BUENOS AIRES, Argentina. La “nueva normalidad” que deja a su paso la pandemia de coronavirus también deja mucho para analizar en los espacios de encierro. En las cárceles, el vendaval pandémico no hizo más que agravar problemáticas preexistentes. Y expuso con crudeza cómo esas prácticas sistemáticas afectan más a las minorías intramuros: mujeres y disidencias.

Son pocas en relación al total de la población presa -685 mujeres cis y 31 trans en el Servicio Penitenciario Federal, sobre un total de 10.491 personas presas a fines de febrero-. Pero muchas veces se llevan la peor parte en materia de vulneración de derechos.

Estigmatizadas como el resto de la población carcelaria pero aún más invisibilizadas, mujeres y disidencias de distintas cárceles lograron en los últimos meses dar cierta difusión a reclamos puntuales ante situaciones acuciantes. Lo hicieron mujeres cis y trans presas en el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza, así como personas intersex detenidas en Los Hornos, provincia de Buenos Aires, o en la cárcel de Bouwer, en Córdoba. Falta de agua, insuficiencia de comida, no acceso a tratamientos y atención médica –incluso cuando había síntomas o diagnósticos confirmados de Covid- fueron algunos de los asuntos por los que alzaron la voz. La respuesta, en casos como el de Córdoba, llegó en forma de represión.

Situaciones que forman parte de un todo del que aún resta mucho por conocer.

También hay escasez de datos

Recién desde 2015 el Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena (SNEEP) registra la población trans/travesti privada de su libertad.

El salto poblacional desde entonces fue marcado: de 33 personas ese año a 124 en 2020. El Servicio Penitenciario Bonaerense aloja al 77% de esta población. Y la Ley 23.737 –Ley de Drogas- representa la principal causa de encarcelamiento de mujeres trans/travesti, sobrerrepresentadas en las prisiones en comparación con otros grupos.

En 2017, un 43 por ciento de las mujeres (1.561) y el 70 por ciento del total de personas trans (89) estaban encarceladas por estos delitos, según consignó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en su informe de 2019: “Guerra contra el narcotráfico, guerra contra los pobres”.

De acuerdo al informe anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) presentado en 2020, la evolución de la población de mujeres cis y personas trans encarceladas registra un “claro aumento” desde hace décadas. De todos modos, sigue siendo muy minoritaria.

Según los datos de la Dirección Nacional de Política Criminal, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, hacia fines del 2019 había más de 4.500 mujeres cis y personas trans detenidas en Argentina: un 5% de la población penal total.

Este crecimiento se da a nivel global: entre 2000 y 2017 la población carcelaria femenina aumentó en un 53.3 por ciento, mientras que la de los hombres aumentó en un 19.7 por ciento, según datos citados en el informe “Mujeres Trans privadas de su libertad: la invisibilidad tras los muros”, impulsado por la PPN, junto a organizaciones regionales.

“La cárcel pesa y agobia a toda la población, pero sobre todo a la población femenina, a mujeres y diversidades”, remarca Josefina Ignacio, del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT) “Porque la cárcel está construida, fue concebida, para varones. Desde lo edilicio, los tratamientos, la lógica carcelaria. Las mujeres se tuvieron que ir adaptando a eso. La cárcel tiene una lógica muy patriarcal, está gobernada por una institución absolutamente verticalista y eso hace que sea muy machista. La mujer trans o cis que llega a la cárcel en general ya ha sido vulnerada y en la mayoría de los casos ha sufrido violencia de género. Casi todas. Lo encontrás en cada uno de sus testimonios. Y lo siguen padeciendo ahí adentro”.

Menos salud

“Todo está atravesado en este momento por la pandemia. Las cárceles traen muchos problemas estructurales, de trato, desde siempre. Pero la pandemia lo puso más visible y profundizó muchas de estas cuestiones”, dice Verónica Manquel, Coordinadora del Equipo de Género y Diversidad de la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).

Resalta también que un punto que preocupa especialmente tiene que ver con el acceso a la salud. “En 2020 y 2021 el problema del acceso a la salud fue cada vez más crítico. Y eso afectó de manera diferencial a los distintos colectivos. Sobre mujeres y población trans, el acceso a controles en general y en particular sobre salud sexual y reproductiva o no fueron puntos muy sensibles. Durante mucho tiempo en el SPF no contábamos con fallecimientos de mujeres y trans y en 2020 hubo casos, por temas no directamente vinculados con Covid sino por deficiencias, demoras en el acceso a la atención que terminaron en situaciones críticas”.

Para Manquel, “la pandemia se apoyó sobre sistemas sanitarios intracarcelarios que ya eran críticos y eso se sumó a que todos los sistemas de salud estaban en crisis a nivel nacional. Se cortó o fue más difícil acceder a intervenciones extramuros. Todo dependía de la atención intramuros y eso fue un problema”.

“Aun manifestando tener síntomas de Covid y volando de fiebre, no acceden a tomarte la temperatura e hisoparse”, contaba a fines de enero desde el Complejo Penitenciario IV de Ezeiza una detenida que optaba por el anonimato. La falta de garantías sanitarias descritas por Whatsapp incluían carencia de agua potable “desde Navidad” y “una plaga de ratas que no exterminan y su justificativo es que no tienen presupuesto para comprar veneno”. Recién en a mediados de febrero el panorama comenzaba a modificarse.

“Hay una dificultad con el acceso a la salud en todas las unidades, y más en las de mujeres, que necesitan cosas más específicas respecto a la salud: la cuestión ginecológica, obstétrica, con el Covid y la pandemia hubo mucha demanda de asistencia psicológica. Hubo intentos de suicidio. Para las personas encarceladas, sobre todo para las mujeres sin visitas de hijos, fue muy dura la pandemia. Estuvieron mucho más tiempo que nosotros sin contacto”, compara Ignacio, del CNPT.

Para Victoria Darraidou, Coordinadora del equipo Seguridad democrática y violencia institucional del CELS, “esta población padece problemas de salud con mayor incidencia que la población general. Entre las patologías más comunes se encuentra el VIH-sida. Los tratamientos y asistencia suelen verse interrumpidos o demorados durante el encierro. Por otra parte, en la mayoría de los casos se ven suspendidos los tratamientos hormonales ocasionando problemas para la salud física y psicológica de las personas. Además, las personas trans/travestis denuncian un trato desigual y discriminatorio por parte del personal médico penitenciario y una demora excesiva entre el pedido de asistencia médica y la concreción de la atención requerida”.

Más sujeción

Adriana Revol se define como “militante anticarcelaria” y habla desde Córdoba para denunciar la situación de las mujeres cis y trans presas en Bouwer, prisión que depende del gobierno provincial. Coincide en que “la pandemia ha venido a agudizar problemas existentes históricamente” y advierte que la asistencia médica “no es poca, es inexistente”.

La ola de calor de enero encontró a las presas de Bouwer casi sin agua. “Se las cortaban al mediodía y volvía a las 12 de la noche, cuando estaban encerradas bajo llave en las celdas, sin poder salir a bañarse. La comida no era suficiente, porque era para 10 personas -el cupo que tiene ese lugar de aislamiento- pero había 19. Pedían un paracetamol, ibuprofeno, para bajar la fiebre de las mujeres, porque ahí estaban las positivas de Covid. Pedían lo básico y no les daban. De asistencia médica, ni hablar. Esa fue la gota que rebalsó el vaso. ¿Cuál fue la respuesta del estado? La represión. Entran las fuerzas de seguridad especiales del Servicio Penitenciario con balas de goma”.

Revol cuenta que en el marco de esa represión “a algunas personas las llevaron a las camas de sujeción, donde las atan de pies y manos, a veces del torso. Las horas o días hasta que se curen, dicen ellos, porque esta receta la firma el médico. Córdoba es la única provincia donde existen. Estamos peleando contra esto, pero está avalado por el Poder Judicial, que sería el cómplice de la tortura. No existiría si el Poder Judicial no la avalara”.

Según la militante anticarcelaria, “esa medida de sujeción, como los psicofármacos y chalecos químicos, las sufren más las mujeres. Como somos locas, histéricas, sufrimos más ese tipo de represión”.

Fue el 9 de enero cuando las protestas dieron paso a las camas de sujeción. Un día antes, un grupo de detenidas había recibido el resultado positivo del test de coronavirus. Para aislarlas, las enviaron a un sector reducido, sin ventilación ni heladera, en días con temperaturas agobiantes. La cuarentena no incluía atención médica. Tras más de 24 horas en ese encierro dentro del encierro, quemaron un colchón a modo de reclamo. Los matafuegos no alcanzaron y las mangueras llegaron tarde. Una mujer tuvo que ser internada con quemaduras graves. Para las demás, llegó el castigo: sujeción o traslados.

Menos visitas

Otra forma de “torturas”, dice Revol, son los traslados. Porque, en el caso de las mujeres cis y trans y ante la menor cantidad de espacios de encierro disponibles para ellas, los traslados implican más lejanía. Y más lejanía implica menos visitas, en colectivos que ya de por sí son menos visitados que los masculinos.

“Está estudiado que hay menos visitas a mujeres. En muchos casos porque las cárceles de mujeres están alejadas de centros urbanos y eso hace más difícil el acceso. Muchas veces no cuentan –sobre todo en el caso del colectivo trans- con familiares que puedan acercarse. Ahí las organizaciones cumplen ese rol”, explica Manquel, de la PPN.

Ese tipo de redes las tendió en Bouwer el colectivo Solidaridad Anticarcelaria, del que participa Revol. Pero aclara que quienes ponen el cuerpo son “un grupo de pibas que llevan paquetes a mujeres trans que no reciben visitas, las más abandonadas”. Desde que comenzó la pandemia, les acercan medicamentos, ropa, calzado, yerba, galletas. “Vamos una o dos veces al mes. El gasto es muchísimo”, dice Revol, y acota que “el Servicio Penitenciario pone todos los obstáculos habidos y por haber. Sólo permite a cada una dejar cosas para tres personas, entonces tienen que viajar varias. Ellas y elles son quienes están poniendo el cuerpo, comprando, bancando horas y horas de espera”.

“La visita para las personas detenidas cumple una doble función, que no es solo el contacto y sostenimiento afectivo, sino también lo material. En las mujeres y trans, encima de que son poco visitadas en relación a los varones, la pandemia las dejó más aisladas aún. Eso recrudeció un montón la vida al anterior de la cárcel. En 2021 se retomaron las visitas de forma progresiva, pero siguen teniendo algunas dificultades. También porque el Covid sigue circulando y se aíslan muchos pabellones. Hay un rebrote importante de muchas cárceles, en particular de mujeres, como en el Complejo 4”, detalla Manquel.

Desde allí, una detenida describe que “el salón de visita no se encuentra en condiciones para recibir a nuestros familiares y amigos. Los trámites que exigen para comprobar vínculo son una burocracia casi imposible de completar y los cupos de amigos son solo tres”. El deterioro de las condiciones edilicias –como las del salón de visita- también empeoró en pandemia, cuentan las especialistas que volvieron a recorrer los pabellones en 2021.

“La mujer que llega a la cárcel es mucho más estigmatizada en la familia, en el barrio, que el varón que llega a la cárcel. No recibe visitas, no recibe alimentos, cosas de higiene personal. El encierro es mucho más gravoso para la mujer. Muchas eran jefas de familia, contenedoras del grupo familiar. De hijos, padres, familiares enfermos. Al ir a la cárcel eso se rompe y le pesa a la mujer”, describe Ignacio. La destrucción del vínculo materno-filial es señalada como una “pena añadida a la condena”, y extiende el castigo sobre hijos e hijas de mujeres presas.

El informe anual presentado en 2019 por el CNPT ante la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo advertía que “todas estas penas añadidas que sufren las mujeres encarceladas se acentúan en el caso de un colectivo emergente en las prisiones de la Argentina, como es el de las extranjeras, que representan un alto porcentaje en las cárceles federales, en su gran mayoría acusadas de violaciones a la ley de drogas. En la medida en que la legislación y las prácticas penitenciarias no contemplan las singularidades y problemas específicos, las mujeres cis y trans sufren en mayor grado violaciones de sus derechos fundamentales y se constituyen en uno de los grupos más vulnerados”.

Más discriminación

En septiembre de 2020, el tribunal Oral Federal de Posadas emitió un dictamen favorable para que pudiera acceder a la prisión domiciliaria una joven trans alojada en el CPF IV de Ezeiza, por encontrarse en una situación de desprotección en el marco de sus condiciones de detención.

Según difundió entonces la PPN, la joven de 19 años “sufría sistemáticamente actos discriminatorios y violencia psicológica en virtud de su identidad de género. Asimismo, el argumento transversal del pedido fue la falta de un espacio de alojamiento adecuado”, ya que “el SPF no dispone de unidad que aloje personas mujeres transgénero menores de edad. En consecuencia, ante la falta de opciones respetuosas del derecho a la identidad de género de la detenida, la única vía a disposición, compatible con el respeto a la integridad personal y que permitirá el cese de las situaciones discriminatorias, será mediante el uso de la prisión domiciliaria”.

La falta de alternativas para el alojamiento de acuerdo a la identidad de género, y los episodios de discriminación y violencias que eso genera, forman parte de las problemáticas específicas de este colectivo en prisión. El criterio no es unificado: por lo general en la Argentina las mujeres trans son alojadas con mujeres cis, también hay pabellones específicos y poca claridad para situaciones como los procesos de transición que se dan intramuros.

Josefina Alfonsín, responsable del proyecto sobre LGTB+ en contexto de encierro de la PPN, está trabajando en un relevamiento diagnóstico mediante entrevistas con personas trans encarceladas. Se decidió encarar el proceso previo a la pandemia, pero luego el Covid-19 obligó a postergarlo y reconstruir los objetivos de ese mapeo, que hoy analiza también los efectos de la pandemia en este colectivo.

El análisis contempla cuestiones como las condiciones de vida previas a la detención, el momento en sí, las situaciones de selectividad penal y el impacto de la Ley de Identidad de Género en las comisarías. Uno de los aspectos que emerge, aunque el trabajo aún está en curso, tiene que ver con el “derecho a la consulta” en torno al lugar de alojamiento.

“Hay un consenso, ni desde el Poder Judicial ni desde el Servicio Penitenciario consultan sobre el lugar de alojamiento. Lo que termina pasando es que hay situaciones de discriminación tanto por personal penitenciario como por el resto de las detenidas”, plantea Alfonsín. Y sostiene que “deberían existir mayores espacios de alojamiento para personas de la diversidad y fortalecer el derecho a la consulta sobre su régimen de vida dentro de la prisión. Falta trabajar una línea de diversidad sexual en todo el Servicio Penitenciario Federal”.

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Qué pasa con la población trans luego del encierro

Otro de los puntos del diagnóstico, vinculado a las condiciones de vida previas, también está exponiendo un universo común para gran parte de las personas trans detenidas. Falta de oportunidades laborales y desarraigo familiar forman parte de un combo que vuelve a repercutir en el después, tras el encierro. “Hay que pensar políticas postpenitenciarias para este colectivo –insta Alfonsín- y señala que las dificultades por los prejuicios existentes dentro del Poder Judicial niegan por ejemplo arrestos domiciliarios porque estas mujeres no tienen una casa. Sufren dificultades a medidas alternativas al encierro carcelario y faltan políticas para el momento de recuperar la libertad”, resume.

“Es muy común que no se respete el género autopercibido de las personas travestis y trans. Este acto de discriminación por lo general queda plasmado en las actas policiales y luego es arrastrado en los expedientes judiciales. Los malos tratos y hechos de torturas ejecutados por el personal penitenciario, que son moneda corriente en la población general, asumen una connotación sexualizada y más extendida cuando se trata de población trans/ travesti”, compara Darraidou, del CELS.

Nada de esto es exclusivo de Argentina. Y si bien, cada país de la región tiene sus particularidades al analizar la situación de las personas trans, “el patrón cultural de la criminalización está”, afirma Alfonsín. “Recién en estos últimos años se empezó a producir información sobre qué pasa con estas personas en las cárceles. En cada país va variando según las problemáticas locales, en El Salvador o México hay problemas con el crimen organizado, pero sí es una población altamente criminalizada. Y si analizás las condiciones de vida previas a ser capturadas por el sistema penal, también se encuentran con una realidad muy parecida a la Argentina. Acá la Ley de Identidad de Género es de vanguardia, pero dentro de los penales, si bien se avanzó un poquito en pensar alguna política penitenciaria desde otro enfoque, no resulta suficiente. Falta mucho”.