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Ecuador: modelo neoliberal, terror narco y militarización
Juristas, académicxs y lideresas indígenas echan luz sobre el contexto social y económico de Ecuador y la violencia actual.
La escalada de violencia y militarización en Ecuador a raíz de la fuga de un líder de banda narcotraficante y la declaración de estado de sitio y de “conflicto armado interno” por parte del gobierno nacional tiene como principales perjudicades a personas vulnerables como mujeres, indígenas y personas racializadas. Así lo expresaron a Presentes activistas y abogados del país cuyo conflicto arrojó el saldo de 14 muertos hasta el momento y el despliegue de 22.400 militares.
El domingo pasado se tuvo conocimiento de la desaparición de José Adolfo Macías, conocido como “Fito”, cabeza de una de las principales bandas criminales del país, Los Choneros. Se encontraba encarcelado en la ciudad de Guayaquil, preso desde el 2011 con una condena de 34 años por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. También se dio a la fuga Fabricio Colón Pico, líder de Los Lobos.
Estado de sitio
Frente a esto, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró el estado de sitio durante dos meses “por grave conmoción interna”. Esta medida otorga mayores poderes a los militares, permitiéndoles ingresar a las prisiones y colaborar con la policía a nivel nacional, además de un toque de queda nacional entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana.
La respuesta fue una ola violencia. Entre los incidentes destacados estuvieron el ingreso de encapuchados al canal de televisión TC en Guayaquil, tiroteos cerca de la sede del Ejecutivo y un intento de toma de la Universidad de Guayaquil.
Finalmente, el Gobierno emitió el Decreto 111 en el que declaró el estado de “conflicto armado interno” con el despliegue de 22.400 militares. Los incidentes continuaron: motines en cárceles con retención de agentes penitenciarios, ataques explosivos en varias ciudades, incendios de automóviles y ataques a hospitales. Hasta el momento se registraron 14 muertes y 375 personas detenidas.
Ante estos hechos, las calles se encontraban prácticamente vacías en Ecuador, aunque hoy la actividad se reanudó tímidamente en las principales ciudades. Sin embargo, muchos comercios continúan cerrados y el transporte circula con menor frecuencia. Además, las clases en universidades y escuelas se dan principalmente de forma virtual.
Mujeres y personas racializadas, las más vulnerables
“Dejar de trabajar por la ola delictiva y de violencia significa privarse de lo básico, alimentos, medicamentos, educación. Está es la realidad que se replica en miles de compañeras quienes laboraban en condiciones de informalidad. Las instituciones públicas se están trasladando a la virtualidad, las universidades y la educación básica también. Eso genera despidos de quiénes no trabajan bajo contratos. Los Estados de Excepción cierran las puertas y abren una muy peligrosa el aumento de la violencia intrafamiliar y de género que, aunado al hambre que genera la precariedad, aumenta el riesgo hacia la vida de mujeres”, explicó a Presentes la dirigenta indígena Nayra Chalán.
Los factores que llevaron a la situación actual de Ecuador son múltiples. Entre ellos, las y los entrevistados destacaron el creciente empobrecimiento de la población, el modelo económico neoliberal y dolarizado del país. Esto se agravó con el aumento del tráfico de drogas y políticas estatales que no abordan la problemática de manera integral sino solo de forma punitivista y la corrupción.
Vestigios de la pandemia
“La crítica debe hacerse hacia al Estado. Tiene que ver con el empobrecimiento brutal que se profundizó durante la pandemia, sobre todo en ciudades como Guayaquil, que ha sido además un bastión de las desigualdades y del partido social cristiano y de los partidos en general de derecha que han promovido el punitivismo en el Ecuador. En el Ecuador, sobre todo la población afrodescendiente ha sido arrebatada de sus tierras, desplazada”, indicó la profesora universitaria Lis Cabo.
Para ella, son las mujeres las que “tienen que mirar cómo sus hijos tienen que aguantar este empobrecimiento radical, esta ausencia de sistema de salud, de servicios públicos, de educación. Sus hijos son encerrados en las prisiones, donde simplemente de concentra a la población más empobrecida y más violentada”. Esta población “se vuelve carne de cañón para los narcotraficantes y criminales”, aseguró.
Este contexto y su respuesta gubernamental implican “un proceso de masculinización militar, punitivista, castigadora de la sociedad que impacta por supuesto en cada uno de los hogares de todas las personas en las que se incrusta esta lógica patriarcal del castigo en todos los hogares”, analizó Cabo.
La economía dolarizada facilita el narcotráfico
El modelo macroeconómico neoliberal de Ecuador es otra variable que resaltan les entrevistades para comprender el conflicto.
“El hecho de ser un país dolarizado sin duda alguna facilita las transacciones ilegales, como el lavado, el intercambio, el valor de la droga. La otra cuestión que facilita nuestra posición es el estar ubicados entre dos países productores de drogas sujetas a control (Colombia y Perú)”, explicó a esta agencia el jurista Ramiro Ávila Santamaría, docente de la Universidad Andina Simón Bolívar-Ecuador.
En 2023 se registraron 7.592 muertes violentas, lo que representa una tasa de homicidio de más de 40 muertos por cada 100.000 habitantes, según lo reportado por la Policía Nacional. Este número implica un aumento aproximado del 64,9% comparado con el 2022, cuando hubo 4.603.
Para la dirigenta Chalán, las grandes movilizaciones que ocurrieron en 2019 contra un paquetazo neoliberal de medidas que anunció el gobierno de Lenín Moreno indicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) guardan relación con la situación actual.
“En su espíritu estas movilizaciones impugnan el neoliberalismo. Porque se pretende liberalizar los precios de los combustible a precio internacional, a los tratados de libre comercio (TLC). Quieren fortalecer el modelo exportador ampliando la cancha para el extractivos minero, petrolero y la agroindustria. Además de disminuir la cobertura para salud, educación, agricultura familiar y campesina, pequeñas y medianas empresas. Menos garantías para un sector cada vez más amplio de pobres significa un ejército de reserva para las mafias criminales”, dijo.
Informalidad y corrupción
Chalán sumó como factor “los proyectos extractivos, la agroindustria y la falta de atención premeditada desde el gobierno central hacia la agricultura que continúan siendo la causa por la que la migración interna y hacia otros países”. Pasan de “la precariedad del campo a la precariedad de la ciudad”. En este contexto, quienes migran en condiciones de mayor vulnerabilidad son principalmente las mujeres.
“Según datos del INEC, alrededor de 4.4 millones de personas laboran en el sector informal. En este sector están ubicadas un amplio espectro de mujeres rurales e indígenas que se dedican al trabajo agrícola, trabajo doméstico, trabajo ambulantes, trabajo por horas”, agregó.
Además, Cabo advirtió sobre “la corrupción asociada a distintos gobiernos de Ecuador”.
“Vemos que hay una complicidad de todas las autoridades desde los gobiernos anteriores. El gobierno de (Guillermo) Lasso, cuyos familiares han estado involucrados dentro de las mafias. Tenemos ahora un gobierno que es el hijo, el príncipe, de una dinastía de familia bananera dueña de múltiples negocios en el país, que promueve todas estas políticas de ultraderecha, así como la derogatoria de muchos otros derechos y transformaciones a nivel de apertura neoliberal”, dijo. Se refiere a que el actual presidente Noboa es el hijo del multimillonario bananero Álvaro Noboa.
La declaración de estado de “conflicto armado interno” recibió el apoyo de la Asamblea Nacional (parlamento unicameral). En este sentido respaldaron también “la adopción de indultos y/o amnistías en los casos que sean necesarios para garantizar la tarea” de las Fuerzas Armadas y Policía. Sin embargo, referentes de derechos humanos advierten sobre las consecuencias que pueden traer el incremento de la militarización y el creciente punitivismo impulsado por el presidente.
Modelo Bukele
La administración de Noboa toma como ejemplo la política que lleva adelante el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, contra grupos criminales. Ese país se encuentra en estado de sitio desde hace poco más de un año y la insignia del gobierno actual contra las pandillas es el Centro de Confinamiento del Terrorismo, una megacarcel con capacidad de hasta 12 mil reos.
Noboa anunció la creación de dos nuevas cárceles al “estilo Bukele”. Este jueves, la administración central exhibió imágenes del esquema de prisión que piensa para las localidades amazónica de Pastaza y costera de Santa Elena, cada una para 736 prisioneros.
“El problema de las cárceles comienza en el año 2014 por dos hechos. La expedición de un código penal punitivista, que aumentó exageradamente el catálogo de delitos, aumentó las penas, aumentó las agravantes. El segundo hecho es la construcción de tres mega-cárceles. Las tres cárceles se llenaron con presos relacionados a delitos de narcotráfico”, explicó Ávila Santamaría, quien advirtió que “se convierten en bases de operaciones”.
«El miedo al crimen organizado es parecido al miedo al COVID»
Para el jurista, la consecuencia de declarar el conflicto interno “es que las Fuerzas Armadas no están subordinadas a la Policía Nacional. Existe un miedo enorme en la sociedad ecuatoriana, al punto de cerrar servicios públicos, como las escuelas. El miedo al crimen organizado es parecido al miedo al COVID. La gente se encierra, deja de ocupar el espacio público y tiene recelo de todo extraño”.
En este sentido, la dirigenta Chalán advirtió que en la “lucha contra el terrorismo” también “se han perseguidos a dirigentes”. Y agregó: “Con esto pretenden legitimar está supuesta lucha metiendo en su solo saco al crimen organizado y a la protesta social”.
“Desde la primera masacre carcelaria relacionada con el crimen organizado, en el año 2019, todas las soluciones han sido decretar estados de excepción”, recordó Ávila Santamaría, y reconoció que “no han funcionado”. Para el jurista es necesaria una respuesta integral a la problemática que incluya la política social.
“Mientras tengamos sociedades en donde las personas no tienen padres ni madres porque migran por la selva del Darien porque no tienen trabajo, las escuelas cierren u ofrezcan educación inadacueda, tengamos altas tasas de mortalidad infantil, pésimos servicios de salud, nulas oportunidades laborales, entonces el crimen organizado tiene tierra fértil para prosperar. Esto se logra con políticas de inclusión social y económica”, concluyó.
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