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Activista trans, sobreviviente y migrante: están por desalojarla y aunque tiene trabajo no logra acceder a un techo
Jem Rodríguez Lozano es una activista trans, migrante y sobreviviente. A los 12 años se fue de su casa en Guayaquil. Es una de las fundadoras de la primera organización trans en Ecuador. En la juventud debió exiliarse en Madrid (España). Finalmente siguió con su militancia en Buenos Aires. A punto de ser desalojada, necesita ayuda urgente para acceder a un techo y resolver el problema habitacional, que impacta de manera aun más drástica en colectivos travestis y trans.
BUENOS AIRES, Argentina. Jem Rodríguez Lozano es una activista trans histórica, una migrante y una sobreviviente, porque a los 54 años pasó la expectativa de vida de su colectivo, que ronda los 40. Nació en Guayaquil (Ecuador) donde militó fuerte por los derechos de las personas trans. Debió exiliarse en España y finalmente se vino a la Argentina para vivir su identidad de género en libertad. Vive hace más de 10 años en un departamento de dos ambientes en un piso 23 del barrio de Once (Ciudad de Buenos Aires). Llegó a albergar a ocho compañeras travestis y trans sin techo. También ahí recibió mercadería de parte del gobierno nacional durante la pandemia de Covid-19 para repartir a conocidas del barrio. Pero ahora Jem está a punto de ser desalojada, en medio de una crisis económica y habitacional que impacta especialmente en las personas LGBTIQ+.
Como le pasa a muchas personas, tiene un trabajo pero su salario está lejos de cubrir un alquiler. Y en su caso se suma además otro factor. “No nos quieren alquilar por ser trans. Al principio, mientras no se dan cuenta, te dicen todo que sí. Después, cuando lo notan, empiezan a poner excusas. Quiero poder tener la posibilidad de alquilar y no la tengo acá, ni con la plata”, comenta.
En el departamento ya no quedan sillas ni muebles. Solo un colchón en el suelo y una valija armada para cuando llegue el momento. Jem firmó y renovó el contrato de alquiler varias veces con el dueño del inmueble, con quien tuvo una buena relación hasta que falleció. Luego, la propiedad quedó en manos de la familia. Con ellos firmó una prórroga en 2022 por dos años y luego no quisieron seguir alquilándole el departamento. Desde marzo de este año, los propietarios iniciaron un juicio en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en la Civil N° 40 para el desalojo.
«Me afecta porque es un lugar donde pasé gran parte de mi vida. Han transitado muchas chicas por acá. Ahora me sueltan la mano las autoridades cuando soy yo la que hizo el trabajo de ellos, del Estado», dice Jem.
Del activismo en Ecuador al exilio en España
Jem nació el 23 de septiembre de 1970 en Guayaquil, Ecuador. A los 12 años se fue de su casa, como muchas personas de la diversidad sexual. Fue una de las fundadoras en 1997 de Coccinelle, la primera organización de personas trans de ese país. La homosexualidad estaba penada por el primer inciso del artículo 516 del Código Penal, que castigaba las relaciones sexuales entre personas del mismo sexcon cuatro a ocho años de reclusión. La organización fue clave para lograr la despenalización, el 25 de noviembre de ese año.
También lideró la Fundación Ecuatoriana de Minorías Sexuales (FEMIS), desde donde llevó adelante denuncias contra agentes de la policía de Ecuador en un informe sobre torturas y malos tratos a personas LGBTIQ+ y otro sobre la impunidad en los abusos a este colectivo, ambos de Amnistía Internacional publicados en 2001 y 2002 respectivamente. Por su activismo, cuenta, fue amenazada de muerte por un agente de la Policía Nacional y debió exiliarse. Se fue a Madrid, España, donde también realizó trabajos de servicio a la comunidad y profundizó su trayectoria como militante por los derechos humanos. Finalmente migró a la Argentina y continuó con su activismo dentro de la organización OTRANS Argentina y hoy en INTI Travesti Trans.
Ser trans, trabajar y alquilar
Jem trabaja como administrativa en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI). Ingresó en junio de 2023 a través de la Ley de Promoción del Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins” -conocida como Ley de Cupo Laboral Trans-. Allí cobra un sueldo de poco más de 600 mil pesos. Pero no logra cubrir los gastos de transporte, comida, tarifas de luz y de gas y todo lo que necesita para vivir, como una vivienda.
Según datos de noviembre del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC), una persona adulta sola necesita 324.099 pesos mensuales para no ser pobre. Sin embargo, esta estadística no tiene en cuenta los precios de alquiler ni de expensas. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires, la emergencia habitacional de las personas trans es tan grave que en febrero la Justicia ordenó al Gobierno porteño presentar un programa y un relevamiento de la situación habitacional de la comunidad trans.
La realidad de Jem, que tiene un empleo registrado pero aún así no puede solventar los gastos que requiere vivir dignamente, es la de muchas personas en Argentina, y en especial las de colectivos travestis y trans. Vive en carne propia lo que relata el informe “Desimplementación y despidos del cupo laboral travesti trans no binarie” del Observatorio Sindical de Géneros y Relaciones Laborales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Publicado en noviembre, el reporte observa que el 57% de las personas que trabajan en el Estado y fueron encuestadas se encuentran por debajo de la línea de la pobreza. Además, el salario promedio en el sector público cayó 21.3% entre diciembre y abril de 2024.
A esto se suman las modalidades precarias de contratación, que en el caso de las personas que ingresaron por el cupo trans alcanzaba al 55%. Producto de esta inestabilidad y de las políticas de ajuste en el sector público del gobierno nacional, 150 trabajadorxs travestis, trans y no binaries (TTNB) del Estado fueron despedides este año. Esto representa el 1,3% de los 11.840 despidos registrados, a pesar de que las personas TTNB solo conforman el 0,17% de la planta.
En Balvanera, donde se encuentra Once, transitan diariamente vendedores ambulantes, cuentapropistas, trabajadoras sexuales, manteros, un amplio abanico de trabajadores de la economía popular. Jem patea esas cuadras todos los días al volver del INTI. Semanas atrás le cortaron la luz, entonces se va a lo de distintas amigas de la zona que le ofrecen un lugar para tomar mate o ver la tele, hasta que llega la hora de dormir y vuelve a su casa.
Durante esta entrevista saca del bolsillo de su cartera varias tarjetas de cartón. Se las dieron en los hoteles a los que consultó para alquilar una pieza. Del lado de atrás están los precios que anotó con lapicera: 400 mil pesos el mes, 1 millón doscientos mil para el ingreso, 65 mil diarios. El proceso para alquilar una habitación avanza normalmente hasta que de pronto aparecen las trabas.
El precio del alquiler es uno de los obstáculos habituales para colectivos travestis y trans, ya que que suele duplicar o hasta triplicar el que se le cobra a una persona cis (cuya identidad de género coincide con la asignada al nacer). Le piden 400 mil pesos por la habitación en un hotel, un monto similar al que le corresponde a un departamento de uno o dos ambientes en el mercado inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires.
También está el impacto del Decreto 70/2023 del actual gobierno que derogó la Ley de Alquileres. Según una encuesta realizada en septiembre de 2024 por la Federación de Inquilinos Nacional y Ni Una Menos, las condiciones para alquilar empeoraron a partir del DNU. “Los resultados (…) reflejan fuertes aumentos en el valor del alquiler, con plazos más reducidos, con actualizaciones mensuales o trimestrales y mecanismos de ajuste que no contemplan los aumentos de salario”, sintetiza el informe.
Una buena noticia: fallo sobre vivienda y LGBT
Un fallo muy reciente del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario N° 23, firmado por el juez Francisco Ferrer, reconoció la situación de vulnerabilidad habitacional en la que se encuentra el colectivo LGBTIQ+. Lo hizo en el marco de la causa en la que Sofía Castro Riglos, la sobreviviente del triple lesbicidio de Barracas. Ella exigió al gobierno porteño el acceso a una vivienda en condiciones dignas y el juez la avaló. Utilizó una batería de marco normativo del sistema internacional de derechos humanos.
“Las personas LGBT pueden ser víctimas de discriminación en el acceso a la vivienda como resultado de un trato injusto por parte de los propietarios públicos y privados. Entre otros problemas, las personas LGBT y las parejas homosexuales ven denegado un alquiler o sufran desalojos de viviendas públicas, o que sean víctimas de acoso por los vecinos y están obligadas a abandonar sus hogares”, dice ACNUR en el informe “Discriminación y violencia contra las personas por motivos de orientación sexual e identidad de género” (2023), citado en el fallo. Y continúa con otro argumento que también atravesó la vida de Jem: “Muchos adolescentes y adultos jóvenes que se identifican como LGBT son expulsados de sus hogares debido a la desaprobación de sus padres y acaban en la calle, lo que hace que la cantidad de personas sin hogar en este grupo sea desproporcionadamente alta”.
Ella tenía apenas 12 años cuando se fue de su casa. El momento en que pudo acceder al derecho a una vivienda digna fue apenas un paréntesis en su vida. Hoy a los 54 está a punto de ser desalojada y una vez más no sabe adónde ir. “Quiero bañarme, hacer mis cosas, descansar, estar con luz, ver un rato las noticias”, dice Jem. Un pedido elemental para cualquier persona.
Campaña: cómo ayudar a Jem
-Desde el Centro comunitario Trans Migrante x el mundo y amigxs de Jem llevan adelante una red de apañe y ayuda solidaria frente al inminente desalojo.
-Mientras la activista histórica continúa buscando un lugar donde poder vivir dignamente, se puede enviar un aporte económico a través del alias JEM2370.
-Quienes dispongan de un lugar o sepan cómo se puede ayudar a resolver esta situación, pueden escribirnos a agenciapresentes@gmail.com y le haremos llegar el mensaje a Jem.
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