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Qué hay detrás del operativo contra los mapuche en Villa Mascardi
El violento desalojo en la comunidad Lafken Winkul Mapu muestra un modus operandi de grupos de derecha racistas que buscan quedarse con las tierras.
BUENOS AIRES, Argentina. El Comando Unificado, creado por el gobierno nacional para intervenir en el conflicto por tierras en la comunidad mapuche de Villa Mascardi, a 35 kilómetros de Bariloche, debutó el martes 4 de octubre. Fue un operativo de unos 250 uniformados de fuerzas federales y provinciales.
El comando cortó la ruta nacional 40 y la mantuvo interrumpida muchas horas después del procedimiento. Ingresó a las 6 de la mañana al predio de Parques Nacionales recuperado en 2017 por la comunidad mapuche del Lof Lafken Winkul Mapu. Allí, donde fue asesinado el joven Rafael Nahuel.
El telón de fondo es una campaña contra las comunidades mapuches, a las que volvieron a adjudicar incendios y otros actos de vandalismo que ellas niegan haber cometido. El objetivo es volver a criminalizarlos ahora acusados de haber violado la ley Antiterrorista.
El despliegue de vehículos de comunicación, retenes móviles, carros hidrantes, camionetas y un camión antitumultos concluyó con la detención de siete mujeres mapuches y tres menores de edad. Entre ellas, tres estaban circunstancialmente en el lugar porque eran atendidas por la machi (sanadora) Betiana Colhuan Nahuel, y serían sus “pacientes”. Provenían de La Pampa, Chubut y Buenos Aires.
María Nahuel, delegada de la comunidad, indicó que los agentes ingresaron por el predio de Parques Nacionales. La primera casa del asentamiento corresponde a la machi Betiana, de 22 años, que estaba con sus hijos y fue una de las detenidas. También informó que entre las mujeres aprehendidas se encuentra una embarazada, para quien pidió a las autoridades que se resguarde su salud.
Sin derechos humanos garantizados
El ministro de Seguridad Aníbal Fernández afirmó que “no fue una represión” porque nadie sufrió “ni un rasguño”, y que “no se utilizaron armas letales”.
Sin embargo, Colhuan describió: «entraron un montón de milicos a los tiros. Nos gasearon con nuestros bebés en brazos, luego nos tuvieron demoradas horas y se quieren llevar a nuestros niños”.
Anoche, María Nahuel –tía de Rafael Nahuel y madre de Colhuan– denunciaba que su nieto y otros niños “quedaron solos en el campo”. Imploraba que la dejaran “ir a buscarlos antes que se haga de noche”.
Además, cronistas apostados en el lugar daban cuenta de que no fue posible que los organismos de derechos humanos ingresaran a la Lof. Esta acción conjunta del gobierno nacional y provincial fue repudiada por otras comunidades mapuches de la Patagonia, entre ellas las de Esquel, Trelew y Neuquén. Así como también en Buenos Aires frente a la Casa Rosada.
El incendio que nadie investigó
La jueza federal Silvina Domínguez fue quien dictó la orden judicial para el procedimiento. Lo hizo dentro de la causa abierta contra los integrantes de la comunidad de Villa Mascardi como presuntos autores del incendio de una casilla de Gendarmería. Ese hecho ocurrió hace una semana.
Sin embargo, nadie investiga el incendio intencional del 2 de junio de 2021 que quemó la ruca (casa) de la machi Colhuan en el territorio recuperado. Las pérdidas materiales fueron totales para la familia, que en ese momento se encontraba en Bariloche.
La comunidad repudió los hechos en un comunicado en el que, además, denunciaron la presencia de desconocidos acompañados por efectivos de Gendarmería y Parques Nacionales. Colhuan ya había sido detenida el 23 de noviembre de 2017. Fue cuando miembros de la Prefectura la tiraron al suelo y la obligaron a comer tierra, dos días antes del asesinato de Rafael Nahuel por un disparo de esa fuerza de seguridad.
Ella ejerce un rol espiritual entre sus hermanos y hermanas mapuches. Para eso debió prepararse durante mucho tiempo en un duro camino de aprendizaje, con el acompañamiento de otres machi. Elles guían el camino de quien se le despierta su Püllü/Nguen (rol de machi) durante los primeros años de vida.
La demonización
La abogada de la comunidad, Laura Taffetani (de La Gremial de Abogados y Abogadas) dijo a Presentes que “ayer a la noche, con mucha dificultad, rescataron varios niños que habían quedado solos en el predio. Hicieron el operativo sin importarles que había chicos”. La letrada no dudó en afirmar que “armaron el incendio de la casilla de Gendarmería para justificar el allanamiento. Fue un desalojo encubierto, el desalojo que no habían podido hacer antes”.
Esta modalidad es lo que en Chile denominan “montaje”, tal el caso de la Operación Huracán. De este lado de la Cordillera podrían denominarse “atentados de falsa bandera”: los hacen “ellos” y los adjudican al enemigo. Así los define el grupo de profesionales que asesora a la Coordinadora de Neuquén y al Consejo Indígena de Río Negro.
Estas organizaciones ven con alerta el incremento de la demonización de las poblaciones originarias porque las perjudica en el frente judicial. En particular en sus demandas por el reconocimiento de la posesión ancestral de sus territorios.
Afirman que “ellos” son «grupos de tareas de los agentes de inteligencia, del partido PRO. La propia Gendarmería, con la protección de la gobernadora Anabela Carreras”, principal ariete contra las comunidades, en defensa de los intereses inmobiliarios de la Sociedad Rural de la zona patagónica y de las empresas extractivistas. La funcionaria también acusó a funcionarios del actual gobierno de estar en connivencia con los “mapuches violentos”.
Los integrantes de la Lof de Villa Mascardi están imputados en decenas de procesos judiciales, por usurpación y otros delitos. La semana pasada la dirigenta del PRO, Patricia Bullrich, planteó a la justicia que unifique todas las causas en una sola. También que se los acuse bajo la ley Antiterrorista, junto con políticos, abogados y ex funcionarios del gobierno actual como Magdalena Odarda (ex presidenta del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas). Los acusa de financiar actividades “terroristas”.
El fantasma de la RAM y Consenso Bariloche
El mes pasado, cuando comenzaron una serie de incendios y volanteadas de panfletos de la supuesta RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), el coordinador del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, Orlando Carriqueo, afirmó que “es la propia derecha la que está detrás de estos atentados, que aún tiene influencia en las fuerzas de seguridad”.
Luego de que el exsecretario de Seguridad del macrismo, Eugenio Burzaco, afirmara que las comunidades que recuperan territorio son “grupos de violentos terroristas que quieren quedarse con nuestras tierras de la Patagonia”, Carriqueo respondió: “Ustedes desestabilizan la democracia porque son violentos y racistas”.
Según Burzaco, los mapuche de Villa Mascardi reivindican una soberanía territorial sobre Wallmapu, “que no les corresponde”. Y que quieren quedarse con las provincias de Río Negro, Neuquén, La Pampa y parte de la Provincia de Buenos Aires. Y además no aceptan nuestra constitución nacional ni las leyes argentinas”.
Para Carriqueo, el gobierno nacional es responsable de esta situación por ceder “ante las presiones y violar los derechos humanos”. Además, por permitir que estas fuerzas de derecha estén “preparando el marco propicio para avalar la represión y buscan muertos».
El paso de Juntos por el Cambio en tierras mapuches
Patricia Bullrich, presidenta del PRO, encabezó el sábado una caravana “en defensa de Mascardi”. Exigió el “inmediato desalojo” de la comunidad Lafken Winkul Mapu, por la serie de hechos de vandalismo que nunca se esclarecieron. Los mapuche adjudican la autoría a la policía y a los propios empresarios denunciantes, nucleados en el denominado Consenso Bariloche.
Días antes, la ex ministra de Seguridad había respaldado a Burzaco. También había cuestionado al Ejecutivo nacional: “Las fuerzas federales tienen la orden de no actuar y dejar hacer”, dijo. Según la ex funcionaria y presidenta del PRO, “si las autoridades no actúan, vamos a perder parte de nuestro territorio en manos de extremistas”.
La ex ministra de Seguridad –en funciones cuando desapareció Santiago Maldonado– señaló que llegaron desde Chile cinco miembros de la CAM (Coordinadora Arauco Malleco), “los violentos del lado chileno”. Afirmó que Facundo Jones Huala estaría en Villa Mascardi “detrás del ataque al puesto de Parques Nacionales y la toma de la casa de Luis Dates”.
Además, exigió que “detengan al prófugo Jones Huala”, a quien le revocaron la libertad en Chile donde estaba preso.
“Es hora de discutir una nueva Constitución, que reconozca la plurinacionalidad de nuestro pueblo”
En el mismo sentido, el partido Unidad Popular (UP) de Río Negro repudió “la campaña dirigida a estigmatizar como ‘terrorista’” al pueblo mapuche. “Consideramos que una vez más, actores privados con intereses territoriales en la Patagonia pasan a la ofensiva. Buscan incidir en los litigios que las comunidades originarias mantienen con el Estado para su provecho rentístico”, señaló la agrupación política en un comunicado.
El partido denunció que se organizan mesas de diálogo, pero las comunidades originarias no son invitadas para legitimar socialmente la construcción de sentido. “A partir de hechos singulares, buscan crear una atmósfera de violencia promoviendo la estigmatización de las comunidades originarias de la Patagonia”, apuntó Rodolfo Aguiar, presidente del partido. Para la UP, no puede haber diálogo ni consenso si antes no se reconocen los derechos del pueblo mapuche, su preexistencia expresada en la Constitución Nacional (Art. 75, inc. 17), los convenios internacionales, como el 169 de OIT ratificado por Argentina, la declaración de los pueblos originarios de la ONU y las garantías amparadas en la ley integral indígena de la provincia de Río Negro.
UP indicó que para que esto sea realidad son necesarios jueces independientes del poder político y un poder político capaz de cumplir los fallos y las leyes. “Es un mal antecedente, en este sentido, el incumplimiento del fallo judicial de 2013 ratificado días atrás, que obliga al Ejecutivo rionegrino a acondicionar el Camino de Tacuifí hacia Lago Escondido. No es a Lewis ni a ningún interés especulativo improductivo el que debe defender el gobierno”, completó Aguiar. “Es hora de comenzar a discutir una nueva Constitución, que reconozca la plurinacionalidad de nuestro pueblo y emane de ella la paz, el diálogo, la memoria, la promoción de derechos amasijados por el Ejército argentino en la Campaña del Desierto”, concluyó.
Supremacismo y racismo
“Nos muestran como invasores para resguardar los intereses de empresarios extranjeros”, indicó Soraya Maicoño. Ella es vocera de la Lof Quemquemtrew donde asesinaron al joven Elías Garay en noviembre de 2021 en Cuesta del Ternero. “La situación es dramática. Consenso Bariloche es un grupo supremacista y racista conformado por empresarios turísticos, cabañeros, hoteleros, medios hegemónicos de comunicación, políticos de diferente índole que están en funciones en Río Negro y abogados que viene fogoneando y poniendo al pueblo mapuche en el lugar de usurpadores”, indicó la mujer mapuche. “Están resguardando los intereses de Benetton y Lewis, que tienen casi mil hectáreas y 14 mil, respectivamente, contra una recuperación de sólo siete”, agregó.
Maicoño denunció que “se están vulnerando todos los derechos de las mujeres. Durante el operativo las golpearon y arrastraron, les quitaron sus hijos”. Apuntó que en esa comunidad tienen a “una lamien (hermana) muy importante, la machi Betiana Colhuan Nahuel. Fue detenida con su bebé de tres meses, se metieron con un espacio espiritual muy valioso para nosotros, no solamente porque vivimos en esta zona sino para el Puel Mapu”.
En esta misma sintonía, Mauro Millán, lonko del Lof Pillán Mahuiza, dijo a Revista Cítrica que el conflicto en Villa Mascardi con el Lof Lafken Winkul Mapu “es el emergente de un largo proceso de recuperación territorial del pueblo mapuche-tehuelche. Sin importar el signo político de los gobiernos, la respuesta estatal es la represión como continuidad del genocidio que fundó el Estado nacional”.
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