14 de mayo de 2020

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Foto: Ariel Gutraich/Archivo Presentes

Una de las consecuencias de las medidas del aislamiento por el Covid-19 se reflejó en la incapacidad de lxs inquilinxs para afrontar el pago de los alquileres de sus viviendas. Según una encuesta realizada por la Federación de Inquilinos Nacional (FIN), 6 de cada 10 personas no podrá pagar ese monto durante mayo. Estos números aumentan en el caso de la población LGBTI+. “Del total de las compañeras trans y travestis que participaron en la encuesta, un 100% vive en condiciones de informalidad. Además, el 100% de las compañeras travestis y el 93,8% de las mujeres trans dijeron que no podrían pagar el alquiler porque dejaron de percibir ingresos”, explica Gervasio Muñoz, presidente de la FIN y referente de Inquilinos Agrupados.

De acuerdo a Muñoz, esta es la primera vez que una encuesta de la Federación refleja las condiciones habitacionales de un sector de la población LGBTI+. “El segmento entrevistado corresponde a 150 compañeras trans y travestis vinculadas a la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR). Desde que comenzó la cuarentena, el trabajo en la calle se desactivó por completo, y las compañeras denunciaron numerosas situaciones de hostigamiento y amenaza de desalojo por parte de los propietarios”. 

“Cuando no tenés casa o cuando te estás endeudando para pagar un alquiler, el imperativo #QuedateEnCasa pierde sentido. La casa no puede ser un lugar de violencia machista ni de especulación inmobiliaria”, explica Lucía Cavallero, socióloga y referente del colectivo Ni Una Menos, a Presentes. “La población LGBTI+ tiene muchos problemas para acceder a la vivienda porque generalmente estamos desheredados, no tenemos casas conyugales, así que en todas esas situaciones ameritaría el desarrollo de planes de vivienda o subsidios masivos para hacerse cargo de la imposibilidad de pagar el alquiler”.

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A pocos días del comienzo de la cuarentena, el gobierno publicó en el boletín oficial el decreto de emergencia pública 320/2020 que dispuso, entre otras medidas, “la suspensión temporaria, hasta el 30 de septiembre del año en curso, de los desalojos de los inmuebles” destinados a vivienda única personal o familiar, actividades culturales y pequeñas producciones, entre otras situaciones de excepción, así como el congelamiento en el precio de los alquileres. Aun así, al día de hoy denuncian que se incumple la nueva medida. 

En esta situación, explica Muñoz, no hay ley, no hay Estado ni hay Justicia. “Hay un sistema muy perverso que tiene el Gobierno de la Ciudad con el que subsidia a la persona y no al hotel. Es decir, la persona debe demostrar que alquila una habitación en ese lugar, lo que para alquileres informales es complicado, y les dan un subsidio para pagar la habitación. Pero frente a esto, el hotel aumenta el precio del alquiler. A esto hay que sumar que estamos hablando de pensiones donde se vive en condiciones indignas, celdas sociales. Se les llama hotel por una cuestión romántica, pero son prisiones en medio de la ciudad”. 

A quiénes excluye el #QuedateEnCasa

Pamela (34) ejerce el trabajo sexual desde los 16 años. Nació en Salta y hace 18 años se mudó a Buenos Aires y actualmente reside en un hotel en Constitución ubicado en las calles México y San José. “El hecho de que seamos chicas trans y trabajadoras sexuales, y muchas veces migrantes, para los dueños de los hoteles no significa nada. No le dan importancia al decreto del presidente y nos hostigan y nos amenazan para que paguemos el alquiler sin importar el contexto”, cuenta a Presentes. 

Casi la totalidad de las personas trans y travestis entrevistadas en la encuesta de la FIN declaró que dejó de percibir ingresos durante la cuarentena. “Si nos amenazan con desalojo, no nos queda otra que salir a la calle, arriesgar nuestra vida en medio de la pandemia para pagar los gastos necesarios, y ahí empieza lo que ya sabemos. Se imcumple la cuarentena, somos chicas trans y trabajadoras sexuales, nos llevan presas. La historia de siempre”, continúa Pamela. 

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Formas de violencia propietaria

Para Cavallero, las mujeres cis, las lesbianas, las trans, las travestis y las madres con niñes son la población más expuesta a situaciones de violencia durante las medidas de aislamiento por el Covid-19. “Acuñamos el término violencia propietaria para pensar esta situación en la que muchas mujeres, lesbianas y travestis están expuestas por estar endeudadas con los propietarios y con las inmobiliarias, lo que las expone a situaciones de violencia. Esto, respecto al colectivo LGBTI+, se expresa en los desalojos de los hoteles donde radican compañeras travestis y trans, trabajadoras sexuales, y donde el acceso a la vivienda se da de manera informal”. 

El término acuñado por la socióloga refleja las presiones, abusos, hostigamientos y demás tipos de amedrentamiento por parte de los propietarios de viviendas y por las inmobiliarias. Estas violencias van desde desalojos violentos hasta el cese de los servicios de la vivienda, como la luz, el agua o el gas. “Hubo situaciones en donde entraron por la fuerza por tener la llave y desalojaron a inquilinxs, sacaron las pertenencias de la persona al medio de la calle, esa es una situación extrema. Luego hay situaciones como que te presionen llamandote todos los días, que te corten la luz, o en el caso de las inmobiliarias, que intimen a través de cartas. Las condiciones que hacen posible esa violencia son el no acceso a la vivienda y la situación de restricción de ingresos, de tener que endeudarse con respecto a la posibilidad de poder pagar un alquiler”, explica Cavallero. 

“Hace tiempo que veníamos observando, desde la Federación de Inquilinos, que la mayor parte de estas violencias, casi en su totalidad, recaen sobre mujeres cis y trans, y quisimos comenzar a discutir esto con el colectivo Ni Una Menos para poder empezar a pensar en alguna solución”, explica Muñoz. Desde la FIN presentaron un proyecto de ley en donde proponen, entre otras cosas, que los corredores inmobiliarios deben formarse en Derechos Humanos y Género. “Nos parecía importante plantear eso y comenzar a transitar ese camino. Lxs inquilinxs dicen mi dueño, mi propietario, y los propietarios dicen mi inquilino, y ahí hay una reminiscencia de los viejos modos patronales, la versión moderna del patrón de estancia que maltrataba a la hija del peón”. 

Soluciones solidarias en tiempos de pandemia

“En Constitución se está trabajando mucho con la contención habitacional. Los dueños de los hoteles, que los tienen en pésimas condiciones, entendieron que no pueden expulsar a nadie, y cuando lo intentaron, nos pusimos bravísimas y mediante distintas acciones detuvimos los desalojos”, cuenta Marcela Tobaldi, presidenta y fundadora de la Asociación Civil Rosa Naranja. “Logramos que hasta nuestras compañeras más vulnerables, que no cuentan con subsidios habitacionales o que se encontraban en situación de calle, pudieran ingresar a habitaciones para ser contenidas”. 

Por su parte, Pamela cuenta que gracias a la ayuda de AMMAR consiguieron contar con bolsones de comida y que cada fin de semana se reúnen en un comedor en el barrio de Constitución para ayudar a todas las trabajadoras sexuales. “Además, nos acercamos todas a la Casa Roja de AMMAR en donde nos ayudan con la Jornada de ciudadanía porteña, para entender los programas de subsidios a los que podemos acceder, y ahí dan mucha contención a las compañeras migrantes”. 

“Lo que pedimos es que haya políticas activas de desendeudamiento por parte del Estado. Es inadmisible que la gente que está en situación de restricción en su posibilidad de obtener ingresos, cuando acabe el aislamiento termine hiperendeudada con las inmobiliarias o propietarias, así que pedimos que el Estado se haga cargo de esas deudas”, explica Cavallero. “También pedimos un abordaje específico para estas situaciones de violencia a mujeres cishetero y personas LGBTI+, que el Estado haga cumplir la prohibición de desalojos y que esta se extienda por 24 meses”. 

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Para la referente del colectivo Ni Una Menos, es necesario tomar una medida de fondo que regule la situación. “La ley de Alquileres permitiría que no lleguemos a estas instancias en las que estamos ahora en donde el Estado emite un DNU y es imposible que se traduzca en la efectiva regulación del mercado porque es un mercado que está desregulado hace muchísimos años. Lo que pedimos, en definitiva, es que se desarrollen planes que entiendan que la vivienda es un derecho”. 

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