11 de diciembre de 2024

Paula Alvarado Mamani

Agencia Presentes

Edición: Ana Fornaro

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En el Día Internacional de los Derechos Humanos nos levantamos con un decreto que pone aún más en riesgo a las comunidades indígenas y sus territorios. El decreto 1073 deroga una ley que declaraba hasta 2025 la emergencia territorial y obligaba al INAI a hacer relevamientos y suspender los desalojos. 

Este decreto contradice el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, en donde se reconoce la preexistencia étnica de los pueblos indígenas de Argentina y, a su vez, garantiza la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan. 

Notas de color son sus considerandos. Contradicen estándares internacionales de los derechos humanos en general y estándares alcanzados de los derechos humanos de los pueblos indígenas en particular. Estándares que tanto la Corte Interamericana (CIDH) o los distintos órganos de Naciones Unidas han emitido opinión sobre determinados derechos colectivos que tenemos los pueblos indígenas. Sus considerandos son provocadores, aluden caprichosamente a una vigencia de derechos que se encuentran garantizados y justamente es este derecho internacional que le ha dado vida.

Derecho de los “legítimos dueños”

Por un lado, desconoce los derechos territoriales, habla del derecho de la propiedad de los legítimos dueños, de los arrendatarios, de quienes tienen el dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias. En segundo lugar, estigmatiza a los pueblos indígenas, dicen que se encuentran en convivencia con grupos amparados bajo una normativa que avasallan los derechos de la ciudadanía y agravan las prerrogativas soberanas del Estado. 

En tercer lugar, desconoce el derecho a la autopercepción, a la autoinscripción y a la conformación de las comunidades. Interpreta maliciosamente que estas prórrogas a la ley 2660 permitieron la conformación de varias comunidades y que se inscriban como demandantes al reconocimiento del derecho territorial. Por otro lado, también menciona el derecho a la protesta e intenta y manifiesta que intenta generar una guerra interna entre nosotros, entre los propios pueblos indígenas. Demoniza a las comunidades y nos acusa de usurpar tierras y ejercer violencia, como si los pueblos indígenas fuéramos los que usurpamos nuestros territorios ancestrales y quienes ejercemos esa violencia. No habla claramente de que la verdadera violencia está ejercida por el poder, no solamente por el poder político, sino quienes llevan adelante esos desalojos en terreno, las fuerzas de seguridad. 

Argentina no cumple con la Justicia 

En marzo del 2020, Argentina fue condenada internacionalmente en el caso La Cajonada (comunidades salteñas) , en el cual se establece que entre las obligaciones estatales está la de otorgar título de propiedad justamente a la comunidad que demanda, que denuncia. Y a su vez regularizar toda su normativa interna para llevar adelante la delimitación, demarcación y entrega de título comunitario. Hace seis días, la Corte Interamericana volvió a manifestar que el Estado está incumpliendo con el fallo. Si bien el plazo de resolución de la causa es a seis años desde aquel momento del dictado de la sentencia, el Estado no ha advertido ningún avance en cuanto a esta situación. Para el colmo, hoy surge la derogación de este registro que la Corte decía que debería regular los procedimientos internos para adecuarlo a la entrega de título de propiedad comunitaria.

Culpar a las comunidades indígenas 

En los considerandos del decreto publicado ayer, se hace mención a los daños ambientales, habla de los incendios intencionales y reiterados en plantaciones forestales y bosques naturales. Estos daños ambientales que en realidad son generados por ellos, para sus negociados. Acaso nos preguntamos por qué no se queman sus campos, campos de Lewis o de Benetton, sino que siempre están involucradas las comunidades indígenas.

Lo más graves del decreto es que niega el genocidio indígena por parte del estado argentino. En el anteúltimo considerando dice que no se advierte la razón que justifique la continuidad de la emergencia, sino que más bien su prolongación implicaría la consolidación de la discriminación entre ciudadanos argentinos. Así desconoce completamente una desigualdad estructural, un genocidio fundacional del estado argentino y la discriminación generada por esta construcción estatal. Además invierte la carga de la prueba, culpándonos a nosotros, pueblos idnígenas por esta discriminación.  

No cabe dudas de que todo este decreto hace énfasis en lo que ellos mencionan como propiedad privada. El decreto firmado prácticamente por todo el gabinete de gobierno desconoce los cambios realizados en la constitución de 1994, la incorporación de los instrumentos internacionales que garantizan el principio de igualdad y no discriminación y que garantizan el principio de la diversidad cultural. 

La batalla cultural 

Publicar este decreto en el Día de los Derechos Humanos es por un lado una provocación y la promesa de campaña de dar una batalla cultural antiderechos. El gobierno reivindica al presidente Roca y su genocidio y se están borrando las políticas que visibilizaban la presencia indígena en argentina. Se borran nombres originarios de algunos lugares y se reivindica el colonialismo (como hizo el spot del 12 de octubre). 

En este primer año de gobierno también se prohibió hablar en los medios públicos  de cambio climático o emergencia climática y del rol defensor de la tierra de las comunidades indígenas.  Esto se le suma al cierre del INADI, las amenazas de desalojo por parte de Parques Nacionales en el sur a comunidades mapuche y la prohibición de izar la bandera whipala, todas medidas que no sólo violan la Constitución nacional hechas para ganar eso que los libertarios llaman “la batalla cultural”.