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Los asesinatos de mujeres trans son feminicidios, dice la Corte de México y la CNDH
La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) de México determinaron que las mujeres trans asesinadas deben ser consideradas víctimas de feminicidio y sus muertes investigadas bajo ese protocolo.
En México el crimen de transfeminicidio no forma parte de los códigos penales de los 32 estados del país, así como del federal. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió el 10 de marzo una recomendación al poder legislativo de todos los estados del país para considerar la identidad de género como un agravante del delito de feminicidio. Asimismo, el 29 de febrero la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que las mujeres trans asesinadas deben ser consideradas víctimas de feminicidio y que no exime a los congresos de su obligación de establecer medidas específicas para castigar el transfeminicidio.
Además, el Congreso de Nayarit votó a favor de crear la agravante de ‘transfeminicidio’ dentro del capítulo de feminicidio y tentativa de feminicidio de su código penal con una pena máxima de 60 años. Esto hace a Nayarit el primer estado del país que por medio de una reforma tipifica este delito. Sin embargo, aún no entra en vigor pues no ha sido publicado en el diario oficial del estado.
En México los transfeminicdios se mantienen impunes. Son muy pocos lo que se investigan bajo el protocolo de feminicidio, llegan a judicializarse y a tener una sentencia. Además tampoco se considera la agravante de crimen de odio por ‘preferencia sexual’, es así es nombrada la orientación sexual e identidad de género, en los 13 códigos penales que cuentan con esta figura en el capítulo de homicidio.
En los últimos años les activistas trans abogan porque las muertes violentas de mujeres trans sean investigadas como feminicidios, otros más buscan la figura penal para lograr castigo a quienes cometen estos crímenes y también hay quienes se preguntan si un tipo penal puede garantizar la justicia a las mujeres trans mexicanas cuando el Estado mexicano no garantiza los derechos humanos de manera integral y progresiva a esta población.
“Detrás de cada muerte violenta o no de una mujer trans hay una historia de negación de derechos”
En México el reconocimiento al derecho a la identidad de género de las personas trans no está garantizado. Aún falta que 10 de 32 estados de México garanticen este derecho por la vía administrativa para las personas trans adultas, y solo tres estados garantizan este derecho a menores de edad, pero solo Jalisco no discrimina por edad.
El derecho a la identidad es una puerta para acceder a otros como la salud, la educación, el trabajo, etc. Sin esta mínima garantía la calidad y expectativa de vida de las personas trans se ve vulnerada.
Rocío Suárez, directora del Centro de Apoyo a las Identidades Trans (CAIT), explica que es importante hablar sobre transfemincidios más allá de la lógica penal con el objetivo de “conocer y entender los contextos que son invisibilizados, porque detrás de cada muerte violenta o no, hay una historia de negación a derechos y esta negación a derechos tiene implicaciones en la calidad de vida de las personas trans”.
Y agrega, “sí hay una demanda imperiosa por lograr que estos hechos se castiguen pero mirar solo desde una mirada punitivista nos hace entrar en un espiral de caso-denuncia, caso-denuncia. Y no podemos abocarnos únicamente a eso. Es necesario considerar las causas estructurales, entender los contextos en que viven las mujeres trans que son asesinadas y exigir al Estado mecanismos como políticas públicas para reducir estas violencias. Necesitamos acciones que impacten en la calidad y expectativa de vida de las compañeras”.
La situación actual de violencia contra mujeres trans
En el primer trimestre de 2024, al menos 14 mujeres trans han sido asesinadas y 2 murieron en condiciones de precarización en la calle, de acuerdo a un conteo que realizan activistas trans.
Desde 2007 Rocío Suárez lleva un registro de transfeminicidios y transfeminicidios sociales en México y lamenta decir que lo que estamos presenciando corresponde al promedio de muertes violentas o no de mujeres trans en el país.
“Cuando se habla de tipificar el transfemincidio los activismos no debemos esperar que con eso entonces el Estado va a generar cifras para certificar nuestras muertes. Ese es el meollo que el Estado no está trabajando en generar acciones para que la violencia se reduzca, para que la expectativa de vida de las personas trans sea mejor”, agrega Suárez.
Prevalece la impunidad y prejuicios al investigar las muertes violentas de mujeres trans
El transfeminicidio en septiembre de 2016 de la trabajadora sexual Paola Buenrostro y la lucha por justicia que encabeza la activista, Kenya Cuevas, marcó un parteaguas a nivel mediático y de búsqueda de justicia sobre las muertes violentas de mujeres trans en México.Sin embargo, son pocos los casos de transfeminicidios con sentencias y donde se reconozca la identidad de género de la víctima.
Las activistas que acompañan son quienes se encargan de que eso no se borre y se investigue con perspectiva de género y derechos humanos, pues denuncian que las autoridades de justicia siguen sin aplicar el Protocolo Nacional de Actuación para el Personal de las Instancias de Procuración de Justicia del País,en casos que involucren la Orientación Sexual o la Identidad de Género, publicado en 2017 por la Procuraduría General de la República (PGR).
Aunado a ello, es importante considerar que en México la impunidad prevalece y crece, pues solo cuatro de cada 100 delitos son investigados, de acuerdo a una investigación de la organización México Evalúa.
En 2019 la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) emitió la recomendación 02/2019 en la que se da cuenta de las violencias sistemáticas que las mujeres trans víctimas, directas e indirectas, de transfeminicidios experimentan por parte de las instituciones y servidores públicos durante el proceso de acceso a la justicia.
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