SALTA, Argentina. Por primera vez en la historia de la provincia de Salta, un grupo de mujeres del Pueblo Nación Wichí exigió públicamente que se repare el daño causado por los abusos sexuales cometidos por hombres “criollos” en perjuicio de niñas y mujeres adultas indígenas, una práctica que aún sigue.

El 22 de febrero la mujer wichí Octorina Zamora entregó formalmente al Ministerio de Seguridad y Justicia de Salta una carta firmada por una treintena de mujeres de la comunidad Misión Kilómetro 2, ubicada en el departamento Rivadavia, en jurisdicción del pequeño pueblo de Pluma de Pato, a casi 400 kilómetros de la ciudad de Salta.

“Las mujeres que suscribimos esta nota hemos sido madres de niños que han nacido fruto de relaciones con hombres ‘criollos’, como se los llama comúnmente por esta zona. Hombres que no pertenecen a nuestra comunidad”, sostienen en la carta. El agravante es que “muchas de esas relaciones no fueron consentidas, y también muchas de ellas sucedieron a una muy temprana edad, en condiciones que hoy reconocemos como claros abusos”.

Sin embargo, lo que más las movilizó es la situación de sus hijos e hijas. “Estos hombres han rechazado su rol como padres dejando toda la responsabilidad a nosotras quienes –como pudimos- llevamos adelante la maternidad en contextos de extrema vulnerabilidad”.

Por eso pidieron al ministro de Seguridad y Justicia, Abel Cornejo, que las ayude a que «se respete el derecho a la identidad de nuestros hijos y se repare el daño causado por los hombres que rechazaron sus responsabilidades como padres”.

La acción de estas mujeres es una de las consecuencias directas de la agitación que generó en Misión Kilómetro 2 el femicidio, a mediados de enero último, de la niña Pamela Julia Flores, que a los 12 años de edad fue acuchillada por otro adolescente de la comunidad.

El cuerpo de la nena fue abandonado entre unos matorrales, cerca de la misma población indígena y al costado de la ruta nacional 81, arteria que mucho tiene que ver con estas historias de abusos.

En medio del duelo, y de la necesidad de demandar que se investigue a fondo el contexto en el que se cometió este crimen, en el que se destaca el consumo de drogas y alcohol y el aprovechamiento de hombres criollos que ofrecen dinero a cambio de sexo, la familia de Pamela pidió ayuda a Octorina Zamora.

Así se gestó la Primera Asamblea General de Mujeres Indígenas de la Ruta 81, realizada bajo la consigna Nehuayiè-Na’tuyie thaká natsas-thutsay-manses (Acompañemos a nuestras infancias y adolescencias), llevada a cabo el 11 y 12 de febrero, en la misma comunidad. A su vez, en este encuentro se originó el intercambio que cuya síntesis se expuso en la carta.

Testimonios: “Nuestra hora ha llegado”

Las mujeres afirman en el texto que sienten la necesidad de contar “todo el dolor” que vivieron y viven en una “lucha que ha sido invisibilizada y silenciada. Esta decisión no fue fácil, pero sentimos que es el momento, que nuestra hora ha llegado” porque “hoy somos fuertes, estamos en unidad, por lo que creemos que es tiempo de alzar la voz”.

“Queremos denunciar a todos esos hombres que nunca cumplieron con sus obligaciones como padres pisoteando los derechos de identidad de nuestros niños”, afirman. Esos hombres, denuncian, “marcaron para siempre nuestras vidas, y la de nuestros niños causando un daño irreparable en nuestra sociedad indígena”.

Los testimonios, incorporados a la carta, son elocuentes sobre la discriminación y el racismo que exhiben estas prácticas:

– “El padre de mi niño era un hombre que vino a trabajar en la ruta, me embaracé con 14 años, él tenía 40. Después de un tiempo se fue, me dejó sola y se fue a otra provincia. Con el tiempo también entendí que fui abusada y no lo sabía”.

– “Mi hijo es hijo de un trabajador de la salud, un enfermero. Un día le llevé a su hijo para que lo conozca y nos echó como a un perro. Mi hijo sufre por eso”.

– “Trabajaba limpiando en una casa en el pueblo de Pluma (de Pato). Mi patrón me embarazó y nunca se hizo cargo, nos rechaza, somos su vergüenza. Pero él continúa haciendo lo mismo a otras mujeres, a otras chicas”.

– “Mi hija es hija de un carnicero reconocido en la zona. Intenté denunciarlo en Morillo (Coronel Juan Solá, a unos 25 kilómetros) para que me reconozcan a mi hija, pero la policía se burlaba de mí y nunca me tomaron la denuncia. En Pluma es peor”.

– “El padre de mi hijo tiene como cinco hijos con distintas mujeres de esta Misión, no se ha hecho cargo de ninguno de ellos, pero sigue teniendo hijos como si fuera un juego”.

– “El padre de mi niña me engañó, hoy no puedo sostener una familia, no puedo decirles a mis hijos que su padre nunca los quiso”.

-“Muchos criollos que tienen hijos en la Misión también tienen negocios, muchas veces compran el silencio de las mujeres y de la comunidad entregando mercadería”.

– “Mi niño sufre porque él sabe quién es su padre, alguien del pueblo, que ya formó otra familia, pero cuando ve a mi hijo lo rechaza, lo insulta”.

– “Es difícil criar a un niño que es diferente, que es hijo no reconocido, cuesta criarlo con amor, cuesta mucho. Tengo miedo que sea una persona infeliz”.

-“Nuestros niños sienten que no pertenecen a ningún lado, ya que se sienten wichí pero se ven como criollos, por eso son víctimas de burlas crueles de parte de otros niños. Mi hijo me pregunta ¿por qué somos distintos?”.

Devolver derechos

La carta, según afirman las mujeres, es un pedido de justicia y un pedido de reparación para ellas, para las infancias, para las familias y para la comunidad.

“Somos muchas las mujeres que llevamos esta carga, este sufrimiento. Sufrimiento por ser rechazadas, por ser discriminadas, por nuestros hijos, a quienes se les han negado sus derechos. Sufrimiento por el futuro de nuestra comunidad indígena la cual estará formada por hombres y mujeres sin identidad, hombres y mujeres criados con rechazo”, aseguran

Nuestros hijos son hijos de los primeros trabajadores de la ruta que vinieron de otras provincias, son hijos de almaceneros, de los carniceros, de policías, de gendarmes, de maestros, enfermeros, y de todos los que en su momento quisieron ‘satisfacer’ con nuestros cuerpos sus deseos sexuales”, afirman.

También destacan que estos hechos se repiten de generación en generación.  “No es una historia del pasado, ya que estas prácticas, este comportamiento hacia nuestras mujeres continúa sucediendo al día de hoy”.

Silencio, discriminación y sometimiento

Octorina Zamora respecto a los testimonios, observa, “son muchos años de sometimiento, muchos años de silencio de parte de nosotras las mujeres. Con este tipo de aberración que tuvimos que sufrir desde nuestras abuelas y bisabuelas”.

 “El Ejército argentino también ha violado, ha abusado de nuestras bisabuelas, de nuestras abuelas, de nuestras madres, y eso siempre permaneció en silencio”.

En el mismo sentido recordó que en su infancia, en Embarcación, “la turcada (como llaman a la clase media en el pueblo), que son argentinos, son gente blanca, gente criolla, agarraba de empleada a niñas o adolescentes y después hacían debutar a sus propios hijos. Eso se mantenía en silencio, y se mantiene en silencio aún hoy”.

Cuenta que a su madre le daba terror que ella fuera a trabajar en esas cosas. “Tengo familia que ha tenido hijos de sus patrones, y sus patrones nunca se hicieron cargo de sus hijos. Hay jóvenes, hay adultos, que se parecen a sus patrones, y (los padres biológicos) nunca se hicieron cargo. Y esos patrones también han tenido hijos con otras mujeres, con diferentes mujeres que han sido empleadas en sus casas. Todo permaneció en silencio”.

Es algo que no solamente pasa en Embarcación, explica Octorina. “Pasó en otros pueblos, que nos utilizaban a nosotros como objetos sexuales. Y eso duele (se le rompe la voz), y entonces la historia nunca se va a acabar si no la dice”.

La carta

La carta tiene cuatro pedidos concretos al Estado provincial, a través del Ministerio de Seguridad y Justicia. Uno de ellos es que arbitre los medios necesarios para que la Justicia investigue e intervenga para devolver sus derechos y los de sus hijos.

Piden también “que ponga a disposición los equipos interdisciplinarios del Ministerio convocando a abogadas, psicólogas, trabajadoras sociales y personal competente capacitado para asistir en la denuncia de nuestro caso” y que “les brinde protección y acompañamiento durante todo el proceso para resguardar nuestras identidades. Así como también las identidades de nuestros hijos menores”.

Otro de los pedidos es que “garanticen la seguridad tanto a madres como a hijos una vez que esta denuncia se haga pública”.

De mujer a mujer

Los relatos recopilados en la carta no surgieron en la Asamblea de Mujeres sino de un pedido particular que le hizo la comunidad a Octorina Zamora. Así comenzó el proceso que derivó en la carta.

 “Se me arrima una mujer para decirme su situación, la situación de los hijos, y cómo hacer para reclamar la manutención de sus hijos porque ella no tenía trabajo, no tenía ayuda, pero el papá de los hijos sí tiene trabajo y tiene un sueldo fijo. Me dice ‘si vos me apoyás, me ayudás, yo voy a denunciarlo’”.

Otra mujer escuchó y también le contó su historia de abuso, “Y así, se iban enterando y me iban como pidiendo hablar a solas conmigo”, cuenta.

“Como mujer sé de muchos testimonios de otras mujeres que han pasado muchas carencias, siempre con miedo de denunciar al hombre, al macho, entonces me pareció buenísimo que venga así de una comunidad tan vulnerable y vulnerada como es Kilómetro 2”, reflexionó Octorina en conversación con Presentes.

Al principio tampoco habían pensado en una carta dirigida al ministro de Seguridad y Justicia. La mujer que le pidió ayuda para denunciar al padre de sus hijes y Octorina viajaron a Embarcación, a casi 130 kilómetros, con la intención de hacer la denuncia formal, pero les dijeron que debía ir a mediación. Justo ese día no había atención en esa dependencia.

De regreso en su comunidad la mujer contó su frustración, entonces pidieron a Octorina que pensara en otras vías para denunciar estos hechos. De ese modo, llegaron a la carta.

El texto empezó con cuatro o cinco mujeres, pero cuanto más hablaban más historias se sumaban. Incluso se acercaron el presidente de la comunidad, Raúl Manuel, y el cacique, Porfirio Amado, “apoyando a las mujeres, así que estaban totalmente empoderadas”.

Octorina Zamora destacó al cacique Porfirio Amado porque el primer día del encuentro de la Asamblea de Mujeres, propuso “una ley para meter presos a los hombres que abandonan a los hijos, que abandonan a las mujeres, que solamente va a para satisfacer sus deseos sexuales a buscarse una india.Después cuando la indígena tiene el hijo, ellos se borran, no quieren saber nada”.

 “Es común eso porque no hay ninguna sanción. Entonces él pedía una ley. Eso a mí me quedó como grabado en la cabeza, y creo que también las mujeres tomaron esa idea”.

La cuestión judicial

En la carta las mujeres dicen que acuden al ministro de Seguridad y Justicia porque no tienen respuestas en la Justicia local. “Nos niega cualquier posibilidad de denuncia, nos niega cualquier posibilidad de acción haciéndonos sentir que nuestra lucha es en vano y que lo que nos sucede a nosotras es parte de algo cotidiano. Constantemente sufrimos la discriminación y constantemente somos sometidas para que nuestros casos no salgan a la luz”.

¿Cómo podrían hacer estas mujeres para obtener una respuesta de la Justicia? En el Poder Judicial remitieron la consulta de Presentes a la Asesoría General de Incapaces. Aquí indicaron que cualquier persona que desee reclamar una filiación parental puede acercarse a una Asesoría para ser informada sobre el proceso.

El asesor de incapaces de Embarcación, José Cortez, explicó que tienen “un protocolo de actuación respecto a la filiación de los niños”; la Asesoría General de Incapaces firmó un convenio con el Registro Civil de Salta y comparten un sistema integrado que permiten que la Asesoría se informe de los casos que tienen solo filiación materna.

El asesor dijo que en esos casos se cita a las madres para que aporten datos de los progenitores y, si bien señaló que esto es voluntario, resaltó que también se deben tener en cuenta el derecho de les niñes a su identidad. A su vez, este trámite puede derivar en una demanda judicial.

Por otra parte, Cortez dijo que a partir de este protocolo de procedimiento tomaron “conocimiento de abusos”, destacó que la mayoría son dentro del ámbito familiar, tanto en grupos indígenas como criollos.

Respecto de las comunidades indígenas, reseñó que hay casos de niñas embarazadas cuyo progenitor es también menor de edad. Afirmó que en su dependencia no tienen registros de demandas de una mujer indígena contra un hombre criollo.

A su vez, aunque reconoció que falta información sobre los derechos que les asisten. “Hay que hacer trabajo de campo, hay que llegarse a las comunidades, nosotros lo hacemos dentro de los casos en que tenemos intervención, pero el Estado debería tener un grupo o comisiones que trabajen (en el territorio). Sobre todo, por las dificultades de salir de los lugares en los que se encuentran las mujeres indígenas: las vías de comunicación son muy pocas y la información es poca, no llega porque obviamente la mayoría no tienen televisión, no leen diarios”, no manejan redes sociales.

El Ministerio de Seguridad y Justicia informó a Presentes que el ministro dispuso que “se dé intervención y se entregue copia de la denuncia colectiva” al Ministerio Público Fiscal, “para que determine si existió la comisión de delitos penales y especialmente aquellos que atentan contra la Integridad Sexual”.

También a la Asesoría General, “porque interviene en la protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes y de las personas afectadas en su salud mental, tanto en procesos extrajudiciales como judiciales”, y a la Defensoría General de la provincia, porque “le compete el asesoramiento jurídico gratuito de las personas de escasos recursos, en cumplimiento de la garantía constitucional instituida por el artículo 18 de la Constitución Provincial”.

Además, el 3 y 4 de marzo próximos un equipo técnico de la Secretaría de Justicia encabezados por la responsable del Programa de Asistencia a Víctimas y/o Familiares de Víctimas de Delitos Graves, Carla Tiano, se instalará en Pluma de Pato para capacitar a policías de la región “sobre sus obligaciones en la recepción de denuncias y el abordaje de víctimas de delitos contra la integridad sexual y de otro tipo de violencias, evitando la revictimización”, y la obligación de tode funcionarie publique de denunciar delitos, indicó la cartera.

Añadió que también se harán capacitaciones para las comunidades. Y que “se brindará asesoramiento jurídico de manera accesible para garantizar el acceso al servicio de justicia” y con ese fin “se entregará a las comunidades una Guía en Intervención en Abusos Sexuales bilingüe en wichi y castellano, que podrá ser otro instrumento de acceso a la justicia de los pueblos indígenas”.