SAN SALVADOR, El Salvador. «Cada vez que regreso de una jornada de búsqueda de mi hija, mis dos nietos me preguntan por qué no llevo a su mamá», dice la salvadoreña Beatriz Hernández. Mi hija Marcela Jackelin Rodas Hernández trabajaba en una floristería en uno de los mercados de la capital. Desapareció el 19 de abril de 2021 cuando iba para su trabajo. Posiblemente la bajaron del autobús, pero no lo sabemos con certeza.

“No llegó ni a su trabajo. Tampoco llegó a la casa de regreso. Hasta ahorita no se sabe nada de ella”, expresó a Presentes, la mujer de 42 años de edad.

«Desde la desaparición de mi hija tuve que dejar la venta en un chalet de una escuela para dedicarme a labores de búsqueda y asumir el cuidado de mis dos nietos, así como de mis dos hijos. Explicarles toda esta situación a los niños es bien difícil. Mis nietos de 9 y 5 años me dicen: «mi mamá quizás no nos quiere, ya no nos quiere porque ya no nos escribió».

#PorLasPersonasQueNosFaltan | “Siempre la voy a buscar, hasta encontrarla”, asegura Beatriz Hernández. #HastaEncontrarles pic.twitter.com/ZTA7yDlmCE

— bloquedebusquedasv (@bdebusquedasv) September 15, 2023

El silencio de las autoridades

Beatriz cuenta cómo cambió también la organización de su hogar. “Mi esposo, Nicolás Rodas ha tenido que asumir todos los gastos del hogar. Él trabaja de electricista y durante este tiempo ha tenido achaques de salud que le han afectado en su trabajo. A mí también toda esta preocupación me ha traído complicaciones”, dice.

“Desde que puse la denuncia de la desaparición de mi hija nada me han dicho las autoridades. Es más, estaba por cerrarse el caso porque nunca había ido a preguntar. Los detectives me dijeron que ellos iban a hacer todo, que yo no me movilizara para ningún lado, que no me moviera, que ellos lo iban a hacer, según como iba avanzando el caso me iban a informar. Pero nunca me avisaron de nada”.

Cada ocho días, Beatriz va al Instituto Forense de Medicina a Legal a preguntar por su hija. “La busco todos los días”, dice.

Desde febrero, la mujer forma parte del Bloque Búsqueda de Personas Desaparecidas. “Vamos a capacitaciones, aprendemos a cómo desarrollarnos para la búsqueda, tenemos espacios para hablar de lo que estamos viviendo con una psicóloga. Como estamos viviendo un duelo diario, entonces, siempre hablamos sobre eso”.

“Queremos que (las autoridades) nos den una noticia positiva. Ya pasó mucho tiempo y nosotros queremos saber de nuestros hijos. Queremos que los busquen, que nos ayuden a nosotros a buscarlos, porque no es justo que nos dejen el cargo a nosotros. No somos las autoridades nosotros. Nosotras nomás somos madres que salimos a exponernos solo con las manos. Ellos por lo menos están armados, tienen cómo defenderse”, dijo Hernández.

Desapariciones: una práctica de años en El Salvador

El Salvador siempre ha tenido desaparecidos. Entre los casos más recientes destacan las víctimas de la guerra civil (1980-1992) entre el Ejército y la exguerrilla izquierdista del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), que dejó 75 mil muertes y 8.000 personas desaparecidas.

En la posguerra el problema se mantuvo. Entre 2014 y 2019, un quinquenio que pasará a la historia como uno de los episodios más violentos y homicidas del país, la Fiscalía General reportó más de 20 mil casos. Las desapariciones estuvieron vinculadas principalmente a las pandillas, conocidas como maras, al crimen organizado, e incluso, a rencillas y venganzas personales.

Según diferentes organizaciones de derechos humanos entre 2019 y junio de 2022 en el empobrecido país centroamericano el número de personas desaparecidas ronda 6.443. De esa cifra, los casos activos serían 2.397.

“La hipótesis principal es que los casos se deben a la violencia de pandillas. Estos jóvenes fueron víctimas del crimen organizado, conocido como pandillas, en diferentes situaciones. Porque los quisieron reclutar y ellos no quisieron, porque sus negocios familiares debían renta (extorsiones), porque cruzaron territorios contrarios. La pandilla se divide territorio y en diferentes circunstancias fueron víctimas del crimen organizado”, mencionó a Presentes, Idalia Zepeda abogada de la Asociación Salvadoreña por los Derechos Humanos (ASDEHU) y parte del equipo de trabajo de personas desaparecidas.

Según los expertos, las pandillas suelen tener un patrón de acción, primero privan de libertad a las víctimas, las torturan, las asesinan y luego las sepultan en fosas o cementerios clandestinos. Estos lugares solo son investigados cuando las autoridades tienen un testigo en un proceso penal que declara que en los sitios hay personas enterradas.

Surgidas en la ciudad estadounidense de Los Ángeles en los años noventa, cientos de salvadoreños pandilleros fueron deportados a su país de origen, donde se establecieron y crearon grupos que controlaban las barriadas bajo amenaza de muerte a quienes desafiaban sus reglas.

En busca de solidaridad

“¡Dejen de pegar porquería!, nos gritan cuando realizamos jornadas de pegas de afiches con la fotografía del rostro de mi hijo desaparecido Carlos Ernesto Santos Abarca”, recuerda con amargura Eneida Abarca.

“Hace 20 meses mi hijo desapareció. Él es estudiante universitario de psicología, estudió inglés en la Escuela Americana y no tiene ningún récord delincuencial. Tenía un año de estar en tratamiento médico por trastorno afectivo bipolar. A este momento, se supone, que su mente está en blanco”.

Carlos Ernesto salió a correr el 1 de enero de 2022 y no regresó. “Nunca me imaginé que él se iba a desaparecer, mucho más tanto tiempo. Deberían de ser empáticos los que no han tenido un desaparecido y más un hijo”, expresó a Presentes.

“En redes sociales hay una violencia fuerte digital hacia mi persona”, afirma Eneida Abarca. “Dicen que el caso lo he hecho político, que me están financiando los medios de comunicación, los partidos políticos y no es así. También nos reclaman que dejemos de ensuciar la ciudad, nos revictimizan, dicen que nosotros somos los culpables porque no cuidamos bien a mi hijo”.

Sin apoyo del Estado

Entre todas las acciones de Eneida para hallar a su hijo, cuenta que recorrió 30 municipios haciendo pegas masivas y buscando información o indicios. “Hemos ido a la policía, a tribunales, a medicina legal, hospitales, a zonas rojas, a Casa Presidencial. Mi hermana Ivette, que me acompaña, tiene los pies llagados. Durante las jornadas me han robado los documentos, el celular… Una vez, un hombre me persiguió en una moto y me pedía que subiera”.

Destaca también que las tareas que ellas como familiares realizan son competencia de la policía. “En el Protocolo de Acción Urgente (PAU) de personas desaparecidas están las directrices que ellos tienen que hacer: búsqueda de cuerpos, de rescate, búsqueda en redes”.

“Todas las diligencias que a ellos les corresponde yo las estoy haciendo, pero no ha habido resultados”, expresó Abarca, quien alterna su trabajo de distribución de ropa hospitalaria con el cuidado de sus otros dos hijos y las jornadas de localización.

“Mi esposo Ricardo Santos, quien fue que inició las averiguaciones. Ha asumido toda la carga económica. Lo que a mí me ingresa y lo que mi hermana con sus ventas de catálogo todo se va para búsqueda. Gastamos 20 dólares diarios para eso, en impresiones de afiches. Llevamos 20 meses y no hay respuesta estatal. Ahorita va un tercer equipo de fiscales, el primero y segundo negligentes. El tercero no hizo revisión de cámaras y dicen que están volviendo a leer el expediente y aun no hay respuestas.

“Por esa razón yo me uní al Bloque, porque no encuentro apoyo de parte las autoridades. Ellos lo que le dicen a usted es que siguen las investigaciones y que no es solo su caso”, mencionó.

Un espacio para acompañar

En febrero de 2022, un grupo de familiares -en su mayoría mujeres- crearon el Bloque de Búsqueda de Personas Desaparecidas fruto de la ausencia de un Estado que no cumple con su rol, ni en la prevención ni en el combate de este crimen, dicen sus creadoras.

Suelen hacer viajes en el “bus de los milagros” para hacer recorridos para pegar fotografías, conversar con las personas y visitar instituciones para exigir respuestas. Además, mantienen una campaña en redes sociales #PorLasPersonasQueNosFaltan o montar una exposición fotográfica de sus familiares y ofrendarles flores en la plaza principal de la capital, San Salvador.

En la actualidad, los integrantes buscan la resolución de unos 35 casos de personas, reportados entre 2006 y 2022. El bloque de búsqueda no tiene presupuesto propio, así que las organizaciones de derechos humanos los apoyan con lo básico y ellas también hacen su gestión propia como familia.

“En general hay una desatención del Estado en los sucesivos gobiernos, no es particularmente de este. Hay un común denominador que las instituciones del Estado no han puesto en agenda el tema de desaparición, no hay una ley de desaparición, no hay política pública para atender a familiares de desaparecidos, apoyo emocional”, sostuvo la abogada y luchadora social Idalia Zepeda.

Los integrantes del bloque solicitaron al gobierno del presidente Nayib Bukele que asigne recursos necesarios para que las instituciones responsables de dar con el paradero de las personas detenidas y de la investigación de estos delitos ejerzan sus atribuciones y atiendan las demandas de las víctimas.

Además, piden que instale una mesa interinstitucional y con carácter vinculante para que, en comunicación y coordinación con familiares y organizaciones de derechos humanos, se encargue de levantar un registro de personas desaparecidas y un banco de ADN, que contribuya con la localización ágil de las personas desaparecidas.

Mientras tanto, demandan que el Congreso -de mayoría oficialista del partido de Bukele- inicien un proceso de diálogo con víctimas, organizaciones de derechos humanos y expertos que culmine con la aprobación de una ley que incluya elementos para la prevención, investigación, justicia, reparación integral y garantías de no repetición.

“Todavía el Estado no logra responder con eficacia, con diligencia y con seriedad la investigación”, dijo Zepeda.

La Fiscalía y la policía no respondieron a una solicitud de comentario oficial de Agencia Presentes.

“Nunca nadie me echó la mano para ayudarme”

“Mi hijo Juan Carlos Serrano Alvarado desapareció el 31 agosto de 2020. Puse la denuncia en la policía, la fiscalía y nunca nadie me echó la mano para ayudarme con el caso de él”, menciona su mamá que pide guardar su identidad por razones de seguridad. Juan Carlos trabajaba como repartidor en la embotelladora de bebidas gaseosas.

Antes estudiaba enfermería, pero durante la pandemia del COVID-19 tuvo que buscar un empleo para mantener a su esposa (que estaba sin trabajo) y su hijo, en ese entonces de tres meses.

Hoy es un día muy triste para mí, se cumplen 3 años desde que mi hijo no regresó a la casa.

Hijo, quisiera que regresaras a casa y volver a ver tus ojitos bonitos. Juan, donde quiera que estés, tu hijito, tu hermano, tu hermana y yo te seguimos esperando. Te amamos.

Tu mami. pic.twitter.com/Cxpoc8bV2i

— bloquedebusquedasv (@bdebusquedasv) August 31, 2023

Juan Carlos desapareció en el municipio de Soyapango. El día que desapareció recibió una llamada y se fue, cuentan quienes fueron los últimos en verlo. Acababa de llegar a su trabajo. “Con la perdida de mi hijo, adquirimos gastos, préstamos, que, hasta ahorita, es bien duro porque no tenemos quien nos eche la mano. Nosotros luchamos el día a día con nuestro dolor, para ver cómo salimos adelante”, mencionó a Presentes.

“Luego que pusimos la denuncia, los policías dejaron de contestar los teléfonos. Los funcionarios no dan la cara, dan evasivas. Dicen que no pueden ingresar a colonias a investigar porque es muy peligroso. Yo creo que hasta cerraron el caso. Me han dicho que ellos se enfocan en resolver casos de niños, en una persona mayor, no, porque puede ser marero, puede estar acompañado o estar así por su propia voluntad”.

“Hasta ahora el único consuelo que nosotros tenemos son ellos, el Bloque de Búsqueda, porque ellos sí nos apoyan a nosotros, nos ayudan bastante, nos dan víveres. Han sido como un ángel de la guarda porque son unas personas que se rebuscan para ayudarnos a nosotros como mujeres”, expresó.

Un régimen de excepción que perjudicó

Por más de un año, el país centroamericano permanece bajo un régimen de excepción, que suspende algunos derechos constitucionales, el cual ha permitido a los cuerpos de seguridad del Estado detener a más de 70 mil supuestos pandilleros. Un total de 7.000 personas han sido liberadas porque no se encontraron vínculos con las llamadas maras.

Según estadísticas oficiales, el número de homicidios disminuyó un 56,8% en 2022, frente al año previo, debido a la medida. Sin embargo, también ha generado críticas de organismos de derechos humanos que denuncian capturas arbitrarias, violaciones a derechos humanos y 174 muertes de personas bajo custodia del Estado.

Pese a los avances en materia de seguridad, las estadísticas de personas desaparecidas, las investigaciones y las resoluciones de casos han sido declarados como “información reservada”. Por ese motivo, los familiares de víctimas no han sido actualizados de sus procesos.

“Por ahora no tenemos información certera, ni de la cantidad de denuncias de las personas desaparecidas, ni de los cementerios (clandestinos). Cuando hemos consultado, los funcionarios que nos atienden dicen que esa información es reservada, que no nos pueden revelar si hay hallazgos en alguna zona o si hay cuerpos sin vida que se encontraron. Las familias no lo saben, lo cual nosotros creemos que viola su derecho a conocer toda la información pública necesaria que abone a la investigación para su búsqueda”, mencionó la abogada Zepeda.