Trabajo sexual en México: tras una iniciativa que criminaliza, esto proponen trabajadoras sexuales

Trabajadoras sexuales analizan y responden con alternativas a una iniciativa presentada por la diputada trans mexicana María Clemente García.

18 de octubre de 2022
Georgina González@georginagon
Edición: Ana Fornaro

En México, el 6 de octubre la diputada trans mexicana, María Clemente García presentó una iniciativa de reforma a la Ley Federal del Trabajo que busca regular el trabajo sexual. Sin embargo, personas trabajadoras sexuales consideran que su propuesta “es un retroceso en los derechos de las personas que se dedican al trabajo sexual”.

Dicha iniciativa fue denunciada por trabajadoras sexuales por ser lanzada sin previo ejercicio de escucha y consulta con las poblaciones afectadas. También por contener un apartado que criminaliza a las personas trabajadoras sexuales y a quienes viven con VIH. 

En México el trabajo sexual no tiene ninguna protección laboral explícita y no es ilegal. Pero existen normas que abren la puerta a la criminalización de quien ejerce el trabajo sexual en calle. 

Para conocer las urgencias y las ausencias del Estado mexicano a los derechos humanos de las personas trabajadoras sexuales, Presentes conversó con activistas del trabajo sexual. Irene Valdivia, ex trabajadora sexual y coordinadora de la Red Michoacana de Personas Trans; Verónica Greyson, trabajadora sexual que forma parte de la Plataforma Latinoamericana de Personas que Ejercen Trabajo Sexual (PLAPERTS) y con integrantes de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez, una de las primeras asociaciones de trabajadores sexuales organizadas. 

¿Qué dice la iniciativa?

La iniciativa de la diputada María Clemente García contempla agregar un nuevo capítulo para considerar al trabajo sexual, y a quien lo ejerce, dentro del catálogo de trabajos especiales en la Ley Federal del Trabajo como un empleo lícito. 

Con el fin de definir el trabajo sexual como “actividad que se ejerce en la vía pública, en algún establecimiento mercantil o por medios digitales, de manera libre, voluntaria, autónoma, consentida y sin coerción, entre personas mayores de 18 años de edad”

Además, hace una aclaración en cuanto a que el trabajo sexual se distingue del delito de trata. Un artículo más considera que quienes ejercen el trabajo sexual se les garantizará el derecho a la salud integral. Alude al artículo 4 de la Constitución Mexicana que considera que “toda persona tiene derecho a la protección de la salud». Pero no detalla más que eso. 

«La iniciativa adiciona el artículo 353-Y que dice: “el trabajo sexual deberá ejercerse en condiciones de salubridad suficientes que garanticen evitar contraer enfermedades o infecciones derivadas del trabajo sexual. Tanto las personas trabajadoras sexuales como las usuarias sexuales (como define a quien es cliente) están obligadas mutuamente a evitar riesgos de contagio de enfermedades o infecciones durante la realización del trabajo sexual”.

Y finaliza con, “el incumplimiento a esta disposición dará lugar a las responsabilidades civiles o penales en que cualquiera de las partes pueda incurrir”.»

“Una iniciativa que criminaliza y alimenta el sistema punitivo”

“Esta iniciativa es problemática porque de manera transversal pone al Estado antes que a las persona. Da control al Estado sobre el cuerpo de las personas. El hecho de obligar a las personas a revelar nuestro estado serológico, primero es una acción inconstitucional al derecho humano de la privacidad en la salud. Y es peligroso. Más aún en un país en donde en junio del año pasado mataron a un chico porque supieron que vive con VIH. Me parece un atentado directo contra la vida de personas que viven con VIH al proponer que la gente esté obligada a revelar su estado serológico. Es una iniciativa que criminaliza y alimenta el sistema punitivo”, señala Irene Valdivia.

En ese mismo sentido, Verónica Greyson comenta: “La iniciativa está mal hecha, usa un lenguaje incorrecto en relación a las ITS y al VIH. No existen enfermedades propias del trabajo sexual. Al usar esas palabras está poniendo en peligro, no solo a las trabajadoras sexuales sino a todas las personas que viven con VIH. Puede hacer más difícil que se deroguen los delitos de ‘peligro de contagio’ que existen en el país. Lo que está mal en esta reforma es que potencializa la violencia, la segregación y el estigma al trabajo sexual. Vuelve a crear una especie de demonización que por años se ha tratado de quitar al trabajo sexual”. 

De acuerdo al informe VIH no es un crimen, el Código Penal Federal de México y al menos 30 de 32 estados del país contienen en sus códigos penales el delito de “peligro de contagio”. 

“No queremos volver a los controles sanitarios”

En el año 2000, Brigada Callejera logró que en la Ciudad de México se retiraran los “carnets de control sanitario” en donde se especificaba el estado serológico de las trabajadoras sexuales. Sin embargo, denuncian que aún hay estados del país en donde existen estos controles. 

“No queremos volver a los controles sanitarios. No sirven para la salud, sirven para extorsionar; son carnets donde se pone en qué condiciones de salud estás. Hace 30 años nos enfrentamos a esto en la pandemia de VIH y hoy todavía en Puebla, Chihuahua y Sonora existen estos carnets. Los primeros que se enteran son el dueño del hotel, del bar y también la policía. Exigir el estado serológico es violentar los derechos humanos y es un retroceso a la lucha social de las trabajadoras sexuales”, denuncia Elvira Madrid Romero, presidenta de Brigada Callejera. 

“Si a la diputada le interesa la salud que mejore el acceso de las trabajadoras sexuales a la salud porque tan solo en plena pandemia de covid murieron 150 compañeras trabajadoras sexuales”, concluye Elvira. 

¿Una ley que regule el trabajo sexual es suficiente para garantizar sus derechos?

“No. Tiene que haber una armonización de más legislaciones a la par del trabajo sexual para hablar de una plenitud de derechos. Creo que es necesario ver cómo insertar el trabajo sexual dentro de las legislaciones existentes y en las que ni siquiera se contempla esta realidad”, explica Irene Valdivia.

Brigada Callejera ganó la sentencia de amparo 112/2013 que reconoce al trabajo sexual como un trabajo no asalariado con goce a protecciones legales y derechos a la salud, a la salud sexual y reproductiva, a la vivienda, la alimentación, a sus derechos laborales como la creación de sindicatos.

Sin embargo, dicho reconocimiento no se ha llevado a cabalidad por parte de la Secretaría del Trabajo de la CDMX. De acuerdo a Brigada Callejera, en este momento hay detenidas al menos 2 mil 500 solicitudes de credenciales de trabajadoras sexuales no asalariadas.

¿Qué derechos son urgentes que se garanticen?

Irene Valdivia y Verónica Greyson coinciden en que son necesarios garantizar el derecho a la salud integral.También el derecho a la salud libre de discriminación para mujeres trans. Derecho a otras oportunidades de trabajo, aborto, vivienda, pensión, vejez digna, maternidad. Y a un sistema nacional de cuidados que contemple la existencia de guarderías nocturnas “para todas las maternidades que tengan trabajos con horarios no convencionales”. 

Hay que hablar del trabajo sexual también como una contingencia social. Sí como una opción laboral pero también como un tema de que para mujeres trans se vuelve ésta la única opción incluso pese al grado de estudios. Cuando una misma decida parar, al momento de presentar un currículum ¿cómo justificas esos años de trabajo sexual? O hay que mentir o enfrentar la discriminación y probablemente se nos niege ese otro empleo”, explica Irene Valdivia. 

Libre de estigma

Sobre el derecho a la seguridad, agrega que “la ley de trata imposibilita el tema de seguridad porque en el trabajo sexual de calle o trato directo, la seguridad es autogestiva o en ocasiones, en contexto de crimen organizado, también se paga una cuota por protección. No hay una fuerza pública que se dedique a proteger a quienes ejercen el trabajo sexual, al contrario, buscamos recursos para defendernos de la policía”. 

Además, menciona que el derecho a la tutela “debe ser libre de estigma y carga moral. De lo contrario puede poner en riesgo la tutela de les hijes, el derecho a adoptar y en sí mismo el derecho a la maternidad”.

Por su parte, Brigada Callejera añade que es necesario garantizar: “la seguridad social, la creación de cooperativas de vivienda, el acceso a un fondo o programa social exclusivo para trabajadoras sexuales, regulación de costos de hoteles. La conformación de un órgano regulador independiente de las autoridades para evitar que la policía someta, extorsione o intimide a las trabajadoras sexuales y sus clientes”.

“Respeto total al trabajo sexual”

En conferencia de prensa, la diputada María Clemente comentó que redactará una nueva iniciativa en donde eliminará el apartado de obligatoriedad “para evitar el peligro de contagio”. Y dijo que durante los próximos quince días recorrerá puntos de trabajo sexual de la Ciudad de México y uno más del Estado México para recolectar las necesidades de las personas trabajadoras sexuales y presentar con ello una nueva iniciativa. 

“El trabajo que (Maria Clemente) quiere hacer en 15 días se hace en realidad en 15 o 20 años. Desde Brigada Callejera seguiremos siendo contestatarias, no nos vamos a quedar calladas, la atención seguirá en las calles y por eso decimos: respeto total al trabajo sexual”, concluyó Arlen Palestina, representante legal de Brigada Callejera. 

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