Por Paula Rosales, desde San Salvador

Foto: Paula Rosales/Archivo Presentes

El Salvador culmina 2020 de manera ambivalente para las personas LGBT+. Por una parte, las organizaciones reportan una reducción de las muertes y que el sistema judicial dictó una inédita condena de cárcel para los responsables de la muerte de una mujer trans, sin embargo, la pandemia por el coronavirus profundizó la desprotección del Estado.

De acuerdo con las organizaciones por los derechos LGBTI, en 2020 se reportaron cuatro asesinatos en el país centroamericano, una disminución del 51 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior- Tres de ellas fueron mujeres trans y una persona gay, mientras que en 2019 reportaron nueve crímenes.

En general, El Salvador, que antes estaba incluido entre los países con el número de homicidios más altos del mundo, registra una caída drástica del 60 por ciento de los homicidios. En lo que va de enero a diciembre, la policía reporta 969 asesinatos, frente a los 2,390 cometidos el año pasado.

Sin embargo, los asesinatos contra la población LGBTI siguen sucediendo. La Asociación Solidaria Para Impulsar El Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans comentó que la reducción en los casos registrados en 2020 podría ser atribuido al periodo de confinamiento para contener el contagio del coronavirus.

“Creo que ha sido por la pandemia y el confinamiento que hemos tenido casi a la fuerza, aunque algunas compañeras siempre han estado ejerciendo el trabajo sexual, porque la mayoría de asesinatos en general, es por compañeras que ejercían el trabajo sexual, muchas no estuvieron exponiéndose en las calles y creo que esto hizo que se disminuyeran los casos de transfeminicidios”, dijo a Presentes Camila Portillo, integrante de la Asociación.

Briyit Michelle Alas, una mujer trans de 21 años, fue asesinada el jueves 16 de enero en uno de los municipios con mayores índices de violencia en El Salvador. De acuerdo al reporte policial, recibió al menos cinco disparos en diferentes partes del cuerpo y luego fue lanzada a un barranco en Ciudad Delgado, unos ocho kilómetros del centro de la capital. La policía se refirió a todo el tiempo ella en masculino.

Tita Andrade Umaña, una persona trans de 32 años, salió de su casa el viernes 6 de marzo en el municipio de Intipucá en el departamento de La Unión, 180 kilómetros al sureste de la capital de El Salvador. La encontraron asesinada, el sábado 7 en un descampado del caserío La Agencia, en una zona rural del oriente del país.

Jaime Natividad Rubio Ramos, un hombre gay de 28 años, es la segunda víctima LGBTI asesinada en la primera semana  de marzo en la zona oriental de El Salvador.

Katherine Rosmery Duvall, mujer trans,  de acuerdo a información de las organizaciones que trabajan por los derechos de la población LGBTI, fue asesinada por pandilleros del Barrio 18, la noche del 3 de septiembre en la populosa residencial Altavista, municipio de Ilopango, 14 kilómetros al este de la capital. Consideran que la posible causa fue porque policías llegaban a su casa y creyeron que ella les entregaba información.

Sin embargo, Katherine Duvall realizó denuncias en contra de los policías que la extorsionaban a cambio de no detenerla con acusaciones falsas.

La policía de Altavista, que es disputada a muerte por las pandillas, ha sido denunciada por implantar pruebas con el propósito de detener y procesar a jóvenes del lugar. La entidad de seguridad es una de las más denunciadas por cometer violencia y discriminación hacia la población LGBTI.

De los cuatro casos de muertes reportadas, las autoridades solo detuvieron en marzo a Ronald Asael Cáceres Campos, acusado de asesinar a Tita Andrade Umaña. En el caso de Michelle Alas, la policía consultó a sus compañeras de la misma calle en donde ejercía el trabajo sexual, sin embargo aún no hay detenciones.

Presentes consultó a la oficina de prensa de la Fiscalía General para conocer los avances de las investigaciones, pero al cierre de la nota no se obtuvo respuesta.

Sistema de salud abandona a su suerte a población LGBTI

Valeria N. de 24 años yacía postrada en una cama, en la precaria casa de su mamá. Su condición de salud desmejoró en abril durante el confinamiento total ordenado por el gobierno para reducir las posibilidades de contagio del coronavirus.

Valeria N vivía con VIH y tenía desnutrición severa. Su debilitado cuerpo la obligó a depender del cuidado de su madre. En abril pasado, Valeria tuvo fiebres y diarrea, pero la atención médica le fue negada en el sistema de salud pública, aduciendo que en ese momento solamente atendían casos de coronavirus. Días después, murió abandonada por el Estado.

“Desesperada, la madre de Valeria salió a la calle en el momento en que pasaba una patrulla de la PNC, pidió auxilio, hizo que un agente entrara a su casa y pidió de favor que le ayudara a trasladar a su hija a un Hospital; sin embargo el agente hizo una llamada solicitando instrucciones para trasladar a Valeria, pero del otro lado de la línea le indicaron que si Valeria estaba muy grave, era mejor que muriera naturalmente, ya que estaban enfocados en la pandemia”, dice un informe de  ASPIDH.

La entrega de la terapia antiretroviral para personas con VIH fue deficiente durante el periodo de cuarentena, de acuerdo a denuncias recibidas por la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres Trans – COMCAVIS TRANS.

“Es responsabilidad del Estado salvadoreño abastecer a la red hospitalaria con TAR para que lleguen a tiempo a cada una de las personas que los requieran, ya que debido al confinamiento se denunció un desabastecimiento del tratamiento poniendo en riesgo la vida e integridad de las personas viviendo con VIH”, demandó la asociación.

Presentes consultó a la oficina de prensa del ministerio de salud sobre el abastecimiento del tratamiento, sin obtener respuesta.

Detenciones arbitrarias en centros de confinamiento

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, solicitó en marzo al Congreso aprobar un régimen de excepción para la implementación de una cuarentena domiciliar obligatoria, bajo amenaza de enviar a centros de contención a las personas que la incumplieran.

Presentes documentó el caso de una persona, que pidió guardar su identidad, detenida por la policía y que fue retenido en un centro de contención junto a población cisgénero. La detención arbitraria de personas fue criticada por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y por organizaciones internacionales.

Los períodos de cuarentena en estos centros oscilaba entre 15 y 30 días, sin embargo, a muchas personas denunciaron hasta 40 días de retención.

“Yo me dirigía a comprar pan a tres metros de mi casa y los policías ni dejaron una explicación y me trajeron a este centro de cuarentena, yo cumplía cuarentena en mi casa tranquilamente cuando me trajeron aquí sin justificación justa, violentaron mis derechos por ser una persona gay. Aquí estoy expuesto a enfermarme de otra cosa que no es Covid”, dijo a Presentes en un audio de voz.

Discriminación exacerbada en las redes

El presidente Bukele anunció la noche del viernes 27 de marzo la entrega de 300 dólares en bono para 1,5 millones de hogares salvadoreños que habían sido afectados por el cierre de todas las actividades económicas.

El gobierno erogó 450 millones de dólares para cumplir con la entrega del beneficio económico, que colapsó los centros de registro de la subvención.

Camila Portillo es defensora de derechos humanos y forma parte de la La Asociación Solidaria Para Impulsar El Desarrollo Humano – ASPIDH Arcoíris Trans, después del anuncio de la entrega del subsidio, circuló en las redes sociales una imagen de ella sosteniendo en su mano derecha el Documento Único de Identidad (DUI),  en las publicaciones en paginas de Facebook aseguraban que no fue beneficiada por el bono de 300 dólares anunciado por el gobierno por “ser travesti”.

Pese a que Portillo no realizó ninguna denuncia al respecto, tuvo que soportar una avalancha de críticas y discursos de odio.

“He soportado la vulneración de calumnias y difamación, a partir de una foto mía del 2014, cuando no me dejaron votar. Ahora la han puesto en varios temas de noticias diciendo que no pude acceder a los 300 dólares por el DUI y lógicamente lo han hecho en situación de burla hacia las personas trans”, dijo a Presentes Camila Portillo.

El gobierno ha sido señalado en reiteradas ocasiones por organizaciones defensoras de derechos humanos de provocar ataques virtuales a quienes considera como sus opositores.

Los ataques hacia la defensora comenzaron desde que ella cuestionó el manejo de la crisis sanitaria que tiene al país centroamericano con 42.397 casos confirmados y 1.234 muertes. Los comentarios de muchas personas en las redes sociales fueron para difamar y ridiculizar a la población trans.

Una condena histórica

Un tribunal de El Salvador dictó en julio una condena histórica contra tres policías acusados de asesinar a la mujer trans Camila Diaz Cordova en 2019. La investigación fiscal determinó que los agentes privaron de libertad a la mujer trans, la golpearon y luego lanzaron a la carretera desde una patrulla en movimiento.

Camila Diaz, que había sido deportada desde EEUU, luego de rechazarle su petición de asilo en 2017, se dedicaba al trabajo sexual. Tras un reporte de cometer desordenes en la vía publica, los tres policías la sometieron y luego lanzaron a la calle, donde fue recogida horas más tarde y llevada al hospital, en el cual murió.

El juez del caso dictó 20 años de prisión para cada oficial, y se convirtió en la primera sentencia que condena a personas responsables de un asesinato contra la población trans en el país.