Tuvo un brote y tras una acción policial, murió: cómo sigue la causa de Vicky Nuñez, joven trans de Paraná

Murió el 21 de julio en circunstancias poco claras. ¿Cómo se investiga en la justicia? Su madre reclama al Estado.

19 de agosto de 2021
Keili González

Victoria Núñez, “Vicky”, joven trans paranaense de 27 años, falleció el 21 de julio en circunstancias que involucran a la Policía de Entre Ríos. Su familia, amigues, la militancia y el activismo denuncian el accionar y hacen responsables a los policías después de que se llamara al 911 para pedir asistencia ante un ataque de pánico o brote psicótico. Esto puso en debate la actuación del Estado frente a situaciones en donde quienes deben intervenir son los equipos interdisciplinarios de salud.

“Ese día, Victoria me llamó a las 8.30 diciéndome que nos juntáramos a comer y minutos antes de las 9 vuelve a comunicarse para pedirme que fuera urgente porque estaba asustada, que había alguien en su casa. Cuando llego, no había nadie en su vivienda, ella estaba atravesando una crisis. Luego llamamos a la policía”, cuenta a Agencias Presentes Marcela, la madre de Victoria.

A Victoria, la policía la redujo de forma violenta, la esposó y cuando la llevaban al hospital San Martín de la capital entrerriana, falleció en circunstancias que están siendo investigadas. Dice su madre: “Cayeron tres patrulleros, invadieron la casa en la cual ella vivía con su pareja, entraron de mala manera, actuaron de forma muy agresiva esposándola, le lastimaron sus manos, le cortaron la cara, le presionaron el cuello y la tiraron al suelo. Eran muchos policías, Vicky no podía defenderse, al ver tantos se asustó”.

La policía en ese momento le pidió a Marcela el Documento Nacional de Identidad (DNI) de Victoria y en el transcurso que fue a buscarlo vio que su hija no se encontraba bien: “Fue un instante, cuando volví no me dejaron acercar, Vicky no respiraba. Me dijeron que ella estaba dormida. Por qué no me dejaron acercar a verla, tal vez la hubiera podida salvar. Con todo esto, en vez de tenerle confianza a la policía, sucede todo lo contrario, le tenemos miedo”.

“Cada día me cuesta despertar sin escuchar su ‘buenos días’ y dormir por la noche sin oír su voz. Extraño cuando me decía ‘te amo, sos mi vida’. Cada tanto suelo abrir un cajón del placar y hay un corazón dibujado que dice te amo, un cuaderno y una servilleta escrita que me agradece por todo, incluso mí costurero una notita impresa. Ella está a mí lado constantemente, la siento. Quiero verdad y justicia por mi hija”, dijo entre el llanto.

El procedimiento judicial

Para el fiscal Juan Manuel Pereyra, quien dirige la investigación, hasta el momento no hay indicio de que haya existido un accionar ilícito por parte de la Policía de Entre Ríos.

Emma Clementi, una de les abogades recientemente constituide como querellante en representación de Marcela Giménez, madre de Vicky, en diálogo con Presentes comentó que la investigación se pudo encausar, no con la teoría del caso que elles sostienen, pero pueden decir que están trabajando en la instancia de Investigación Penal Preparatoria. Allí aportarán los datos y pruebas para que el fiscal, plantee y trabaje sobre otras posibles hipótesis del hecho.

Al respecto, señaló que la primera irregularidad que hubo en el caso fue que al lugar del hecho sólo una agente policial mujer asistió, cuando corresponde que las mismas sean acompañadas por personal femenino de la fuerza. La segunda tiene que ver con la forma de abordaje de esta situación, que debería haberse realizado bajo el paradigma de la salud mental y de los derechos del paciente, y no como si fuera un delito en flagrancia.

Un contexto de vulnerabilidad

“El abordaje estuvo lejos de lo que establecen los protocolos ante estas situaciones, que determinan el respeto a los derechos humanos de los pacientes en todo momento, y el uso de la fuerza en casos extremos bajo estrictos cuidados. Por eso nuestro planteo se dirige a investigar la muerte de Vicky y la intervención policial, entendiendo el contexto general en que sucedieron, y no descartar ninguna hipótesis relativa a la causa de su deceso”.

El primer planteo de les abogades querellantes fue el pedido de apartamiento de la policía en la investigación y la intervención de otra fuerza distinta, como Gendarmería, en línea con lo que indica el protocolo para la investigación y litigio de casos de muertes violentas de mujeres y la Resolución de la Procuraduría General de la Nación 10/11.

“Nos enmarcamos allí porque la investigación tiene dos finalidades: prevenir una futura repetición de los hechos y proveer justicia en los casos individuales. Por otra parte, hay que situar el hecho en un contexto complejo de vulnerabilidad, tal como la identidad y la expresión de género de Vicky, la falta de acceso a la salud integral, la precariedad económica, todo lo cual nos obliga a mirar esto con otra lupa, con perspectiva de género y de clase”, explicó la letrada.

A su vez, el protocolo que mencionaron les querellantes es desarrollado por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), y específicamente establece cómo proceder frente a la muerte de una travesti o trans. Según este documento, se debe presuponer un travesticidio, que a lo largo de la investigación o con mayores pruebas, puede descartarse, pero nunca debe hacerse desde el comienzo de la misma.

¿Qué interrogante deja planteado la historia de Vicky?

La Ley de Salud Mental, sancionada el 25 de noviembre de 2010, establece que el Estado debe garantizar también la atención en todos los niveles sin desconocer las situaciones de crisis, de emergencia o urgencia, y brindar un abordaje que considere todos los derechos de la persona, de manera integral.

El director General de Salud mental dependiente del Ministerio de Salud de Entre Ríos, Carlos Berbara, consultado si estaba en conocimiento del Caso de Victoria Núñez, aseguró que sí y que fue “mayoritariamente por la difusión en los medios de comunicación”. Sin mayores especificidades, manifestó que fue “un hecho lamentable” por “las circunstancias en la que se dio”.

En este sentido, dijo: “Desde el equipo de gestión de la Dirección General de Salud Mental, siempre estamos atentos a las dificultades que tienen en acceder a las contenciones sanitarias las personas que habitan los espacios más vulnerables de nuestro conjunto social. Los usuarios de los servicios de salud mental, histórica y lamentablemente han padecido estos condicionantes”.

En consecuencia, detalló que ante las situaciones de crisis psicoemocionales que implique una emergencia en salud como accidentología, situaciones de salud orgánica, cardiológica, ginecoobstétrica, entre otras, se contacta al 107, que es el Sistema de Emergencias Sanitarias de la Provincia de Entre Ríos, que pertenece al Ministerio de Salud y expresó ante una urgencia o emergencia, las personas se comunican con las fuerzas de seguridad, por “la celeridad y proximidad”.

Entonces, ¿Cuáles son los recursos y herramientas que posee el Estado para abordar problemas de salud mental con un enfoque de derechos humanos?

Ante la pregunta, según su visión frente a la institución, reconoció las diferentes capacidades instaladas en cuanto a recurso ya sea humano y de infraestructura como móviles y agentes en territorio, entre el Sistema de Salud y el de “Seguridad” y manifestó: “En innumerables situaciones llega primero la fuerza de seguridad, en otras las ambulancias de nuestro Ministerio, y en otras oportunidades se logra articular una aproximación conjunta, que en los casos en los cuales esté en riesgo la seguridad de las personas y la salud, es lo ideal”.

Hace poco tiempo Berbara se reunió con la Jefatura de Policía de Entre Ríos, para retomar las capacitaciones para intervenir en los casos sobre crisis de Salud Mental y dijo: “El objetivo de la misma es brindar y construir herramientas en el marco de los derechos y garantías de los usuarios, que den cuenta de la necesaria accesibilidad, contención y continuidad de cuidados sanitarios”, y de inmediato añadió: “Apuntamos a que las acciones ante estas situaciones sean contenidas y brinden una puerta abierta da acceso respetuoso a las garantías en seguridad y salud de nuestra comunidad”.

Para finalizar, ante el interrogante de si el desenlace de Victoria Núñez fue la causa para retomar éstas acciones, el funcionario manifestó: “Es necesario reconocer que situaciones lamentables como las de Victoria o Chano (el cantante Chano Moreno Carpentier) han movilizado las reflexiones y tareas en estos campos”.

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