Por Rosario Marina

Foto: Tomás Labrousse para Ciclo Positivo

Un nuevo proyecto de Ley de VIH, Hepatitis, Tuberculosis e ITS espera en el Congreso. El escrito de 24 páginas se presentó a fines de octubre, tras dos intentos fallidos en 2016 y 2018, y se consensuó a través de una red de trabajo con 40 organizaciones. Esta vez, tienen más esperanzas de que se convierta en ley. La que está vigente hoy data de 1990, y si bien en su momento incluyó cuestiones que la consideraron de avanzada, quedó vieja y es insuficiente. 

Cómo se trabajó esta «ley de máxima»

¿Cómo seguimos adelante? se preguntaban en mayo -y en medio de la pandemia por Covid19- lxs integrantes del Frente Nacional por la Salud de las Personas. Surgió la idea de reunirse por zoom, domingo tras domingo, para debatir cada punto, cada coma y cada palabra, en sesiones de más de cinco horas. Que concluyeron con un proyecto listo para ingresar en el Congreso de la Nación.

Partir de un proyecto firmado por diputades referenciales de los distintos bloques tiene otro color. Contar con el apoyo del Ministerio de Salud y de ONUSIDA, también. 

“Es una ley de máxima”, dice a Presentes José Di Bello, presidente de la Fundación GEP (Grupo Efecto Positivo) y quien presentó el proyecto ante diputados, diputadas, activistas y a la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. Di Bello sabe que quizás el proyecto no llegue a destino exactamente tal como fue escrito, pero sí con muchos más derechos cubiertos que la ley 23.798, que ya tiene 30 años y un texto que no reconoce muchos de los caminos recorridos en los últimos tiempos. 

Por qué es importante una nueva ley

“Nos parece muy importante que después de 30 años se actualice el marco legal”, dijo Vizzotti en esa presentación por Zoom, dando así el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación. Alberto Stella, director de ONUSida para el Cono Sur, fue contundente: “Necesitamos esa ley porque es una contribución fundamental, una puerta de entrada a ese concepto tan necesario de cobertura sanitaria universal”. 

En diálogo con Presentes, referentxs de las principales organizaciones que escribieron el proyecto resaltaron los puntos claves: “La impronta del proyecto de ley tiene que ver con una avanzada de derechos, hasta en esto de ya no ver más sólo desde el enfoque médico al VIH sino desde un enfoque social, dando una respuesta a los determinantes sociales”, explicó Mariana Iacono, referenta nacional de ICW (Comunidad Internacional de Mujeres Viviendo con VIH/SIDA).

Matías Muñoz, presidente de Ciclo Positivo, coincidió en este punto: “Lo más importante es el cambio de paradigma hacia el enfoque de derechos humanos. Sobre todo, trabajar en contra de la discriminación y el estigma, dos cuestiones que hicieron que el sida siga siendo hoy en día un problema de salud pública”.

Emir Franco, quien está al frente de la RAJAP (Red Argentina de Jóvenes Positivos), agrega un dato comparativo respecto de la ley vigente: “Este proyecto, a diferencia de la Ley Nacional de Sida vigente, tiene un enfoque de derechos, entendiendo a la salud como una respuesta integral y no solo biologicista”.

Principales puntos para una nueva ley 

La organización Ciclo Positivo, destaca algunos de los principales puntos: 

1. El cambio de perspectiva: la ley de 1990 tiene un enfoque biomédico, y el proyecto actual un enfoque de género y de derechos humanos. Busca poner foco en los determinantes sociales de la salud y la eliminación del estigma. 
2. Prohibición del test de VIH, Hepatitis, TBC e ITS para ingresar a un puesto de trabajo, en los exámenes médicos preocupacionales. 
3. Pensiones no contributivas para aquellas personas con VIH y Hepatitis B o C que tengan necesidades insatisfechas. Provisión de tratamientos para quienes adquirieron el virus por transmisión vertical y para otras poblaciones clave como mujeres, personas trans, travestis y no binaries, etc.
4. Creación de una Comisión Nacional de VIH, Hepatitis, TBC e ITS integrada por distintos ministerios, sociedades científicas y organizaciones de la sociedad civil que trabajen el tema. 
5. Extensión de la provisión de leche de fórmula hasta los 18 meses (antes llegaba sólo a los 6 meses) para bebés de madres positivas. 
6. Creación del Observatorio Nacional de Estigma y discriminación en la órbita del INADI, en la búsqueda de que no se pueda utilizar la infección por VIH, Hepatitits B o C, TBC o cualquier ITS para impedir el ejercicio de los derechos. 

La tercera ¿será la vencida?

No es la primera vez que llega un proyecto de Ley sobre VIH al Congreso. Este es, de hecho, el tercer intento. Las primeras dos veces perdió estado parlamentario, es decir: pasó el tiempo estipulado desde que entra un proyecto hasta que se trata en la sesión. Y si pasó eso, explican las organizaciones, es porque había desinterés político. 

Esta vez las organizaciones tienen esperanzas: el proyecto presentado el 26 de octubre, que entró bajo el número  5040-D-2020, lleva la firma de 17 diputados y diputadas de partidos políticos tan lejanos y diversos como el Frente de Todos, UCR, Coalición Cívica, Pro, Frente de Izquierda y los Trabajadores y Partido Socialista. 

Lxs firmantes son: Carolina Gaillard; Leonardo Grosso, Cecilia Moreau, Mara Brawer, Mónica Macha, Brenda Austin, Carla Carrizo, Itai Hagman, Ayelén Sposito, Maximiliano Ferraro, Silvia Lospenatto y Romina Del Plá. 

https://twitter.com/RAJAPorg/status/1331628163517050886?s=20

Historia del proyecto

“Ya se presentó 2 veces en 2016 y en 2018. En 2016 tuvo dictamen favorable de la comisión de salud pero no sé avanzó en las otras comisiones. En 2018 directamente quedó encajonada en la comisión de salud por decisión del entonces oficialismo”, contó Emir Franco a Presentes. 

El proyecto de 2016 fue el primero que llegó para revisar la legislación vigente. 

El proyecto de 2018 sumó algunas de las preocupaciones principales que dejaba el macrismo con sus recortes en el área de salud.  

En realidad, el proyecto empezó a gestarse en 2014. Ese año se inició un proceso de construcción y formulación del proyecto, con consulta a diferentes organizaciones de la sociedad civil, académicas, científicas, ONUSIDA, Organización Panamericana de la Salud, etc. 

Luego de varias reuniones durante 2015, en 2016 se hizo la primera presentación. “Una compañera trans logró ingresarlo a través de un diputadx. Ahí empezamos a militar para que lo trataran. Costó mucho”, recuerda Di Bello. 

La presidenta de la comisión de Salud en ese momento era la diputada Carolina Gaillard (Frente de Todxs), quien no había firmado pero sí ayudó a que el proyecto avanzara dentro de la Cámara de Diputados. Hoy ella es la principal firmante de este proyecto presentado el lunes pasado.

Matías Muñoz conoce todo el recorrido de este proyecto. “La primera presentación fue en noviembre de 2016. Recuerdo que no llegábamos a lograr el quórum suficiente para poder tratar la ley. Ya estaban presentes muchas de las organizaciones que hoy siguen trabajando para que salga la ley. “Nos desilusionó mucho el ver que los diputados y diputadas de muchos bloques le daban la espalda a la ley de VIH”, recuerda Matías. 

“En 2017 logramos un dictamen favorable de la comisión de salud pero lamentablemente cayó en un cajón del diputado Daniel Lipovetzky, que en ese momento presidía la comisión de legislación general, y ahí se quedó hasta perder estado parlamentario”, explica Muñoz, ahora presidente de Ciclo Positivo. 

“Para ese momento estábamos en medio de la gestión macrista. Las situaciones se habían puesto muy complejas en cuanto a la respuesta al VIH, sobre todo en los tratamientos”, recuerda Di Bello. 

Por eso, ante la emergencia de la faltante de medicamentos, reactivos, preservativos y leche de fórmula para bebés de mujeres con VIH, varias de las organizaciones conformaron el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH. 

Para ese momento se había logrado, en la gestión kirchnerista, que se reconociera las pensiones no contributivas para las personas con VIH que estuvieran en situación de extrema vulnerabilidad. Pero en 2016 no sólo no se otorgaron más pensiones sino que algunas personas dejaron de recibirlas. 

Ahí fue cuando se dieron cuenta que, aunque el derecho parecía garantizado, no se podían arriesgar a que los cambios de vientos políticos modificaran sus vidas de manera tan drástica. En 2018 decidieron presentar nuevamente el proyecto y agregaron dos puntos: las pensiones no contributivas y las jubilaciones anticipadas.

“Se proponía que la persona con VIH que logró un trabajo no necesitara tener 30 años de aportes, sino que con 20 de aportes y con más de 50 años pudiera acceder a la jubilación. Se piensa en la anticipación primero porque es difícil conseguir trabajo, y además después de muchos años de medicación, si bien son maravillosos los antiretrovirales, lo cierto es que también producen otro tipo de deterioros en el organismo, lo que se conoce como envejecimiento prematuro del organismo”, explicó Di Bello. 

Pandemia y medicación VIH

Esta nueva presentación del proyecto de ley ocurre en medio de una pandemia que reveló problemas en el acceso a la medicación de VIH y retraso en la llegada de los reactivos a muchas provincias argentinas, tal como se puede ver en el informe de Ciclo Positivo que se hizo en junio y julio de 2020, y publicado en septiembre. 

El informe recoge testimonios de 506 personas encuestadas de casi todo el país. Entre las conclusiones, advierte que “los resultados muestran persistencia de barreras de acceso, en algunos casos profundizadas y articuladas con otras de nuevo tipo”.

Además, del total de encuestadxs, entre quienes tenían VIH+ el 75 % refirió haber necesitado realizar una consulta médica relativa al VIH+ durante el ASPO (Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio). El 18 % de ellxs dijo que le cancelaron el turno y el 8 % indicó haber acudido a una consulta programada previamente sin ser atendidxs. 

En 12 jurisdicciones del país lxs encuestadxs reportaron haber sido informadxs de faltantes de reactivos para al menos uno de los estudios de seguimiento y, en 9 de ellas, de medicamentos. 

La Red Argentina de Jóvenes Positivos (RAJAP) también denunció en sus redes sociales que, sobre un total de 300 encuestades, sólo 8,3 de cada 100 personas bajo tratamiento en Argentina ha recibido medicación trimestral o para mayor cantidad de tiemp, como recomendó el Programa Conjunto para las Naciones Unidas sobre VIH/SIDA (ONUSIDA) y que el Ministerio de Salud de la Nación avaló.

“Si hay imposibilidad de volver acceder al sistema a quienes por alguna razón dejaron la medicación y quieren volver por el tema de la pandemia, no dan turnos. Lo mismo pasa que no están haciendo carga viral ni análisis de cd4; la excusa es la pandemia pero en los hospitales nos dicen que no hay reactivos. Hubo complicaciones al inicio de la pandemia más que nada con las obras sociales y prepagas porque por el home office no respondían. Eso provocó que gente se quedara sin medicación”, explicó a Presentes Emir Franco, presidente de RAJAP.

Otra situación que mantiene en alerta a las organizaciones fue la renuncia, en septiembre, de Sergio Maulén, quien estaba al frente de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis. No era la primera vez que Maulén tenía ese cargo: también lo ejerció en la gestión anterior del presidente Mauricio Macri y aquella vez también renunció cuando se le bajó la categoría al Ministerio de Salud, y pasó a ser una Secretaría, y tras negarse a firmar una reducción del 25% al presupuesto de la Dirección.