una barrera crítica que aumenta la vulnerabilidad de quienes viven con VIH
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