Desde el primer día de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 se perpetraron en Argentina al menos 177 crímenes de odio donde la orientación sexual, la identidad y/o expresión de género de las víctimas fueron utilizadas como pretexto discriminatorio para vulnerar sus derechos y ejercer violencias. La información fue dada a conocer hoy, en el Día de la Promoción de los Derechos de las Personas Trans, por el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT de Argentina. Forma parte de los resultados del Informe “Crímenes de Odio a las personas LGBT+ en Argentina”, que elabora el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (ONCO LGBT). El Observatorio fue creado por la Defensoría LGBT (que depende del Instituto contra la Discriminación) de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires; en articulación con la Federación Argentina LGBT y la Defensoría del Pueblo de la Nación, en mayo de 2016.

El informe despliega las definiciones de crímenes de odio y da cuenta de diversas modalidades de violencias por prejuicios. Si bien no existe una definición universal de crimen de odio, el Observatorio recolecta esos ataques documentados que fueron cometidos contra alguien a quien se asocia como integrante de colectivos LGBT+.

“De todos los crímenes de odio registrados, el 44% de los casos (78) corresponden a lesiones al derecho a la vida, es decir a asesinatos y muertes por ausencia y/o abandono estatal; y el 56% restante de los casos (99) corresponden a lesiones al derecho a la integridad física, es decir violencia física que no terminó en muerte”, dice el informe. 

Cómo se recolectan estos datos

Los datos para elaborar este informe se obtuvieron de medios de comunicación y de información recolectada por la Defensoría LGBT -dependiente del Instituto contra la Discriminación (ICD)- de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, a través de denuncias recibidas, redes sociales, contactos telefónicos, en articulación con la Federación Argentina LGBT, y su desarrollo territorial en las 24 provincias del país. También de los datos aportados por el Centro de Documentación y Situación Trans de América Latina y el Caribe (CeDoSTALC) perteneciente a la REDLACTRANS. 

Por eso, el informe aclara que no son datos exactos, pero “permiten vislumbrar una realidad que es, sin duda, mucho peor de lo que sugieren los números”. Existe otro problema: “no a todas las personas trans que son asesinadas se las registra como trans y se les respeta su identidad de género, y no todos los crímenes de odio de lesbianas, gay y bisexuales se visibilizan como tales, sino que por el contrario, en muchos casos se oculta la orientación sexual de las personas”.

Aumentaron los crímenes de odio respecto de 2018 y 2017

¿Qué nos dicen estos números si se los compara con el mismo informe de años anteriores? “Arrojan una realidad preocupante: la cantidad de crímenes de odio ocurridos en 2019 implican un aumento significativo en relación a los casos relevados en el año 2018 -ciento cuarenta y siete (147)-, y en el año 2017 -ciento tres (103)-”, se consigna junto a los datos. 

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Asesinatos y muertes por abandono del Estado

Del total de lesiones al derecho a la vida, el 21% de los casos son asesinatos y el 79% son casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal.  “La cantidad de casos de muertes por abandono y/o ausencia estatal es imprecisa y sin dudas significativamente muchísimo menor al real ya que estos no figuran en los medios y solo es posible acceder a ellos a través de la denuncia directa de familiares y mayormente de otras mujeres trans”. 

Según el informe, en 2019 hubo en Argentina al menos “16 asesinatos perpetrados hacia la diversidad sexual -12 fueron dirigidos a mujeres trans y 4 a varones gay cis-; y 62 muertes por abandono y/o ausencia estatal -todas ellas fueron de mujeres trans-”. 

Mujeres trans, las más afectadas

Del total de las personas de la comunidad LGBT víctimas de crímenes de odio registrados en 2019, el 64% de los casos corresponden a mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros), en segundo lugar con el 24% se encuentran los varones gays cis, en tercer lugar con el 8% de los casos le siguen las lesbianas y por último con el 4% los varones trans. 

El 95% de las lesiones al derecho a la vida son a mujeres trans. El 5% restante a varones gays cis.

“Estos alarmantes números muestran como la violencia hacia la comunidad LGBT está particularmente dirigida: es en las mujeres trans en quienes se manifiesta con especial odio, saña y de manera más brutal la discriminación en su máxima expresión”, contextualiza. 

El informe recuerda y describe cómo opera la cadena de exclusiones hacia las personas trans, para quienes la violencia comienza a edades tempranas. “A lo largo de toda su vida las mujeres trans son sometidas, por su identidad y expresión de género, a discriminación, estigmatización, hostigamiento, persecución, violencia física, violaciones, tortura y a otros abusos que en muchos casos terminan en muerte.  En general, las violencias comienzan a una edad muy temprana con la expulsión del hogar causada por los prejuicios de la propia familia y ubica a las mujeres trans en una situación disminuida para encarar cualquier proyecto de vida por falta de recursos materiales y por ende el debilitamiento de la red primaria de contención material y afectiva”. Y agrega: “La discriminación en el mercado laboral responde al funcionamiento de una doble matriz de exclusión. En muchos casos, las personas trans son excluidas debido a su falta de educación formal. Pero aun cuando han tenido estudios -incluso universitarios- suelen ser discriminadas en el acceso al empleo en virtud de su identidad y expresión de género –es decir, porque son trans”.

El infirme hace hincapié en que a ocho años de aprobada la ley de Identidad de Género, “aún quedan muchas deudas sociales y estatales para con las personas trans. El Estado tiene la obligación de tomar los recaudos necesarios para prevenir estas muertes, y el deber de implementar medidas de acción positivas orientadas a brindar las oportunidades que históricamente les fueron negadas”. 

De 20 a 29 años, el grupo más afectado

Según el informe, en relación a las edades de las víctimas, en los crímenes de odio en donde se registra este dato: 

-La franja etaria más afectada es la de personas de entre 20 a 29 años con el 35,29% de los casos. 

-En segundo, lugar con el 30,39% de los casos las víctimas corresponden a la franja etaria de 30 a 39 años. 

-En tercer lugar con el 14,71% de los casos, personas de 40 a 49 años. 

-Luego con el 8,82% la franja etaria de 50 a 59 años. Le siguen con el 4,9% de los casos respectivamente la franja de 10 a 19 años y la de las personas de entre 60 y 69 años. 

Violencia institucional

Otra de las observaciones sobre los resultados de este informe: “Las fuerzas de seguridad argentinas y los servicios penitenciarios manifiestan particular saña y odio contra las personas LGBT, y particularmente con comunidad de mujeres trans. Ello se manifiesta en el desconocimiento de sus identidades auto percibidas -burlas, insultos, descalificaciones-, en detenciones arbitrarias con armado de causas judiciales, en la criminalización del trabajo sexual, en la exigencia de coimas o de servicios sexuales gratuitos, en persecuciones, hostigamientos, tratos vejatorios e inhumanos, violaciones y tortura, tanto en la vía pública, como en comisarías y penales”. 

Esta situación también es propiciada, porque como recuerda el informe, “en algunas provincias del país existen códigos de faltas y contravencionales que aún hoy contienen figuras abiertas que tipifican faltas a la “moral y las buenas costumbres”, a la “decencia” o al “decoro”, y son utilizadas por las fuerzas policiales como herramienta para justificar su accionar violento y discriminatorio hacia la comunidad trans”. 

Se advierte que además existe un sub registro grande de estos casos, “ya que las víctimas la mayoría de las veces no se atreven a denunciar por miedo a reprimendas, por necesidad de seguir trabajando en la zona y hasta en algunos casos por naturalización de las situaciones discriminatorias.  

Trans privadas de libertad

En cuanto a la situación de trans privadas de libertad, el informe describe que “son expuestas a condiciones de detención contrarias a lo establecido por la leyes nacionales -la Ley de Identidad de Género particularmente- y los tratados internacionales de DDHH. Las organizaciones sociales de Argentina denuncian el sistemático maltrato y la violencia contra las mujeres trans en contextos de encierro”.

En mayo de 2019, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “una medida cautelar por la desatención sanitaria que padece todo el colectivo trans en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, por considerar que la población trans-travesti alojada en la órbita del Sistema Penitenciario Bonaerense está “en permanente riesgo de sufrir daños irreversibles o la muerte”. La historia de Mónica Mego es apenas una de tantas. Mónica quedó parapléjica después de que le negaran acceso a la salid durante seis meses. El informe también cita otros cincos casos de mujeres trans que murieron o sufrieron daños irreversibles en su salud bajo custodia del Estado. 

Salta y los territorios más violentos

El informe documenta la distribución geográfica de los crímenes de odio y arroja estos resultados: 

-El porcentaje más alto -27%- ocurrieron en la provincia de Buenos Aires; le sigue en segundo lugar con el 24% la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; luego con el 12% la provincia de Salta; posteriormente con el 5% cada una Santa Fe y Río Negro. 

-En sexto lugar se encuentran Entre Ríos, Mendoza, Chubut, Jujuy y Santiago del Estero y Tucumán con el 3% cada una; le siguen con el 2,72% cada una, La Rioja, Santiago del Estero, San Juan y Rio Negro; posteriormente con el 2% La Rioja. 

-El 4% restante se encuentra distribuido -con porcentajes muy bajos- entre Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Cruz. En el 1% de los casos no hay registro sobre el lugar geográfico donde se produjeron los hechos. 

“No es casual que los grandes centros urbanos concentren la mayor cantidad de casos de crímenes de odio del país, ya que se es notable la migración de personas de la comunidad LGBT hacia estos, por el gran estigma y la exclusión que acarrea pertenecer a la diversidad sexual en ciudades pequeñas.  En cambio, llama poderosamente la atención la relación entre población y crímenes de odio en la provincia de Salta, ya que esta jurisdicción tiene una concentración poblacional considerablemente más baja que Buenos Aires y CABA, y a pesar de ello se encuentra tercera en cantidad de casos, con casi la mitad de crímenes de odio que en la provincia de Buenos Aires y la mitad exacta de casos que en CABA”.  También aclara que “en las provincias de Argentina con los porcentajes más bajos o inexistentes no hay necesariamente menos crímenes de odio, sino que hay un sub registro.  

En la vía pública

En cuanto al lugar físico donde se perpetraron los crímenes de odios, los datos relevados arrojan que:

-El porcentaje más alto ocurrió en la vía pública, con el 47% de los casos. 

-El 26% de los casos ocurrieron en viviendas. De ese porcentaje el 20% corresponde a la vivienda particular de la víctima -y está directamente relacionado con la violencia de género y con el ejercicio del trabajo sexual en casas particulares sin ningún tipo de seguridad debido a la falta de regulación-; el 3% de los casos ocurrieron en la vivienda del agresor, y el restante 3% en otra vivienda.