El letrero adorna la entrada de Casa Flamenco, un restaurante en el municipio de Suchitoto, en Cuscatlán, El Salvador. “En esta casa conviven maricones”, asegura con letras negras sobre un fondo de los colores del arcoiris.

Ese pequeño acto de resistencia cotidiana, de dar la bienvenida con una palabra que ha sido utilizada para referirse a las personas LGBTIQ+ de forma peyorativa, es uno de muchos del dueño, Luís Figueroa.

Es gay y durante años ha participado en la lucha por los derechos de la población diversa. Desde su vida personal como activista, y desde su ejercicio profesional como abogado en una organización que vela por los derechos económicos, sociales y culturales de las personas LGBTIQ+.

No hay muchos lugares como Casa Flamenco en Suchitoto. Es un municipio pequeño con menos de 25 mil habitantes y poca visibilidad de la población diversa.

Pero Luis conoce en cuerpo propio, la importancia de crear espacios seguros para contrastar la exclusión, y movimientos sociales que abrazan la diversidad ante la violencia y la discriminación que viven las personas LGBTIQ+ en todos los ámbitos, desde el hogar hasta los espacios laborales.

De la negación al orgullo y la organización

Llegar a donde está hoy, ha sido un viaje largo, y no sin obstáculos en el camino. Creció en un hogar de clase media donde nunca le hizo falta nada. Pero su familia era muy religiosa y no aceptaba a las personas LGBTIQ+. Ser gay no solo era mal visto, sino que se consideraba como un pecado.

Luís supo desde los 6 años que le gustaban los niños pero lo ocultaba durante su infancia y adolescencia. Tenía miedo de que su orientación sexual causara daño a sus seres queridos.

“Veía a mi abuela preocupada porque yo fuera a salir gay, entonces hice una promesa: iba a esconder mi orientación sexual lo más que pudiera para no causarle perjuicio a ella”, dice Luis.

También se escondía para protegerse de ser agredido en el colegio privado, Cristóbal Colón, donde estudiaba. Huía de cualquier tipo de contacto con otros adolescentes y se aisló. Evitaba expresiones o interacciones que pudieran llevar a connotaciones sexuales. No tuvo amigos, jugaba solo y no practicó deportes. Compensó su falta de afectividad con su buen desempeño académico.

“En mi adolescencia, estaba absolutamente inhibido de hacer nada porque eso hubiera significado exponerme. Era un miedo real, veía los ejemplos de mis compañeros con una expresión de género más femenina que padecían acoso y agresiones”, recuerda.

Esconder una parte de sí mismo para encajar y no exponerse a la violencia en el colegio tuvo consecuencias. Lo llevó a negar su orientación sexual. Incluso comenzó a buscar mecanismos para ‘cambiar’, entre ellos las supuestas ‘terapias de conversión’, y viajó a una iglesia en Guatemala para que, a través de la oración, “le curaran de su condición”.

Mucho ha cambiado desde entonces. En sus 20 salió del closet con sus amistades y con su mamá, la única persona de su familia, cuya aceptación importaba a Luis. Y contrario a sus temores, no encontró rechazo, solo apoyo y amor.

En su trabajo le fue diferente. Era una institución del Estado y decir que era gay le trajo consecuencias tan negativas que terminó por renunciar.

“Vivir abiertamente mi sexualidad y orientación sexual fue una sentencia de muerte para desarrollarme donde yo trabajaba. Llegó a mis oídos que publicar mi orientación sexual, era algo que debí conservar de manera privada. Eso significaba que no iba a avanzar en esa institución”, comparte.

En el movimiento social encontró un campo de batalla justamente para luchar contra este tipo de discriminación y para defender los derechos a las personas diversas. Comenzó su activismo a partir de sus propias experiencias.

“Todo lo que he aprendido de la lucha por los derechos de la diversidad ha sido gracias al movimiento social”, dice Luis.

Para Luis, trabajar por la defensa de los derechos humanos le ha permitido defender los suyos. Como en el año 2016, cuando participó en una demanda presentada a la Corte Suprema de Justicia que solicitó la aprobación del matrimonio igualitario en El Salvador.

Siete años después, en 2022, cuando Luis y su pareja Rolando decidieron casarse, tuvieron que viajar a San José, Costa Rica para tener acceso a lo que es un derecho garantizado para cualquier otra pareja porque sigue siendo imposible en su país.

Reconoce que goza de privilegios que la mayoría de las personas LGBTIQ+ en El Salvador no tienen y que eso influye en las condiciones de vulnerabilidad y la exposición a la violencia estructural. Esa desigualdad sólo refuerza aún más la importancia del rol de las organizaciones sociales.

La organización social para enfrentar las violencias

La población LGBTIQ+ en Suchitoto no tiene reconocimiento y es invisibilizada, señala Andreina Guillén, referente de la organización Huellas de Suchitoto, la única organización LGBTIQ+ en el municipio.

La colectiva nació de la iniciativa de un grupo de personas diversas, que sentían la necesidad de tener un espacio seguro donde conversar y hablar de las violencias que les afectaban y buscar soluciones. Asegura que si no existiera la discriminación en Suchitoto aumentaría mucho.

“Por lo que hemos hablado con los jóvenes, todavía se escandalizan porque vean a un gay, a una lesbiana, a un transgénero. Entonces, necesitamos muchísimo trabajo en el tema de diversidad para que las personas se vayan concientizando y, por lo menos, vayan aceptando y respetando la diversidad”, enfatiza Guillén.

En 2020, “Huellas de Suchitoto” abrió sus puertas a personas de la diversidad sexual de entre 17 y 45 años, de los municipios de Suchitoto y San Pedro Perulapán. Pese a que lleva poco tiempo, organizarse en la colectiva ya tuvo un impacto positivo para Carlos Henríquez y ‘Karina’.

‘Karina’ tiene 38 años. Es lesbiana, feminista, comunicadora social y lleva 15 años siendo defensora de derechos humanos de mujeres y personas de la diversidad. Cuenta su historia desde un nombre ficticio, para no “causarle daño” a su mamá por su orientación sexual.

Estar organizada ha sido un recurso para procesar la violencia que ha sufrido desde que era niña. Huyó de su casa a los 14 años, después de que su hermana rompió su confianza y le contó a su mamá que Karina era lesbiana.

La mamá de Karina reaccionó de manera violenta cuando se enteró. La agredió física y verbalmente, y la envió con una psicóloga y un psiquiatra. Cuando sus hermanos la miraban en la calle, desde lejos le gritaban insultos.

“Yo pensaba que estaba enferma, me entendés, porque me gustaban las mujeres”, dice.

El activista gay y fundador de la Federación Salvadoreña LGBTI, Erick Ortiz, señala que la expulsión a temprana edad de los hogares tiene repercusiones en el ámbito escolar. Eso impide que en la adultez las personas diversas puedan incorporarse en el mundo laboral, debido a la baja escolaridad que tienen.

Así fue el caso de Karina. Desde que salió de su casa, dejó de estudiar porque comenzó a trabajar para pagar alimentos y un techo donde vivir.

“Pertenecer a la población LGBTI en un país que ni siquiera respeta la decisión y autonomía sobre tu cuerpo es bien difícil, ni siquiera existimos. O sea, no hay derechos garantizados, sumándole todos los niveles de discriminación que hay”, recalca.

Hace 15 años Karina fue abrazada por la organización social. Aprendió a reconocerse abiertamente como mujer lesbiana, sin vergüenza. Desde entonces ha participado en proyectos de mujeres, de prevención de VIH, derechos sexuales y reproductivos, e incidió en la aprobación de la Política Nacional de Juventudes. Aspira a apoyar a otras niñas que están descubriendo su orientación sexual.

“Para comenzar, las organizaciones de mujeres son las que me enseñaron que existían violencias; dos, reconocer las violencias; y tres, aceptar que yo había vivido todas las violencias. Ahora, tengo la suerte de decir públicamente: yo soy una mujer lesbiana, y estar organizada ha sido mi salvación”, afirma Karina.

Las huellas de una historia disidente

De niño, mientras Carlos Henríquez crecía en una zona rural del municipio de San Pedro Perulapán, en el cantón Istagua, soñaba con estudiar enfermería. Pero igual que Karina, la discriminación por ser una persona LGBTIQ+ terminó alejandolo del sistema educativo.

Estudiaba en una escuela pública donde fue víctima de bullying y discriminación fuerte por ser gay. Culminó cuando el instructor de la banda de paz del instituto donde estudiaba, supo de la orientación sexual de Carlos. Una compañera lo llamó para alertar.

“Les dijo a todos que tenían que golpearme. Ay, por eso yo ya no regresé a estudiar. Me llamó el día que iba a suceder y ya no regresé”, dice Carlos con tristeza. Solo tenía 17 años y le apasionaba la música.

“Dejé mis estudios varados por el miedo, pero uno aprende a vivir con eso, o lo ignora”, asegura. Pasaron 12 años hasta que lograra retomar y finalizar su bachillerato, bajo una modalidad de estudio flexible.

Le llamó la atención, que de adolescente en el sistema público de educación las y los estudiantes no recibieron educación integral en sexualidad. Tampoco era algo que hablaba con sus allegados, ni con su familia.

Ahora, de 35 años, el acoso, las agresiones verbales, le persiguen aún en su vida adulta. Cuando visita la alcaldía del municipio sufre acoso de los vigilantes. También en las calles y en los hospitales

“La gente todavía no está sensibilizada”, explica.

Tiene dos años de ser parte de “Huellas de Suchitoto”. El impacto en su vida ha sido notable. Recibió acompañamiento psicológico y talleres para la prevención de violencia e infecciones de transmisión sexual.

Siente que su autoestima y confianza en sí mismo creció, y ahora asiste a las marchas LGBTIQ+ en vestidos, que siempre ha sido parte de su expresión de género.

El empoderamiento para no sentir temor al nombrarse como personas diversas fue uno de los objetivos que se buscaba con fundar “Huellas de Suchitoto”. Y ha contribuido a visibilizar las personas LGBTIQ+ que viven en el municipio y exigir que se les reconozcan sus derechos.

“Lo primero que hacen las organizaciones es trabajar con ellos y ellas, acompañarles en el reconocimiento, que conozcan de leyes y fortalecerles en empoderamiento personal y colectivo para que puedan tomar más decisiones más asertivas. Las colectivas hacen un buen trabajo. Apuestan al tema de atención psicológica y clínica en el tema de la salud sexual y salud reproductiva”, dice Guillén.

¿Avances o retrocesos?

En septiembre de 2022, el Ministerio de Educación (Mined) retiró de la franja educativa “Aprendamos en Casa”. El programa, que abordaba temas relacionados a la educación sexual, se transmitía por canal 10.En un comunicado de prensa, el Mined informó que Carlos Rodríguez Rivas, director del Instituto de Formación Docente que producía el programa, fue removido de su cargo por difusión de “contenido sexual no autorizado”.

#Actualidad | El @EducacionSV anuncia que destituyó al director del Instituto Nacional de Formación Docente (INFOD) y que reestructurará la institución, debido a que incluyó un programa de educación sexual integral en la franja educativa de @Canal10Sv. pic.twitter.com/BJuAJFTg3m

— FOCOS (@focostv) September 27, 2022

Es sólo una de las medidas tomadas durante el gobierno del presidente Naib Bukele que debilita los derechos sexuales y reproductivos, y los de la población LGBTIQ+. También se suspendió la Secretaría de Inclusión Social, dependencia a cargo de la Dirección de Diversidad Sexual, y el Ministerio de Educación eliminó de la currícula escolar los programas de sexualidad integral.

Guillén explica que la población diversa se enfrenta a un panorama que apunta hacia retrocesos en cuanto a derechos humanos.

“Es un retroceso porque esto implica que la educación va a llevar más sesgos”, lamenta Guillén.

Se fomenta más desigualdad y exclusión en un contexto donde las personas diversas de por si viven bajo discriminación constante.

“Tenemos una sociedad que, en términos generales, es homofóbica y violenta. Pero en términos particulares estas violencias también aterrizan de forma más congruente cuando sufren exclusiones por pobreza, falta de educación, acceso a salud, etcétera”, enfatiza Erick Ortiz.

Ante este vacío, los colectivos LGBTIQ+ asumen responsabilidades que corresponden al Estado: velar por una vida libre de discriminación, desigualdades y violencias hacia las personas diversas y la garantía del respeto a sus derechos humanos.

Según Ortiz, el Estado salvadoreño no es capaz de responder a las necesidades de esta población porque ni siquiera le interesa conocer la realidad.

“La realidad es que el Gobierno ha desmontado sistemáticamente cualquier canal de comunicación que se tenía. Si tuviera una visión diferente de su proyecto político, podría aprovechar todo el trabajo acumulado por las organizaciones sociales. Creo que el Estado salvadoreño no tiene capacidad en este momento de atender la realidad de las personas LGBTI simplemente porque no tiene ojos, ni oídos para escuchar”, señala el defensor.

Resistir

Por si aún quedaran dudas después de cruzar el letrero, en el lobby de Casa Flamenco una pizarra detalla en lenguaje inclusivo, que ese es un espacio libre de discriminación. Y desde cada rincón de este oasis colorido, se repiten mensajes como “amor es amor”, “resistir” y la aceptación a las personas diferentes y de cualquier género, clase, raza, sexo, edad u orientación sexual.

De crecer con miedo y esconderse en su colegio, Luis Figueroa hoy vive su orientación sexual plenamente y contribuye e invita activamente a que otras personas puedan ser y hacer lo mismo, y es en gran parte gracias a su involucramiento en el movimiento social.

“Nosotros facilitamos las condiciones para que también se unan a la lucha”, dice Luis.

En sí, la historia alrededor de su restaurante es una de resistencia y reivindicación. La casa perteneció a su familia.

“Que yo haya terminado aquí, en esta casa, significó mi victoria frente a los más conservadores de la familia, que siempre dijeron que por mi orientación sexual yo estaba condenado a no hacer nada en la vida, a no ofrecer nada y entonces para mí fue resignificar la familia y la historia”,

Luis describe su emprendimiento como un negocio transformador. Una iniciativa que rompe con los prejuicios y abre nuevos caminos.

“Sí se puede participar del desarrollo económico propiciando también el respeto para la diversidad, incidiendo en la comunidad siendo un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas”, afirma con emoción.

Y continúa: “Sí se puede hacer negocios en un pueblo muy católico, poniendo la bandera LGBTI en la puerta, poniendo todos los privilegios de uno a favor de una lucha en un territorio, que ojalá sirva también de inspiración”.

Un letrero, una organización o un restaurante. Apropiarse de palabras, espacios y existencias para resignificarlos, son acciones de resistencia en un ambiente social y político que se vuelve cada vez más hostil con las personas LGBTIQ+. Mientras tanto, Luis, Karina y Carlos continúan luchando desde sus realidades y la organización social defendiendo sus derechos y los de otras personas de la diversidad sexual.

Esta nota fue publicada originalmente en Alharaca y se publica a través de un acuerdo con Agencia Presentes. Los últimos miércoles de cada mes puedes encontrar en Alharaca y Presentes las notas que compartimos para potenciar los lazos entre los medios de comunicación con perspectiva de género y derechos humanos de América Latina.