Josué Maureira declaró durante cinco horas. INDH suma 19 querellas por violencia sexual de agentes del Estado. La Universidad Católica presentará una querella.  

Por Airam Fernández, desde Santiago de Chile . Fotos: Josean Rivera

Este lunes 28 de octubre fue la primera audiencia ante la Justicia por la denuncia contra funcionarios de Carabineros por torturas y abuso sexual de Josué Maureira, un estudiante de medicina gay de 23 años.

“Agotadora, emotiva y muy fuerte”. Con esas palabras, María Elena Santibáñez, abogada de Josué Maureira y profesora de Derecho de la Universidad Católica (UC), describió cómo fue la audiencia. Josué, estudiante de Medicina de esa universidad, asistió a la Fiscalía Sur de la Región Metropolitana a presentar una declaración, tras denunciar que tres funcionarios de Carabineros lo torturaron y que al menos dos abusaron sexualmente de él, luego de llevárselo detenido cerca de un supermercado saqueado, en Santiago de Chile, en el contexto de las protestas sociales que se agudizaron desde el 18 de octubre en todo el país. 

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Su caso se viralizó en las redes por un posteo de Facebook donde él mismo contó lo que vivió en la 51° Comisaría de Pedro Aguirre Cerda. Una querella presentada por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) por el delito de tortura con abuso sexual agravado obligó a Fiscalía a abrir una investigación.

19 querellas por violencia sexual

El documento que ingresó el INDH dice que a Josué lo golpearon con bastones, puños y patadas. También señala que «lo mantuvieron esposado y así fue golpeado sin mediar provocación alguna. Lo insultaron por ser homosexual, asunto que dedujeron sus victimarios porque andaba con las uñas pintadas de rojo. (…) Luego lo desnudaron completamente y además abusaron sexualmente de él, dentro del contexto de tortura que sufría en ese momento, con la introducción de la luma o bastón de servicio por la cavidad anal», añade el organismo. Hasta el 28 de octubre, el INDH suma 19 querellas por violencia sexual a civiles por parte de agentes del Estado, desde que empezaron las manifestaciones masivas. 

Las indagatorias del caso de Josué quedaron a cargo de Paulina Díaz, fiscal especialista en derechos humanos. Por eso lo citaron a declarar este lunes, en calidad de víctima.

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“Una declaración larga y dolorosa”

La audiencia estaba pautada para las 16, pero hubo un cambio repentino. Desde la Clínica Alemana avisaron a Fiscalía que una serie de exámenes complementarios que le practicarían a Josué durante la mañana, tendrían que ser realizados en la tarde. Esos exámenes no podían coincidir con la declaración ante los fiscales. Entonces el proceso se adelantó.

La sala estaba lista a las 12:30, después de una reunión de 15 minutos que, junto a sus padres, mantuvo con el fiscal regional Héctor Barros y algunos miembros de ese equipo. De ese encuentro también participó Ignacio Sánchez, rector de la UC; junto a Felipe Heusser, decano de la Facultad de Medicina de esa universidad; y Santibáñez, que asumió la vocería del joven. 

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“Esa primera reunión antes de tomarle la declaración fue un gesto valioso. El fiscal regional y su equipo quisieron ver a Josué y de alguna forma entregarle su apoyo”, cuenta la abogada. Josué habló durante casi cinco horas. Trató de dar la mayor cantidad de detalles posibles de su agresión. Recordó los nombres de los funcionarios que lo agredieron y torturaron: Marcos Valenzuela, Luna Huelche y M. Vásquez. A los responsables de la agresión sexual, en cambio, no les vio la cara ni la identificación en el uniforme. Pero sabe que son dos. “Eso es quizás lo más difícil de este caso. Aunque la agresión sexual más o menos se manifiesta en los informes con los que ya se cuenta, solamente aportan desde el punto de vista científico. Y lo más relevante en materia investigativa es determinar la participación”, dice Santibáñez. 

“Que en Chile nunca más se violen ddhh”

A Josué lo escucharon la fiscal Díaz, el fiscal Christian Toledo, un abogado del INDH, una funcionaria de la Policía de Investigaciones, Santibáñez y otro abogado que trabajará con ella en esta causa. A las 14:45 hicieron una pausa para que pudiera cruzar la ciudad y llegar a la clínica, en un trayecto que normalmente tomaría 30 minutos en auto. Fue mucho más, porque Santiago está colapsada desde hace casi dos semanas con protestas de una intensidad que no se veían desde la dictadura. 

Al llegar a la Clínica Alemana, le hicieron una serie de exámenes. Santibáñez explica que es básicamente para comprobar si hay algún tipo de lesión “más interna” a las ya determinadas por el examen sexológico que la Fiscalía le practicó justo después de la querella que interpuso el INDH. 

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A las 17, Josué ya estaba de vuelta en la fiscalía. Antes de reanudar la declaración, se tomó diez minutos para salir a la calle y saludar a un numeroso grupo de estudiantes, amigos, familiares y personas que acudieron a acompañarlo. Minutos antes de que se asomara, la manifestación fue reprimida por fuerzas policiales. Sólo unos pocos huyeron de las lacrimógenas.

“Les doy las gracias por estar aquí, por apoyarme. Todo esto es para que en Chile ninguna persona vea violados sus derechos humanos, nunca más”, dijo Josué a la multitud. “Es una declaración bastante larga y dolorosa”, añadió antes de entrar nuevamente al recinto, donde permaneció hasta las 20 hrs. 

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Cómo sigue el caso

Los resultados de los últimos exámenes médicos ya están en la carpeta de la investigación. La abogada espera conocerlos en el transcurso de este miércoles 30 de octubre. A partir de esos resultados y de la revisión de todos los antecedentes del caso, la próxima semana presentarán una querella a nombre de la Universidad Católica. 

Santibáñez explica que una investigación de estas características puede demorar entre seis a ocho meses. Sin embargo, espera que la relevancia y difusión que se le ha dado al caso, ayude a que no se prolongue tanto. De todas formas, no cree que en menos de tres meses tengan algún avance.  

Hay varias diligencias que ya están en curso, como el análisis de la declaración de Josué, junto a otros dos testimonios: el de su papá y su prima, quienes también declararon el lunes como testigos, en simultáneo. Hay otras operaciones “de carácter especial” que podrían demorar un poco más, junto a una serie de indagaciones que incluye la búsqueda de otros testigos y el análisis de otros elementos. 

Tortura vinculada a orientación sexual

Tras la detención el 21 de octubre, Josué fue imputado por los delitos de robo en lugar no habitado y maltrato de obra hacia Carabineros. Santibáñez estima que esos cargos serán deshechados a medida que avance la investigación y puedan comprobar lo que él relata: que se dirigió a las inmediaciones de un supermercado Santa Isabel -saqueado previamente- luego de oír gritos de auxilio a la distancia. 

Si logran comprobar que hubo abuso sexual y se determinan responsables, se enfrentarán a penas que podrían ir desde cinco hasta 15 años. “Pero nosotros vamos a darle la calificación de tortura agravada por abuso y ante eso podríamos llegar a presidio perpetuo”, añade Santibáñez. También evaluarán la aplicación de la agravante de la Ley Zamudio: “Aquí hay un tema súper importante para estos efectos, porque la tortura que le aplicaron a Josué está vinculada a su orientación sexual. Ese sería el móvil”. 

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