Persecución a pueblo mapuche: domiciliaria a Victoria Nuñez y comunidades niegan ser parte de la RAM
Continúa la persecución judicial y mediática a las comunidades mapuche en Argentina. Tras presentar prueblas, se dictó prisión domiciliaria a Victoria Núñez Fernández, detenida en un allanamiento del lof Pillán Mawiza.
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Luego de que el juez, Jorge Criado, ordenara a pedido del Ministerio Público Fiscal de Chubut, la prisión preventiva para Victoria Núñez Fernández – detenida en el allanamiento al lof Pillan Mawiza – se le otorgó la prisión domiciliaria.
La defensa pública, a cargo de Valeria Ponce, presentó evidencias técnicas de georreferenciación que demuestran que la noche del incendio el vehículo de Victoria se encontraba en Corcovado, a unos 80 km del lugar. del incendio en la Estancia Amancay. Ante la contundente presentación y la detallada declaración de Victoria sobre su vida en la lof Pillan Mawiza y sus actividades cotidianas, el juez Jorge Criado le concedió el arresto domiciliario por 60 días.
En este contexto, integrantes de las comunidades allanadas negaron ser parte de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), que recientemente fue declarada como organización terrorista por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
La orden se produjo el viernes 14, a menos de 48 horas de la conferencia oficial dada en Esquel por el Gobernador de Chubut, Ignacio Torres; junto al intendente Matías Taccetta; el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz; procurador general del Chubut, Jorge Miquelarena; la Fiscal General de Esquel, María Bottini; y el fiscal Ismael Cerdá, entre otros.
Campaña de difamación
Allí, Torres acusó a referentes e integrantes de las comunidades mapuche tehuelche “de delincuentes, chantas, truchos” y “responsables de los incendios». El powerpoint presentado por el gobernador y los fiscales no se diferencia mucho del informe de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) elaborado bajo la gestión de Patricia Bullrich en 2017.
Por su parte, la ministra de Seguridad nacional también se encargó de difundir las acusaciones en redes sociales, Desde la Red de acompañamiento a los Pueblos Indígenas (RAPI), manifestaron el repudio ante las acciones desplegadas por el Gobierno Nacional a partir de los incendios en la patagonia. “Nos preocupa la conducta y expresiones de la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien, con acusaciones infundadas, alimentando la estigmatización de los pueblos indígenas que buscan reivindicar sus derechos territoriales, con sus declaraciones públicas tendenciosas, propugna e impulsa operativos desproporcionados contra la población local y en especial contra las comunidades mapuches tehuelches” De esto último, señalaron que dan cuenta los violentos allanamientos en Chubut, “incitados por la difusión mediática, los discursos de odio y las últimas resoluciones y decretos que el gobierno nacional ha dictado en detrimento de los derechos reconocidos y adquiridos por los pueblos indígenas.”
Moira Millan, de Lof Pillan Mawiza, fue señalada por el gobernador como “la autoproclamada líder de la resistencia mapuche tehuelche” y la relaciona con amenazas y responsabilidad en los incendios en la región. Ante las acusaciones, el lunes pasado Millán se presentó, junto a su hermano Mauro e integrantes de la Comunidad Nahuelpan, en la fiscalía y defensoría de Esquel. Allí pudo corroborar que al momento, no pesaba ninguna causa ni orden de detención sobre ellos. Minutos después, anunció en una conferencia de prensa que denunciaría a Ignacio Torres por calumnias, injurias y dichos racistas.
Sin libertad
Victoria sigue privada de su libertad. A su vez, en Río Negro, Nicolas Heredia, un trabajador que se encontraba de vacaciones en El Bolsón y que se unió a las brigadas de voluntarios para combatir el fuego, se encuentra privado de su libertad preventivamente por 30 días, acusado de iniciar incendio en la zona de Mallín Ahogado. “Me detuvieron y me tiraron una botella con nafta que supuestamente yo llevaba, que nunca toqué, ni nada. En mi mochila solo tenía comida, nada más que comida”, explicó ante el juez Ricardo Calcagno, quien a pesar de reconocer contradicciones en las declaraciones de los testigos que acusan a Heredia, ordenó la prisión preventiva.
Las comunidades denuncian que existe un entramado más allá de las causas particulares, y que se apunta a desarticular la solidaridad entre las comunidades indígenas y las organizaciones espontáneas ante el avance del fuego, la desidia del Estado y los intereses económicos sobre sus territorios.
Irene Quilaqueo, miembro de la comunidad mapuche tehuelche Nahuelpan, manifestó en una conferencia de prensa frente al juzgado de Esquel: “Acá lo que están criminalizando es la solidaridad. Así como hoy estamos acá, todas las comunidades reunidas por los allanamientos, también vamos a estar en trawun reunidos para ver qué hacemos como pueblo. Cómo nos unimos, cómo trabajamos, cómo se sigue en la lucha. Nos van a ver a todos juntos, y es por la solidaridad que tenemos como pueblo que nos criminalizan”
En ambas provincias, ante la falta de respuestas del Estado a los incendios, la precarización de los trabajadores y el desfinanciamiento de los dispositivos de manejo del fuego, el modus operandi de repite: Mediáticamente se crean escenarios -sin tener pruebas- propicios a los discursos de odio de gobernadores y funcionarios provinciales y nacionales; luego el poder judicial aporta su cuota al show mediático.
La RAM en el registro de organizaciones terroristas
Fiinalmente la Ministra de Seguridad Nacional, Patricia Bullrich, incorporó a la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM) en el Registro Público de Personas y Entidades Vinculadas a Actos de Terrorismo y su Financiamiento (RePET).
El informe técnico jurídico que fundamenta la resolución destaca que la Resistencia Ancestral Mapuche RAM, asociada con la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), representa una amenaza para la seguridad nacional. En la resolución, se señala al lonko mapuche Facundo Jones Huala, como líder de la organización.
Entre otros argumentos, se afirma que “desde el 2010 hasta el presente, cuando los incendios intencionales reivindicados por los líderes de la RAM arrasan los milenarios bosques patagónicos, se han producido cientos de hechos con características terroristas”.
Sin embargo, hace pocas semanas Jones Huala hizo declaraciones desvinculándose de los incendios forestales: «Jamás hemos atacado nuestro entorno ni a las personas, dicen que andamos prendiendo fuego los bosques donde vive nuestra gente. Todas mentiras. Jamás lo hemos hecho, ni lo haríamos porque no tiene sentido perjudicarnos a nosotros mismos, jamás atacaríamos al pueblo pobre». No obstante, reivindicó “los atentados incendiarios y los sabotajes a la infraestructura del sistema capitalista”.
La realidad de las comunidades
Aunque los gobiernos nacional y provincial insisten en responsabilizarlos por los incendios forestales, muchas de las comunidades mapuche, incluidas las que sufrieron los allanamientos la semana pasada, sufrieron el paso del fuego sobre sus territorios.
En un comunicado público reciente, la familia Cañio expresó: “Durante 2021 nuestra lof se vio afectada por el incendio que llegó desde Las Golondrinas por el cordón montañoso del Piltriquitrón, estuvimos un mes luchando contra el fuego a nuestras espaldas, hoy nos vemos involucrados en acusaciones falsas que se caen a la vista de las pruebas y circunstancias Ojalá que el racismo no nuble el juicio a quienes tienen el poder de decidir y a la sociedad en general.”
Además, aclararon que la Lof Cañio, no está en ningún tipo de organización. “Desconocemos por completo lo que llaman RAM y no tenemos nada que ver con quién dice ser su «líder». Sabemos que esto está armando por el mismo gobierno para criminalizarnos, encarcelarnos y quedarse con las tierras”
En este sentido, recordaron que habitan el territorio desde hace más de seis generaciones y, que a lo largo de toda la vida de Virginio y Gladys, dos adultos mayores de la comunidad, nunca habían sido “violentados e involucrados en una persecución absurda e injusta.”
También la comunidad Lof Catriman Colihueque, situada cerca de la Laguna El Martillo y adyacente al Parque Nacional Los Alerces, sufrió los intensos incendios forestales en febrero de 2008, que arrasaron la zona, causando estragos irreparables.
El fuego no sólo redujo a cenizas la vivienda de la comunidad, además todas las ovejas y la mitad del ganado vacuno de la lof murieron a raíz de las llamas.
En 2023, el fuego una vez más pasó cerca de la comunidad. Esa vez, integrantes de las comunidades ahora criminalizadas, asistieron, cuidaron e hicieron cortafuegos para proteger a la anciana Isabel, a su sobrino, Gregorio y al territorio.
Por otro lado, Irene Quilaqueo contó ante los medios de Esquel que su hermano se encuentra internado por las graves quemaduras que sufrió al tratar de apagar un fuego que accidentalmente se le descontroló en su propia comunidad. “Siguen diciendo que somos parte de la RAM, nos vinculan con algo que nosotros no entendemos por qué, ni que es. ¿Por qué tanto odio para nuestro Pueblo? “, se pregunta la hija del lonko de la histórica comunidad.
Al momento de cerrar esta nota, las llamas arrasan con los bosques cercanos a la Comunidad Nahuelpan. «Pedimos por favor que hagan guillatun para pedir lluvia, que calme el viento y que el fuego no siga afectando nuestro Nawelpangui», solicitaron en redes sociales.
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