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Salta: denuncian fallas en juicio por abuso sexual a una niña wichí
Denunciaron que una niña wichí sufrió abuso sexual en la escuela-albergue estudiantil, en 2020. La víctima no recibió apoyo ni contención. El juicio se hizo sin respetar su derecho de acceso a la Justicia. Y absolvíó al acusado. Hay indicios de más casos.
El presidente de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP) Abel Mendoza -Lutsej por su nombre en idioma wichí- denunció falencias en un proceso judicial por abuso sexual en perjuicio de una niña del Pueblo Wichí. Se trata del juicio en que fue absuelto un docente y coordinador del albergue estudiantil de Santa Victoria Este, en el extremo noreste de la provincia de Salta.
Lutsej afirmó que hubo “falencias” en el proceso judicial, porque “la nena no recibió apoyo psicológico. Tampoco han llegado las notificaciones en su domicilio, y no fue acompañada -ni ella ni su madre, que es la denunciante- por una facilitadora indígena intercultural”.
El profesor Javier Luis Gómez, que hasta 2020 se desempeñaba como coordinador del albergue estudiantil del Colegio 5061, San Ignacio de Loyola, de Santa Victoria Este, fue denunciado en 2020 por abuso sexual, en perjuicio de una niña integrante de la comunidad indígena ubicada en el paraje La Merced.
Hay más casos pero poca confianza en la Justicia
A pesar de que esta es la única denuncia formal, Lutsej y otras personas de pueblos indígenas aseguran que hay más casos de abusos sexuales dentro del albergue. Pero las madres sienten temor y no realizan las denuncias en el sistema judicial. Y creen que el resultado de este juicio las desalentará aún más.
El 26 de agosto la jueza Azucena Margarita Vázquez, vocal de la Sala II del Tribunal de Juicio de esa ciudad, dispuso la absolución del docente. El resultado del fallo se conoce solo de forma extraoficial, porque ni el Ministerio Público ni el Poder Judicial de Salta dieron hasta ahora información sobre el proceso judicial. El Poder Judicial solo confirmó que el 26 se dictó la sentencia.
El juicio se realizó a más de 160 kilómetros de Santa Victoria Este, cuya población es mayoritariamente indígena. Un grupo de personas, incluidas integrantes del Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir, acompañó a la madre el pasado 26. Lutsej contó a Presentes que salieron “bastante dolidos” porque, una funcionaria (aparentemente, la secretaria del Tribunal) les dijo que no hubo suficientes pruebas para condenar al acusado,. “Que fue solamente un intento de toqueteo y que la nena no tenía testigos”.
Según contó Lutsej, este fue el hecho denunciado por la madre: su hija le contó que “Gómez la quería raptar y se escapó de las manos”. La mujer hizo la denuncia penal “y retiró a su nena del albergue para seguridad, porque vio que no había una intervención inmediata de parte de la justicia”.
No se respetó el derecho a Justicia
El referente cuestionó que en el juicio oral la denunciante declaró sin traductor y nunca hubo un facilitador que les ayudara a comprender los vericuetos del proceso judicial de la provincia. Añadió que el coordinador amenazó antes “a sus víctimas” y que en junio pasado, cuando se suspendió una primera convocatoria al juicio, “se burló y amenazó a la madre, que no va a hacer nada porque él está sostenido políticamente, y anteriormente la amenazó de muerte”. “Esto es algo grave”, afirmó antes de destacar que “las mamás de las otras víctimas no se animaron a denunciar por esta persecución o por esta amenaza”.
Para mayor desasosiego de la denunciante y quienes la acompañaban, el docente y su familia celebraron su absolución en las redes, y recibieron expresiones de júbilo, algunas, cargadas de racismo, de otres pobladores criolles de la zona.
El 31 de agosto Lutsej llegó a la ciudad de Salta, a 517 kilómetros de Santa Victoria Este, para tratar de que el docente no siga trabajando en el albergue, porque temen por la seguridad de les adolescentes que residen en ese lugar para poder asistir a clases. El referente trajo actas del albergue estudiantil en las que se cuentan otros hechos de abusos o intentos de abusos sexuales e incluso se habla de una niña embarazada, y se reunió el mismo 31 con la secretaria de Mujeres, Géneros y Diversidades de Salta, Itatí Carrique, a quien le pidió que haga llegar esa documentación al Ministerio de Educación de la provincia.
“Sigue ejerciendo como si nada”
Lutsej contó que consideran que el proceso judicial se llevó a cabo “todo a favor del abusador”, sostuvo que en el Ministerio de Educación tampoco apartó del albergue al docente, que siguió trabajando en ese espacio, aunque en otras tareas, y ahora temen que vuelva a su puesto de coordinador.
“No hay una sanción ministerial de parte de Educación, esta persona sigue ejerciendo su función como si nada”, aseguró. Recordó que tras la denuncia esperaron pacientemente “dos años” a que la justicia se pronuncie, en el convencimiento de que les otorgaría razón a la denunciante y a quienes la acompañan.
“Tenemos quejas asentadas en el libro de actas generales del colegio. Tampoco hubo un llamado de atención de parte del ministro de Educación (Matías Cánepa). Y ahora nosotros tenemos miedo” de que vaya a seguir “ejerciendo su trabajo mientras que las niñas van a permanecer ahí, qué seguridad les da a las niñas estando ahí el abusador, la justicia qué medidas va a tomar, ese es el miedo de nosotros. Qué garantías no dan, no hay derecho”, lamentó.
Un acta del 23 de noviembre de 2020 da cuenta de que, tras recibir la notificación del trámite de la causa penal contra Gómez, la directora del Colegio San Ignacio de Loyola, Rosa Ruiz, le dio funciones de secretario en el turno tarde,. Debía cumplir esa función “hasta que se resuelva la situación”.
En otra acta, se transcribe un informe que la misma directora elevó al Ministerio de Educación. El motivo es que no pudieron encontrar la disposición interna de toma de posesión del profesor denunciado. La directora añade más información: el albergue estudiantil, que es un anexo del Colegio secundario San Ignacio de Loyola, “es una institución con muchas carencias y falta de personal, especialmente de la atención de las jóvenes”, cuenta. Para entonces estaban albergades 30 niñas y 30 varones.
Indicios de más abusos en el albergue
En un acta de marzo de 2020, de una reunión de padres y madres de adolescentes de parajes retirados que pernoctaban en el albergue de lunes a viernes, se intercambian afirmaciones sobre irregularidades en ese lugar. Una madre dice que hay “mala organización”, otra sostiene que el coordinador “estaba acosando”.
El presidente de la UACOP habla de “descontrol”. Otro hombre afirma que lo que pasa ahí es “un caso delicado”. Y si bien dice que habló con el coordinador y “se solucionó todo”, luego agrega que hay “una chica embarazada”, que dio a luz a un niño. En este caso se hace constar que el coordinador dijo que llegó embarazada al albergue. Sin embargo, otres pobladores indígenas aseguraron a Presentes que la niña fue abusada en el albergue. Tras otras consideraciones, un cacique termina manifestando que teme por la seguridad de sus hijes y no los enviará más al albergue.
En un acta de julio de 2021, se dejó constancia de que una mujer se entrevistó con la directora Ruiz para denunciar que en 2017 dos jóvenes varones intentaron forzar a sus hijas adolescentes para tener relaciones sexuales. Se evitó porque las chicas lograron huir y encerrarse en otra habitación, donde permanecieron toda la noche despiertas, con mucho miedo.
En el acta se asentó que una de las adolescentes contó en ese momento que uno de los jóvenes les decía: “Yo soy el que manda, porque yo tengo las llaves de los portones porque Javier me dio la autorización”. La madre añadió que al día siguiente sus hijas se retiraron del albergue, muy asustadas; que fueron a buscarla y ella misma vino a informar de ese hecho a la directora de ese momento, de apellido Avalos, y al coordinador.
Piden intervención del Ministerio de Educación
“Estamos pidiendo intervención de parte del ministro de Educación, porque si no, no va a haber una protección a las menores, que son varias. Esta persona va a seguir ejerciendo su labor como si nada”, insistió Abel Mendoza. El Ministerio de Educación de Salta no informó a Presentes sobre la situación administrativa del docente.
Racismo institucional
En un pronunciamiento en el que denunció la “violación, impunidad y racismo contra una alumna wichí”, el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir resaltó que en Salta, reconocida en el ambiente del turismo con “La Linda”, “los relatos de racismo, abandono y violaciones a todo tipo de derechos son denunciados cotidianamente. Y es allí donde el poder de la impunidad de tanto siglos prevalece en las instituciones del Estado Argentino”. Y expresó que este es un “nuevo caso de racismo institucional”.
Junto al Foro de Mujeres por la Igualdad de Oportunidades de Salta, el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir denunció que “desde el inicio del proceso, desde el primer momento, siempre las trataron en castellano (a la niña y a a su madre), en ningún momento convocaron a una facilitadora intercultural como lo exige el Derecho durante los procesos de denuncia. Nunca se respetó el derecho internacional de la OIT, ya que la niña y su madre hablan poco el castellano, por ser su lengua materna el Wichi”.
Y añadieron que hubo “irregularidades de todo tipo, como la falta de acompañamiento y protección a la niña por haber sufrido esta aberración”. Por estos días, “la familia está recibiendo amenazas de muerte pero no hay ningún dispositivo que les resguarde por parte de los organismos que deberían de estar interviniendo”.
Convocan para el 6 de septiembre
El 6 de septiembre se darán a conocer los fundamentos del fallo. Abel Mendoza difundió hoy un pedido de acompañamiento para ese día, dirigido “a todas las comunidades, en especial las mujeres feministas”. Y destacó que así “como hay niñas, también hay niños producto de las violaciones”. Asimismo, contó que no cuentan con apoyo jurídico.
“Nos preocupa gravemente la impunidad en la que gobierna el poder de la Justicia patriarcal, racista y colonial. También es doblemente preocupante lo que pueda suceder a la joven quien hoy tiene 17 años. Nos preguntamos: ¿Quién garantiza la integridad de ella y su familia por decidir acabar con la impunidad de los criollos abusadores?”, afirmaron ambas organizaciones. E hicieron responsable a la jueza Azucena Vásquez “de lo que pueda sucederle a más jóvenes”. “¿Quién resguardará a las demás estudiantes indígenas? Este abusador sigue libre, impune en su trabajo en el albergue estudiantil”, ratificaron. El Movimiento y el Foro también hicieron un llamamiento a organizaciones y “a todas las personas que ya no quieren más impunidad, ni más racismo por parte del aparato Judicial, a que se pronuncien repudiando este fallo y a concentrarse el 6/9/22 para visibilizar esta injusticia”, frente a los Tribunales.
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