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El juicio por travesticidio de Alejandra Salazar Villa entra en su etapa final
El lunes 24 se leerá el alegato de clausura. La fiscalía busca una condena perpetua.
BUENOS AIRES, Argentina. Los alegatos de clausura del juicio por el crimen de Alejandra Salazar Villa, una mujer trans asesinada en su casa del barrio porteño de Once en diciembre de 2020, tendrán lugar el próximo lunes 24 de octubre.
La fiscal Diana Goral, a cargo de la Fiscalía General N° 6 ante los Tribunales Orales Criminales y Correccionales, buscará una condena a perpetua por el travesticidio de la mujer.
La acusación recae sobre Rodrigo Alejandro Keilis por el delito de «homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género». El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 26 de la Capital Federal está a cargo de la causa y los jueces Marcelo Alvero, Maximiliano Dialeva y Carlos Rengel Mirat serán quienes dicten una sentencia.
Tanto la fiscalía a cargo de la instrucción como la de juicio reconocieron que se trató de un crimen donde medió el odio a la identidad de género de Alejandra. En caso de haber una condena por travesticidio, este sería el quinto juicio con una sentencia de estas características en la Argentina.
Los alegatos se llevarán adelante en la cuarta audiencia del juicio a las 9 de la mañana en la sede del tribunal, ubicada en Paraguay 1536.
Un hecho premeditado
Alejandra Salazar Villa era una mujer trans de 54 años, que había llegado a la Argentina desde Perú. Se ganaba la vida como trabajadora sexual y vivía sola en su departamento ubicado en la avenida Corrientes al 2200, en el barrio porteño de Once.
El 6 de diciembre de 2020, salió a comprar manzanas a un supermercado cercano a su vivienda. Una vez hecha la compra, alrededor de las 18.30, se dirigió hacia su casa y en el camino se cruzó con Rodrigo Keilis y Pablo Getar.
Keilis tenía entonces 20 años, trabajaba descargando camiones y se encontraba en situación de calle. Ese día estaba junto a su tío, Pablo Getar, un changarín y cartonero que en ese momento tenía 40 años.
Ambos escoltaron a Alejandra hasta su casa y uno de ellos, Keilis, subió con ella para mantener una presunta relación sexual, mientras Getar cruzó la avenida y se sentó a esperar.
Una vez allí, Keilis “colocó una de las bolsas de nylon traídas desde el supermercado, específicamente aquella en la que transportaba las manzanas, y la tomó fuertemente del cuello, lo que le provocó la fractura del hueso hioides y la muerte por compresión del cuello y sofocación”. Así lo indica el requerimiento de juicio, firmado por les fiscales Ignacio Mahiques y Mariela Labozzetta.
Acto seguido, el hombre tomó algunas pertenencias de Alejandra, como el dispositivo electrónico para abrir la puerta del edificio y un televisor. Afuera ya no se encontraba Getar -quien se fue diez minutos antes de que Keilis saliera del edificio-, así que tomó un taxi hasta el barrio de Constitución donde volvió a encontrarse con su tío.
Fue crimen de odio
La investigación que llevó la causa a juicio fue realizada por la Fiscalía Nacional en los Criminal y Correccional N° 35. Su titular, el fiscal Ignacio Mahiques, junto a Mariela Labozzetta, a cargo de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia Contra las Mujeres (UFEM), consideraron que la acumulación de prueba era suficiente para acusar a Rodrigo Alejandro Keilis de “homicidio agravado por mediar odio a la identidad de género en concurso real con robo simple”.
También a Pablo Isaac Getar como “partícipe necesario”. Si bien la acusación sobre Keilis se mantiene, la de Getar podría modificarse, informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.
Violencia y discriminación
A lo largo de las audiencias del juicio declararon diferentes testigues como vecines, el encargado del edificio donde vivía Alejandra, el médico forense, psicólogas de Keilis y los dos policías a cargo de la primera investigación del caso.
Además, prestaron testimonio dos personas especializadas que explicaron la problemática que enfrenta el colectivo travesti trans y qué implica un travesticidio.
Una de ellas fue la activista travesti Marcela Tobaldi, presidenta de la organización La Rosa Naranja. Había conocido a Alejandra “en el marco de que ella necesitaba hacer el cambio de género”. “Se acercó un día. En aquella época yo trabajaba en la Defensoría de la ciudad de Buenos Aires. Preguntó por mí. Era muy tímida”, recordó. “No tenía ningún derecho de matarla, de ahorcarla, robarle y todo lo que hizo. Fue un travesticidio”, destacó en diálogo con Presentes.
La expulsión social que termina en travesticidio
“El travesticidio es una forma específica de violencia de género. Se consuma en el asesinato de las personas que expresan o afirman una identidad de género que no se condice con los criterios considerados ‘normales’ de la feminidad o la masculinidad”, explicó, la antropóloga Claudia Inés Josefina Fernández. Participó de la creación del libro La Revolución de las Mariposas y se especializa en género, diversidad sexo-genérica y políticas públicas. Durante el juicio declaró como testiga experta.
También consideró que este tipo de crimen “es el extremo de un continuum de violencias”. “Comienza con la expulsión del hogar, la exclusión del sistema educativo, del sistema sanitario y del mercado laboral, la iniciación temprana en la prostitución/el trabajo sexual, el riesgo permanente de contagio de enfermedades de transmisión sexual, la criminalización, la estigmatización social, la patologización, la persecución y la violencia policial”, detalló.
En este sentido, en su declaración aportó un dato recopilado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): el promedio de vida de las personas trans en América Latina oscila entre los 30 y 35 años. “Menos de la mitad del promedio del que goza el resto de la población”, destacó Fernández. Ese promedio es producto “no sólo de la violencia letal, sino también de sus recorridos vitales ligados, generalmente, a múltiples experiencias de vulnerabilización”, continuó.
La vulneración de un colectivo
También aportó una mirada interseccional sobre el tema de valor para analizar el crimen de Alejandra. Ella, además de trans, era migrante y trabajadora sexual. En esta línea consideró que “a la condición trans ha de sumarse otras determinaciones y variables como la clase y la raza”. Esto puede agravar “aún más las condiciones de vida del colectivo en cuanto a su acceso a derechos. Y, claro, al sistema de justicia, lo que aumenta la impunidad de los agresores”.
Según una investigación que realiza la UFEM, el 66% de las mujeres trans o travestis asesinadas eran de nacionalidad extranjera. Y la abrumadora mayoría, casi el 100%, eran trabajadoras sexuales, aportó Fernández.
Las anteriores condenas por travesticidio que tuvieron lugar en la Argentina fueron por los crímenes de Amancay Diana Sacayán, Marcela Chocobar, Evelyn Rojas y Melody Barrera.
Los casos que marcaron un precedente judicial
La primera condena fue por el travesticidio de la activista Amancay Diana Sacayán el 18 de junio de 2018. Allí el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº 4 de la Capital Federal condenó a prisión perpetua a Gabriel David Marino.
Luego, la condena, también a perpetua, por homicidio calificado por odio a la identidad de género (transfemicidio) que recibió Oscar Biott en junio de 2019. El hombre estaba acusado junto a Angel Azzolini de asesinar a la joven trans Marcela Chocobar. La decisión fue tomada por unanimidad por los jueces de la Cámara Criminal de Río Gallegos.
La tercera es reciente. El 17 de marzo de este año, el Tribunal Penal N°1 de Posadas condenó a Ramón Da Silva a prisión perpetua por homicidio por la relación de pareja, odio hacia su género y expresión, y por femicidio, tras el crimen de Evelyn Rojas.
En tanto, el 15 de septiembre de este año, un jurado popular en Mendoza condenó al ex oficial de la policía, Darío Jesús Chaves Rubio, a 27 años de cárcel por el transfemicidio de Melody Barrera.
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