Por Georgina González

Fotos: Gentileza de El Taller

El pasado 3 de noviembre el Congreso de Puebla aprobó, con 31 votos a favor, reformas al Código Civil que garantizan el matrimonio igualitario. Puebla, un estado conservador del centro de México, se convirtió en el estado 20 en reconocer este derecho.

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La reforma sustancial se dio en el artículo 294. Anteriormente decía: “El matrimonio es un contrato civil, por el cual un sólo hombre y una sola mujer”. Tras la aprobación se entiende por matrimonio a “la unión entre dos personas”. 

El derecho al matrimonio igualitario en Puebla se logró tras diez años de lucha. Desde entonces, activistas y organizaciones civiles que defienden los derechos humanos de la población LGBT en Puebla trabajaron acciones comunitarias y políticas para que este derecho se garantizara.

“Durante esta batalla llegamos a escuchar decir a políticos que si muchas ganas teníamos de casarnos que nos fuéramos a la Ciudad de México. Y eso da coraje. Por qué tenemos que irnos a otro lugar, por qué tenemos que desplazarnos si aquí crecimos, hemos hecho nuestra vida, aquí vivimos. Por qué debemos ir a otro lugar a que nos reconozcan nuestros derechos”, comentó para Presentes, Gabriela Cortés, teatrera, defensora de los derechos humanos y coordinadora de El Taller, asociación poblana dedicada al trabajo comunitario y artístico con enfoque lesbofeminista.

Una lucha de diez años

El 17 de mayo de 2010 el Comité Orgullo Puebla organizó un encuentro para efectuar uniones simbólicas entre parejas del mismo sexo. Ese día alrededor de 23 parejas participaron en el evento. “Fue tan poderoso que hubo parejas que realmente entregaban un anillo de a de veras y fue tan bonito. Pero al otro día nos topamos con la serie de discriminación, de odio que nos enfrentamos en el día a día en un estado con tanta mochés (conservadurismo) y carga religiosa como lo es Puebla”, así recuerda Gabriela Cortés el año en que comenzó la lucha por el derecho al matrimonio igualitario en Puebla.

Esa experiencia impulsó a activistas y organizaciones a generar acciones por la visibilidad de la diversidad sexual y a defender sus derechos en un estado que negó, al menos en tres ocasiones, las uniones entre personas del mismo sexo. 

Desde 2014 el Observatorio Ciudadano de Derechos Sexuales y Reproductivos y El Taller ya había ingresado un amparo colectivo para que 30 personas, lesbianas y gays pudieran unirse con sus parejas.

En 2015 la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) publicó la jurisprudencia 43/2015 que señala como inconstitucional las normas civiles de los estados del país que definen el matrimonio como la unión entre “un hombre y una mujer”. 

Para 2017, luego de una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la SCJN resolvió como inconstitucional y violatorio de derechos humanos los artículos 294 y 297 del Código Civil de Puebla en donde se declara inválida la figura de la unión civil entre “un solo hombre y una sola mujer”. Gracias a esa resolución parejas del mismo sexo pudieron unirse bajo amparos. 

“Mi pareja y yo logramos interponer uno de esos amparos sin pagarlo y lo aprobaron. Pero nos incomodó ¿sabes?. Por qué solo unas parejas tenemos ese derecho ¿no?. Fuimos afortunadas pero igual sentimos que los amparos nunca van a ser el camino porque dejan fuera a muchas más parejas y no se vale (no es justo)”, señaló Gabriela.

Fundamentalismo y gobernantes homofóbicos

En diciembre de 2019 el gobernador actual de Puebla, Miguel Barbosa, presentó una iniciativa de reforma al Código Civil que mantuvo el matrimonio como la unión “entre un hombre y una mujer” y quitó la disposición de que el matrimonio tiene como fin “perpetuar la especie”. 

Esa acción dejó con una suerte de candado la sentencia de inconstitucionalidad de la SCJN que benefició, al menos durante tres años, a que parejas del mismo sexo se unieran mediante amparos.

La resistencia que opuso el propio gobernador del estado provocó que la CNDH presentara nuevamente que la reforma que define al matrimonio como la unión entre un hombre y una mujer es inconstitucional y violatoria de los derechos humanos. 

Durante la sesión del Congreso que garantizó el derecho al matrimonio igualitario, el diputado sin partido, Héctor Alonso Granados exigió “háganles una ley especial como hay en otros estados, pero no vengan a destruir el código de familia (…) que nos ha llevado siglos construir (…) Yo por eso razono mi voto en contra. Somos más los heterosexuales que los homosexuales, por lo tanto no podemos ser rehenes de las minorías y no me importa lo que digan. No soy misógino ni homofóbico, se los garantizo”.

Este tipo de resistencias no son únicas de parte de la clase política. En Puebla la iglesia católica ha fungido un papel importante para que los derechos de las poblaciones LGBT+ y de las mujeres no se garanticen y se nieguen en repetidas ocasiones.

“La iglesia católica tiene mucho peso, y aunque la ley dice que es un estado laico, la realidad es otra. Reconocemos que hay grupos muy conservadores en Puebla y el Arzobispo tiene mucho peso sobre los feligreses y los gobernantes y lo que dice es casi que un mandato. Es muy duro, da miedo y es paralizante escuchar cuando dicen que las lesbianas y gays terminarán con la familia”, señaló Gabriela Cortés.

“Y sí hay muchas lesbianas y muchos gays y muchas personas trans que queremos terminar con esa familia tradicional, esa familia que rige de una manera, que odia a lo que es diferente. Sí queremos terminar con esa familia que no reconoce a las otras familias, a la diversidad de familias que existen”, agregó. 

“La ley en el papel es una cosa y la realidad otra”

Gabriela asegura que la aprobación de la ley de matrimonio igualitario no garantiza un cambio real en la discriminación y violencias que viven las personas LGBT+ de Puebla. 

“Cuando se aprobó la ley sentí de todo. Entre querer llorar de emoción pero también de miedo, de pinche coraje…o sea, por qué apenas, ¿no?. Pero es importante para que a la sociedad en general se le vaya metiendo (la idea) que esto es normal. Pero también lo cierto es que pese a que está en un papel, esta ley no es para todas, para todes, porque sigue habiendo discriminación, siguen habiendo feminicidios, violencia, simplemente no puedes gritarlo a todos los vientos “me voy a casar”. Da miedo”, sostiene Gabriela. 

Sin cifras de violencias

En México no hay hay cifras oficiales que ayuden a dimensionar las violencias y la discriminación contra las personas LGBT. Y aunque en Puebla está tipificado el homicidio con la agravante de odio por “preferencia sexual”, las fiscalías no cuentan con un protocolo especializado que garantice el acceso a la justicia.

De 1996 a 2019, 65 personas LGBT+ de Puebla fueron asesinadas, de acuerdo a un recuento hemerográfico realizado por la organización No Dejarse es Incluise AC Vida Plena.

Frente a “una realidad que cuesta cambiar” Gabriela apuesta, junto a sus compañeras de El Taller, por incidir con teatro, batucada y trabajo comunitario con perspectiva lesbofeminista “para luchar en la eliminación de la competencia que ciertos grupos quieren imponer entre mujeres y mujeres trans; la misoginia; los crímenes de odio; los feminicidios; las violencias machistas; las violaciones correctivas, los transfeminicidios”.

“De repente hay diputadas, diputados que se dicen ser sensibles. Pero al final todo es por la lucha de las organizaciones que no hemos dejado de picar piedra, de exigir, señalar y de decir: aquí estamos, les estamos vigilando”, señaló Gabriela Cortés.