3 de diciembre de 2024

Geo GonzálezKatia Rejón

Milena PafundiArchivo Agencia Presentes

Edición: María Eugenia Ludueña

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La militarización ha sido un tema y una preocupación constante en la agenda pública de México desde 2007. Ese año, cuando se declaró “la guerra contra el narcotráfico”, comenzó una estrategia de seguridad fallida para combatir al crimen organizado, alentada por el expresidente Felipe Calderón. Los militares salieron de los cuarteles para tareas de seguridad pública, pero también otras como vigilar las fronteras, construir megaproyectos o repartir vacunas.

Las siguientes administraciones no cambiaron la estrategia de seguridad. En su discurso de asunción, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que “no existe la militarización en este país”. Sin embargo,  organismos como la ONU y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han mostrado preocupación ante el aumento del papel de las fuerzas armadas para tareas de seguridad pública en México y su relación en violaciones a los derechos humanos. 

“La presencia militar en las calles no ha traído la paz”

La presencia de militares en la vida cotidiana data de antes. Pero en los últimos tres sexenios -de 2007 a la fecha- la letalidad de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública aumentaron. También las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por violaciones a derechos humanos como tortura, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales ejercidas por el Ejército y la Guardia Nacional. Esta fuerza fue creada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, como parte de la estrategia de seguridad. En la investigación periodística Permiso para Matar  se reporta cómo las fuerzas armadas ejercen violaciones a los derechos humanos pero quedan impunes. 

“Los políticos que niegan y han negado que existe la militarización han sido de todos los colores (partidos políticos). No es de ahora. Hoy vemos a los soldados andar por las calles sin ningún tipo de entrenamiento adicional y distinto que para el que fueron formados. Eso ha tenido impacto en nuestra forma de andar la vida y trabajar. Históricamente la presencia militar en las calles no ha traído la paz, al contrario, aumentaron las violaciones a derechos humanos”, cuenta en entrevista Ximena con X, mujer trans no binaria y defensora de un territorio en la Sierra Madre Occidental en Culiacán, Sinaloa. Este estado al norte de México ha sido uno de los puntos con mayor violencia generalizada en el país por la presencia de las fuerzas armadas y grupos del narcotráfico.

Entonces: ¿de qué hablamos cuando hablamos de militarización en México? ¿Cómo afecta a la vida de las mujeres, personas LGBT y defensoras de los derechos humanos? 

Militarización y percepción social

A Alicia Franco, coordinadora de Análisis de Datos en Data Cívica (organización dedicada a los derechos humanos desde el análisis y construcción de datos), le cuesta pensar que no exista militarización en México. Propone hablar de percepción social. De por qué la presencia militar “está justificada”. De cómo se inserta como “la única solución a los problemas públicos, con poca evidencia y poca ponderación de cuáles son las alternativas”.

Alicia dice: “Llevamos una vida con la lógica militar en nuestro lenguaje. Existe un enemigo, un malo y un bueno, y hay que atacar. Hay que ganar el territorio de lo malo. Esa es la lógica de la violencia a muchos de nuestros problemas públicos, ver a ésta como la única solución”. Que a los militares se les vea con cariño no es una coincidencia, opina. Los militares, explica, invierten en la percepción social para “mantener una lógica de identidad de nación.  Es algo heredado, aprendido y vinculado a nuestra idea de nación, de la revolución. Y se alimenta esto constantemente”. 

Para ella, esta percepción positiva sobre los militares legitima que la lógica de guerra sea la lógica de las soluciones a los problemas del país. Pero además, las fuerzas armadas realizan tareas de la vida pública sin rendir cuentas ni brindar información sobre su participación y decisiones porque es una institución opaca. Y eso, desde la perspectiva de Data Cívica, pone en riesgo la democracia. 

Cómo impacta la militarización en mujeres y personas LGBT

La presencia de las fuerzas armadas a nivel geográfico ha aumentado año a año desde el 2007, sobre todo a nivel municipal. Así lo analiza esta investigación de la organización México Evalúa. ¿Cómo esta presencia impacta en la vida de las mujeres y personas LGBT?

“Desde el disparo de la violencia con la guerra contra el narco se observa un aumento de la violencia armada y violencia en la calle, donde las mujeres se ven muy afectadas. Los niveles de violencia contra las mujeres y hombres no disminuye. De hecho aumentan a corto plazo. A largo plazo, afecta más a mujeres que a hombres. Las mujeres además en el abuso de la fuerza de los militares viven sobre todo violencia sexual y esta violencia se ejerce más por las fuerzas armadas que por las fuerzas civiles (policías)”, explica Alicia.

En cuanto al impacto en personas LGBT, dado la opacidad de las instituciones militares se desconocen datos duros que permitan conocer y entender cómo afecta a estas poblaciones. 

Pocos esfuerzos estadísticos recientes contemplan a las poblaciones de la diversidad sexual. Y en general, los datos de mortalidad o denuncia de violaciones a derechos humanos, como fichas de desaparición, no están desagregados por identidad de género y orientación sexual. Cuando sí existen esas casillas de información no siempre se completan, ya sea por decisión familiar o por omisión institucional en los formularios.

Sin embargo, un dato relevante analizado por la organización Intersecta en la investigación Violencia de género con armas de fuego en México encontró que 5 de cada 10 casos de muertes violentas de mujeres trans fueron con armas de fuego como parte de la violencia armada relacionada a la guerra contra el narcotráfico. Donde las fuerzas de seguridad y organizaciones criminales se disputan el territorio y mujeres trans están siendo asesinadas en estos contextos, no solo por violencias por prejuicios. 

“Como población trans yo la neta (la verdad) no veo cómo abordar hablar de la militarización y hacer incidencia por el temor que me genera. Creo que como población trans no podemos quedarnos indiferentes a esto que está ocurriendo es un primer paso, y es necesario porque habemos personas trans y de la diversidad que lo estamos viviendo”, comenta desde Culiacán, Ximena con X, mujer trans y defensora de derechos humanos. 

El temor que del que habla Ximena también lo viven otras activistas trans de otros territorios. En Presentes este miedo percibido lo venimos reportando desde 2023 sobre todo cuando hay casos de transfeminicidios en donde las víctimas que en su mayoría ejercían el trabajo sexual estaban laborando en contextos donde hay control y amenazas del narcotráfico y la policía, donde además se imposibilita el pedido de justicia.  

La paz tiene que venir de la comunidad

“La paz tiene que venir de la comunidad”, señala Wilma en entrevista con Presentes. “Entiendo que hay personas que creen que se construye por medio de la militarización pero no es así”, dice esta defensora del territorio maya Noj Kaaj Santa Cruz, hoy conocido como Felipe Carrillo Puerto en Quintana Roo. Wilma integra el Centro Comunitario U Kúuchil K Ch’i’ibalo’on y lleva años denunciando el racismo y el machismo en la militarización del país.

“Ahora, con la construcción de vías y megaproyectos, los militares se están asentando en el territorio. Es entonces cuando vimos el recrudecimiento, entra la Guardia Nacional, la Sedena (Secretaría de la Defensa Nacional) y Marina toman el control. Es cuando empezamos a escuchar que dicen que Carrillo Puerto es Zona Militar”, agrega Wilma. 

Sobre cómo entienden la seguridad en este territorio y sobre cómo cuidarse, Wilma dice que están forjando la seguridad por medio del diálogo con redes antimilitaristas, creando y manteniendo “el diálogo entre nosotres, y teniendo nichos de vida”. 

“Parece que es un monstruo enorme lo que está viniendo. Lo es. Pero no podemos pensar que no es posible hacer nada. Nosotros continuamos con otros colectivos y colectivas para construir y pensar, incluso en medio de la hostilidad. Compañeros en otros estados han llegado a tomar las armas para defenderse porque no les ha quedado de otra, porque han entrado con drones, con armas a asesinar. Nosotros no quisiéramos que eso pasara”, concluye Wilma.

La escena de terror que describe Wilma sucede y ha sucedido en otros territorios del país. En 2015 se registró cómo integrantes de un cártel del narcotráfico derribaron un helicóptero del ejército mexicano en Michoacán. Otra práctica es el uso de drones. El medio Connectas documentó esto y cómo ha provocado el desplazamiento forzado de comunidades en Guerrero. Según datos oficiales en los últimos cuatro años se han registrado más de 600 ataques con drones. Además en este reportaje de Wired, señalan que esos ataques “han generado decenas de víctimas mortales, heridos y el desplazamiento de comunidades enteras”.

El uso de la fuerza y tecnología también ha sido usada por el ejército y ha provocado asesinatos, heridos y ciudades paralizadas por el miedo. En 2017 en Tepic el Ejército sobrevoló una localidad y disparó 500 balas por segundo con una metralleta calibre .50 desde un helicóptero. Lo hizo para abatir a un líder de un cártel y esto derivó a su vez en violaciones graves a los derechos humanos por uso excesivo de la fuerza, como cateos a domicilios sin órdenes judiciales, detenciones, interrogatorios e intimidaciones por parte de elementos de la policía y las fuerzas armadas. 

Más desapariciones, asesinatos y feminicidios

En el municipio de Carrillo Puerto, cuenta Wilma, han aumentado en el último sexenio los asesinatos y desapariciones de mujeres y jóvenes. 

En 2023 el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registró 848 víctimas de feminicidio y 2 mil 591 homicidios dolosos. En total fueron 3,439 mujeres víctimas de feminicidios y homicidios dolosos. De éstos sólo el 25% se investiga como feminicidio.

De acuerdo a la investigación Las dos guerras elaborada por Intersecta, la militarización y los enfrentamientos con grupos del crimen organizado son elementos que contribuyen al aumento de mujeres asesinadas en el país. En el contexto de violencia generalizada, el arma más usada en estos crímenes es la de fuego.

Además, según datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) los homicidios dolosos y feminicidios contra infancias y juventudes han aumentado sexenio con sexenio. También el arma de fuego es la más utilizada en estos crímenes. 

Durante el sexenio de Andres Manuel López Obrador (2018-2024) en promedio hubo 8 niñas y jóvenes víctimas de feminicidio al mes y 14 víctimas de homicidio culposo; en el caso de niños y jóvenes el promedio al mes fue de 73 víctimas. El arma de fuego fue usada en el 61.2% de los feminicidios y homicidios culposos contra niñas y jóvenes. Para el caso de niños y jóvenes fue en el 73.7%.  Estos datos aumentaron en relación al sexenio antepasado (2012 a 2018).

“Militarizar para pacificar no funciona”

Wilma considera también que la militarización no empezó con la declaración de guerra contra el narco del expresidente Felipe Calderón. Pero se ha intensificado con los megaproyectos del gobierno federal como el Tren Maya o la Puerta Al mar. Los militares tienen el control de un sacbé, un camino hecho por los antiguos mayas, que hoy sirve a los empresarios para entrar y lucrar con la reserva.

Otro de los hechos más resonantes de militarización ha sido malnombrado por la prensa como “Culiacanazo”. Se suscitó el 17 de octubre de 2019 cuando el crimen organizado tomó el control de la ciudad de Culiacán, capital de Sinaloa, un estado al norte de México. De donde es la defensora del territorio, Ximena con X.

El control del crimen organizado incitó el repliegue de las fuerzas armadas como respuesta al intento fallido por capturar al hijo del narcotraficante Chapo Guzmán. 

La presencia militar y del narcotráfico paralizó la capital sinaloense. Las personas de a pie quedaron en medio del fuego cruzado provocando más víctimas de violaciones a derechos humanos. Pero esto no es reciente, señala Ximena. Son síntomas de una guerra declarada donde no paran los bloqueos, las detenciones arbitrarias, las desapariciones y ejecuciones en éste y otros territorios del país con ausencia de policías municipales y estatales. 

“No es solo la presencia notable de efectivos de las Fuerzas Armadas, es la permisividad del Estado mexicano y la impunidad para que suceda. Hablamos de la ocupación de los pueblos rurales de la sierra por los soldados, de cómo nos golpeaban, cómo mujeres fueron violadas, cómo gente fue torturada con la complicidad del Estado mexicano. Hablamos de la presencia del Ejército al ubicar plantíos de marihuana y destruirlos pero también de impartir justicia, de agarrar a alguien, desaparecerlo o molerlo a golpes”, explica la defensora del territorio Ximena con X.

La presencia militar reconfigura la cotidianidad de la ciudadanía, sus tiempos y actividades.

“¿En qué momento las fuerzas armadas y guardia nacional se hicieron parte del paisaje? ¿En qué momento hay tanques de guerra en las calles de la ciudad?, ¿En qué momento su presencia cambió las dinámicas sociales? La vida nocturna después de las siete es desconocida. Pero algo hacemos en comunidad porque también la vida tiene que abrirse espacio. Organizarse es peligroso en este contexto. Pero hablarlo, dar a conocer lo que hemos vivido y decir con todas las letras que militarizar para pacificar no funciona, es un primer paso”, finaliza Ximena.   

El 9 de septiembre de este año se repitió el pico de incremento de la violencia en Culiacán. Revista Espejo, un medio periodístico local, reportó que se han superado las 500 desapariciones forzadas, la mayoría de adolescentes y jóvenes, además de más de 420 homicidios dolosos. Asimismo los militares ejercen abuso de poder, en un video quedó registrado como gritan “mátalo, mátalo” a un hombre al que dispararon y detuvieron de manera arbitraria en esta ciudad.

En el primer mes de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum se registraron eventos en donde las fuerzas armadas participaron en ejecuciones extrajudiciales en donde al menos hubo 30 víctimas. En un hecho seis personas migrantes fueron asesinadas en Chiapas en donde la Sedena confirmó que “confundieron con delincuentes” y otro, dos civiles fueron asesinadas por el ejército y la Guardia Nacional, entre ellas una niña de 8 años. 

Tras esos primeros hechos Sheinbaum dijo en conferencia que “cuando las fuerzas armadas son agredidas dentro del marco de la ley ellos tienen el derecho a responder en defensa propia”. Y que continuarán la política de seguridad “con investigación y atendiendo a las causas”.