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Balance 2021 Chile: más violencia hacia LGBT+, matrimonio igualitario y cambio político
La aprobación del matrimonio entre personas del mismo sexo y el triunfo de Gabriel Boric dejan un año esperanzador en Chile. Sin embargo, la creciente violencia contra las personas LGBTI sigue siendo una gran preocupación
Santiago de Chile, CHILE. Aunque el matrimonio igualitario es ley en Chile desde diciembre de 2021 y es un hito en materia de derechos, la comunidad LGBTIQ+ sigue expuesta a violencias, peligros y discriminación.
En el segundo año de la pandemia, las condiciones de vida y la precarización laboral lejos de mejorar, se incrementaron. Es la percepción que tienen activistas y organizaciones locales, y la respaldan las cifras del primer estudio estatal sobre personas LGBTIQ+, presentado este año por la Subsecretaría de Prevención del Delito, en colaboración con el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh) y la Fundación Iguales.
Los números del odio
La encuesta se aplicó a 3.271 personas. Desde el Movilh dicen que los resultados “reflejan de manera clara y contundente el drama y la vulnerabilidad de las personas LGBTIQ+ en Chile”: 89% sufrió discriminación al menos una vez en su vida y 64,4% experimentó lo mismo en el último año, mientras que 71% cree que los derechos de las personas LGBTIQ+ se respetan “poco” en el país.
En el último año, las cinco formas en que más se expresó la discriminación fue con insultos (49%); gritos y hostigamientos (35%); obligación para cambiar de apariencia (26,2%); falta de respeto a la identidad de género (18,4%); y sanciones por la expresión de la identidad de género o la orientación sexual (7,8%). Quienes mayormente perpetran estos actos son desconocidos (57,9%); familia nuclear (44,1%); y familia extendida (30.6%).
Y aunque el estudio se realizó en el último trimestre de 2020 y los resultados fueron revelados en 2021, los activistas creen que puede ser una lectura muy similar a cómo vivió la comunidad durante los últimos 12 meses.
“Ha sido un año tremendamente difícil. Vemos que crece la violencia y que no se ha hecho campaña contra el VIH-Sida por segundo o tercer año consecutivo”, dijo Isabel Amor, directora ejecutiva de Fundación Iguales a Presentes.
Para Erick Salinas, encargado de la Oficina de Inclusión y No Discriminación de la Municipalidad de La Florida, parte de este escenario se debe a la desinformación y a la falta de educación al respecto, especialmente por parte de familiares de personas trans: “Los colegios también fomentan esto. A esta altura en algunos hay cero conocimiento de la temática y aunque hay mucha información, esta no llega por falta de contenidos educativos en la materia. Eso también es violencia”.
El efecto Kast
El domingo 19 de diciembre, 3.650.088 personas votaron por José Antonio Kast en la segunda vuelta de la elección presidencial. Kast es líder del Partido Republicano, defensor de políticas radicales contra la migración, férreo crítico del aborto, de los derechos para las personas de la diversidad y cercano a la dictadura de Augusto Pinochet.
Quien se impuso fue Gabriel Boric, un ex líder estudiantil que cree en el feminismo y que llega a La Moneda con un plan concreto para avanzar en derechos LGTIQ+. Pero el solo hecho de que una figura como Kast llegara tan lejos en una contienda electoral generó temor en la comunidad y marcó los últimos meses del año.
Kast se opone al matrimonio igualitario y siempre se ha manifestado en contra de la educación sexual integral. En 2017 apoyó la circulación del llamado “Bus de la Libertad”, impulsado por sectores conservadores que querían frenar la aprobación de la Ley de Identidad de Género. Para él, la lucha por la igualdad de derechos es “un lobby gay”.
Está en contra de la píldora del día después y los métodos anticonceptivos. A su esposa, María Pía Adriasola, le prohibió usarlas: hoy tienen nueve hijos. Si salía presidente, una de sus propuestas era derogar la Ley de Aborto en Tres Causales.
En 2005 y 2012 votó en contra de la Ley Antidiscriminación, mejor conocida como Ley Zamudio. También votó en contra de la tramitación del Acuerdo de Unión Civil (AUC).
Durante el Mes del Orgullo en 2017, cuando el palacio de La Moneda encendió luces con los colores de la bandera de la diversidad, se pronunció en contra en su cuenta de Twitter: “La Moneda se rinde a la dictadura gay. Las instituciones públicas son de todos los chilenos, no de minorías”.
En 2018 publicó una columna en el diario La Tercera donde se refirió a la actriz trans y protagonista de Una mujer fantástica, película ganadora del Oscar: “Daniela Vega es hombre”, escribió. En el último debate presidencial se le preguntó al respecto y dijo que hoy “no lo volvería a escribir en esos términos”.
Unos días antes, en un programa transmitido por YouTube, el diputado de derecha Johannes Kaiser y compañero de partido de Kast, se mofó de que su par republicana, María Gloria Naveillán, tendrá que “compartir baño” en el Congreso con Emilia Schneider, la primera diputada trans electa recientemente en Chile.
A Isabel Amor, de Fundación Iguales, le preocupa el avance de este sector: “Hay discursos que amparan la violencia y que han ido tomándose espacios. Está creciendo una extrema derecha feroz, dispuesta a hacernos retroceder y que no tiene tapujos para denostarnos”.
“A todos los chilenos que votaron por nosotros quiero decirles que estén tranquilos. Estaremos ahí. Nuestro proyecto no es pasajero”, dijo Kast tras reconocer su derrota.
Crece la violencia
Durante todos estos años la familia de Nicole insistió ante la Justicia que el caso debía investigarse como un crimen de odio. La policía demoró tres años en llegar a Pulgar, quien ya estaba cumpliendo condena por otros crímenes cometidos después del de Nicole.
La familia de Nicole Saavedra tuvo que esperar cinco años para que se hiciera justicia por su asesinato. En octubre, el Tribunal Oral en Lo Penal de Quillota condenó a Víctor Pulgar a presidio perpetuo calificado por el secuestro con violación y homicidio de la joven lesbiana, ocurrido en junio de 2016.
El tribunal desestimó por unanimidad la agravante de odio y discriminación de la Ley Zamudio en el homicidio. En cambio estableció que Pulgar actuó con alevosía.
Durante los últimos meses del año, el Movilh viene reportando un aumento de la violencia en contra de la comunidad: la segunda semana de diciembre, una mujer trans fue víctima de un ataque que le dejó fracturas en el hueso temporal y en la nariz.
La última semana de noviembre, dos hombres apuñalaron a un joven en Pucón que defendió a su pareja de insultos homofóbicos. En octubre, un hombre gay que vive en Santiago perdió parte del tejido del mentón y de una mejilla luego de que otro hombre lo mordiera y golpeara en medio de un ataque de homoodio.
Ese mismo mes, tres hombres atacaron y prendieron fuego a Alejandra Soto, presidenta del Sindicato de Trabajadoras Sexuales Trans y Travestis Amanda Jofré.
Como estos casos hay muchos otros, pero de momento no pueden cuantificarse. En Chile no existen cifras oficiales y el Movilh es quien se encarga de tomarle el pulso a la realidad local en cuanto a derechos y violencias. Sus informes se publican en marzo de cada año.
La respuesta de la Justicia
Al alero de la Fiscalía Nacional, desde 2019 existe en el país un Observatorio para monitorear los delitos cometidos contra las personas LGBTIQ+.
El estallido social y la pandemia dificultaron el trabajo en los últimos dos años y lo que hoy tienen en carpeta es un subregistro que “no refleja la realidad”, dijo a Presentes, Roberto Rodríguez, trabajador social y asesor de la Unidad de Derechos Humanos, Violencia de Género y Delitos Sexuales de la Fiscalía Nacional.
“Durante la pandemia se incrementaron los casos de violencia de género y tuvimos que abocarnos a eso”, explica Rodríguez.
Según un reporte reciente de la institución, en los últimos cuatro años murieron 4.593 personas como consecuencia del delito de homicidio. 12% murió en un contexto de violencia intrafamiliar que afecta mayoritariamente a las mujeres, indicó el informe.
Otra razón del lento avance cuantitativo en materia de violencia LGBTIQ+ es que desde un principio se estableció que el Observatorio debía trabajar a partir del reporte de las fiscalías locales.
“Pero la verdad es que eso no está pasando”, admite Rodríguez, preocupado ante la escalada de agresiones en contra de la comunidad. “Tenemos la certeza de que hoy la violencia se expresa sobre todo a personas trans, trabajadoras sexuales trans y lesbianas con expresión de género masculino, pues son la expresión palpable de lo no binario, que ‘transgreden’ explícitamente los mandatos y estereotipos de género”.
Una de las víctimas que el Observatorio acompaña este año es Alejandra Soto, del Sindicato Amanda Jofré. El caso lo investiga la fiscal María José Viveros, de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género y Violencia Intrafamiliar (VIF).
Rodríguez cuenta que el Observatorio intervino coordinando las primeras actuaciones: iniciar una investigación de oficio, aunque en paralelo también hubo una querella. Después ubicaron y contactaron a Alejandra y algunas de sus compañeras para la toma de declaración protegida.
Lograron la recalificación del delito de lesiones a femicidio no íntimo, aplicando la nueva Ley de Femicidio y una investigación con perspectiva de género, sobre la que también se aplicó el agravante de la Ley Zamudio. Por este caso ya hay un imputado en prisión preventiva, detalló Rodríguez.
En noviembre recibieron un caso desde la organización OTD, referente a un ataque transodiante en San Francisco de Mostazal, una comuna de la región de O’Higgins.
La víctima es un chique transmasculino golpeado por seis personas. Le dejaron una fractura en la mandíbula. Cuando ocurrió, ni siquiera sabía dónde ir a denunciar.
Desde OTD lo asesoraron pero después supieron que Carabineros ingresó el caso como una riña. “La mayoría de estos casos ingresan así”, cuenta Rodríguez. “Apenas nos llegó el reporte contactamos a la fiscalía de esa zona, derivamos al chico y a los fiscales les explicamos que esto no era una riña, sino un ataque transodiante”.
En paralelo contactaron a la Unidad Regional de Atención de Víctimas y lograron que una psicóloga se sumara para acompañarlo.
“Antes de la existencia del Observatorio, este tipo de situaciones quedaban en total orfandad”, dice Rodríguez.
Entre las metas de 2022, el Observatorio se plantea seguir avanzando con capacitaciones, un área donde también concentraron sus esfuerzos en 2021.
En conjunto con algunas organizaciones de la diversidad están empezando un proyecto en torno a la Ley de Identidad de Género para impartir capacitaciones al interior de las fiscalías en todas las regiones del país.
Rodríguez cuenta que también tienen un plan de trabajo para aumentar la eficacia del Ministerio Público en el ejercicio de la acción penal, en las investigaciones y en el ámbito de protección de las víctimas LGBTQI+, incorporando la perspectiva de derechos en cada caso; fortalecer el canal de comunicación con las organizaciones de la sociedad civil y de la diversidad sexual; y realizar seguimiento y asesoría permanente a fiscales en las investigaciones relacionadas con la comunidad.
Los avances en derechos y visibilidad
En 2021, la diversidad sexual se tomó la agenda política como nunca antes. A la elección de la Convención Constituyente que tendrá como misión redactar una nueva Constitución para Chile se postularon al menos 47 candidates que se autodeterminan como LGTBIQ+.
Por primera vez, un número representativo de personas de la diversidad sexual apostó por disputar un espacio en un proceso electoral en el país. Ocho de ellxs resultaron electxs. También salieron 77 mujeres, con amplia participación de feministas.
Otro hito que menciona Erick Salinas es la propuesta de creación de la Red Regional de Oficinas de Diversidad Sexual Identitaria en la Región Metropolitana, impulsada por el gobernador Claudio Orrego, y también varias inauguraciones de oficinas que apoyan a la comunidad LGBTIQ en diferentes municipios de Chile, como la que él lidera. En esto, advierte que el obstáculo está en seguir “dependiendo de las voluntades de los alcaldes”.
En marzo de 2022, con la instalación del nuevo Congreso, cuatro mujeres que abiertamente se identifican como parte de las disidencias sexuales empezarán a trabajar para impulsar proyectos de ley que, entre otras cosas, favorezcan a la comunidad. Emilia Schneider es una de ellas, la primera diputada trans de Chile.
Durante ese mes también empezarán a celebrarse los primeros matrimonios entre personas del mismo sexo, cuando finalmente entre en vigencia de la ley de matrimonio igualitario, tras su histórica aprobación al cierre del año.
El proyecto fue constantemente postergado y su debate duró cuatro años, en medio de un trabajo intensivo de organizaciones de la diversidad sexual, en especial el Movilh y la Fundación Iguales.
Ante un escenario tan complejo y marcado por el temor de lo que pudo haber pasado con el futuro político de Chile tras una histórica elección presidencial, y ante las expectativas de lo que viene, este hito es un motor para seguir luchando, dice Isabel Amor, de Iguales: “Con todos los derechos que conlleva, es una esperanza y un bálsamo frente a tantas dificultades”.
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