21 de julio de 2020

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El Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha endurecido las políticas migratorias justificado en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus a nivel mundial. Esta decisión del mandatario pone en riesgo a cientos de solicitantes de asilo de la población LGBTI de la región centroamericana.

Estados Unidos rompió el récord de contagios en la segunda semana de julio, al reportar más de 77.000 nuevos casos y más de 138.000 muertes desde que inició la crisis sanitaria. El presidente Trump aprovechó la emergencia por el coronavirus para rechazar todos los pedidos de asilo, con base y del título 42, sección 265 del código de Salud.

Huyendo de la pobreza, la violencia y con la esperanza de alcanzar el “sueño americano”, en agosto de 2018, miles de migrantes de Honduras, El Salvador y Guatemala iniciaron masivas caravanas hacia Estados Unidos, una situación que generó una emergencia en los países de tránsito y la frontera sur estadounidense.

El programa de asilo busca brindar protección a poblaciones que son perseguidas o temen ser perseguidas en sus países de origen, entre ellas se incluye a la población que sufre ataques y discriminación por causa de su orientación sexual e identidad de género.

Pese al discurso hostil de Trump en contra de la migración, muchas personas continúan emprendiendo la arriesgada travesía. Sin embargo, organizaciones LGBTI denuncian que desde abril no se ha podido aplicar al programa de protección de asilo humanitario en Estados Unidos.

Ante este escenario, Presentes conversó con Suyapa Portillo, catedrática del Pitzer College en California e integrante de la Red Lésbica Cattrachas de Honduras, quien ha realizado investigaciones sobre migración, género y trabajo en Centroamérica y América Latina sobre poblaciones LGBTTI Latinas (o) y migración queer (im) en las Américas.

– ¿Tienes información sobre deportaciones de personas LGBTI hacia Honduras durante el periodo de cuarentena por el Coronavirus?

–De las personas que están deportando ahorita yo diría que la mayoría son hondureñas y centroamericanas. Son el grupo que más deportan, personas que no tienen abogado, que no tienen a nadie aquí, personas que no han podido presentar su caso porque la personas tiene que saber presentar su caso y el resto de limitaciones que puso el ex fiscal general Jeff Sessions en la frontera de que no pueden decir solo “violencia” o “pandillas” como motivo. También tienen que comprobarlo y hacerlo es muy difícil si no tienes recortes de prensa o fotos de lo que te pasó. Las principales consecuencias de la política migratoria anti-asilo, deportaciones y extensas detenciones han sido trágicas para la comunidad LGBTI en Honduras.

–¿Cómo han afectado los tratados de país seguro firmados entre EEUU y los países de Triángulo Norte?

-A partir de estos tratados, las personas tienen que esperar en Tijuana o al otro lado de la frontera porque si cruzan como indocumentados, como siempre se ha hecho, les pasa dos cosas:  una es que es delito cruzar la frontera sin documentos, entonces primero son tratados como criminales. Son llevados a la cárcel por eso y de ahí de la cárcel los llevan a la Corte. El aislamiento donde mantienen a las personas trans en detención es brutal. Las personas gay, lesbianas y trans están en un aislamiento con condiciones horribles. Hay un trato denigrante de las personas que trabajan para ICE (N.d.E. Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) entonces las mujeres trans se ven constantemente en aislamiento, son maltratadas y si las ponen con la población general es peor.

A veces no saben cómo explicar que no pueden vivir en su país y la patrulla fronteriza de ICE los hacen ver como mentirosas. El gobierno ha dado poder a estas patrullas fronterizas e ICE para desmentir algo que es mentira, entonces esas tácticas de forzar a la gente a firmar su deportación, presionando a la gente diciendo que lo que dicen no es verdad ha sido una manera psicológica de forzar las deportaciones y de forzar a las compañeras a que se vayan, a que ya no aguanten, ya sea desde que entran o ya sea en detención. Las condiciones de detención y los abusos son tan terribles que mucha gente prefiere irse.

–¿Desde la entrada en vigencia de las políticas migratorias enmarcadas en la crisis del Coronavirus tienen conocimiento si la población LGBTI migrante aún tiene acceso al programa de asilo en Estados Unidos?

-Técnicamente sí tienen acceso al asilo, pero hay limitaciones en ese acceso, entonces es como que les están cerrando la puerta y ¿qué va a hacer la gente en Tijuana? Si ya Tijuana está saturada, no se encuentra trabajo, hay pocos recursos. Trump aprovechó la pandemia para limitar el asilo de personas LGBTI.

–¿Considera que estas políticas ponen en riesgo de muerte a la población LGBTI?

-Las políticas de Trump ponen en riesgo a toda la comunidad LGBTI, especialmente a la comunidad trans.  El 25 de mayo hace dos años, en 2018, murió una compañera hondureña, Roxana Hernández, a quien se le negó ayuda medica, comida y agua, la autopsia demostró que ella tenía deshidratación severa, o sea que no le dieron agua cuando la transportaron y de golpes.

Entonces, estos centros de detención son privados, subcontratados por el gobierno, o sea que los guardias no tienen ningún tipo de entrenamiento de cómo lidiar con la comunidad trans, jóvenes, niños. Ha habido reportes de abuso sexual a niños, personas trans. Ha habido golpes y es un programa asesino. Desde Roxana han muerto tres personas trans más, otros migrantes hombres y mujeres han sido asesinados y no hay cómo llevarlos a la Corte. Esencialmente son violaciones a los derechos humanos.

El gobierno de México se presta a este tipo de respuesta hemisférica a la migración de gente pobre, de gente sin derechos en sus países, de gente que ha vivido un gran nivel de violencia como las compañeras trans, las lesbianas, la comunidad gay.