27 de mayo de 2019

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Por Verónica Ferrari 

Guillermo Sandoval Agurto tenía 68 años y había trabajado muy duro para ser reconocido como uno de los mejores estilistas de Lima, el de “las estrellas”. El sábado 18 de mayo, sus hermanos, preocupados porque todo el día no había dado señales de vida, se acercaron a su departamento y lograron ingresar. Dentro lo encontraron semidesnudo, con las manos y piernas amarradas, la boca tapada y diversos cortes de arma blanca en el tórax. También había sido golpeado y estrangulado.

El vigilante del edificio en donde vivía señaló a la Dirección de Homicidios que Guillermo había ingresado el viernes en la noche con tres jóvenes. Ellos se habían retirado con paquetes y riendo, avanzadas las 3 de la mañana del día siguiente. Desde ahí no se sabía nada más del maquillador.

La crueldad con la que fue asesinado hace sospechar que se trató de un crimen de odio, un asesinato que por su ferocidad intenta mandar un mensaje amenazante a las vidas LGTBI: que estas no pueden ser vividas. En el Perú no está legislado el crimen de odio como una variante de los homicidios, en donde se toma en cuenta la orientación sexual o la identidad de género de la víctima, gracias a las fuerzas políticas conservadoras que obstruyen todo tipo de posible legislación que beneficie a la población LGTBI.

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Archivar la muerte

Lo mismo se sospecha pasó con Jorge Javier Cabrera Canales, quien falleció completamente quemado y en extrañas circunstancias la madrugada del domingo 19 de mayo. Su cadáver fue encontrado dentro de la habitación, también consumida por el fuego, que rentaba cerca de su centro de labores, el Puesto de Salud Jorge Chávez, en Puerto Maldonado (Madre de Dios), ciudad de la selva peruana.

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Según el acta de levantamiento del cadáver, Jorge se habría electrocutado, lo que originó un cortocircuito que ocasionó que se incendiara también la habitación donde vivía. La hipótesis que maneja la Fiscalía de Puerto Maldonado es que el enfermero, luego de ducharse, y probablemente en estado de ebriedad y descalzo, habría querido prender el ventilador con la mano mojada y ahí es cuando resulta electrocutado.

Virginia Rojas, trabajadora del Ministerio de la Mujer en Puerto Maldonado, dijo a Presentes: “Aún no hay nada que confirme que fue un crimen de odio, los elementos de prueba no están logrando configurar esta situación, los vecinos no logran identificar si hubo gente o no ese día. Hemos buscado a los familiares, ha sido muy difícil encontrarlos porque la mamá es de avanzada edad, se ha hablado también con la hermana, y nos dicen que no saben lo que ha pasado, no tienen una hipótesis diferente”.

Por su parte, José Urias Ruiz, amigo personal de Jorge, dijo a Presentes que amigos cercanos creen que fue un asesinato y no lo que sostiene la Fiscalía. “Madre de Dios se encuentra en estado de emergencia, hay una ola delincuencial y sicariato que está afectando la zona”.

Indefensión ante la sociedad y la ley

Los hechos aún siguen en investigación, pero si no se ahonda más en lo que sucedió esa noche, lo más probable es que la Fiscalía archive el caso. Jorge era abiertamente gay y su trabajo como técnico de enfermería lo mantenía en contacto con la población que llegaba para ser atendida, por lo que era muy reconocido y querido, tanto por los pacientes como por sus compañeros de trabajo, lo que no evitaba que viviera violencia homofóbica en sus redes como en la calle. El día de su muerte también le robaron su moto.

Jheinser Pacaya, activista gay del Movimiento Nuevo Perú, dijo a Presentes que “en situaciones de incremento de la inseguridad ciudadana, son las poblaciones que están en abandono legal las que terminan siendo más vulnerables frente a la violencia. El intento de derogación del Decreto Legislativo 1323, que sancionaba los crímenes de odio, dejó en pausa la posibilidad de que la población LGTBI pueda ser protegida, y que incluso las investigaciones fiscales o policiales incluyan el enfoque de género, de derechos y de diversidad sexual en sus pesquisas, para no terminar viendo casos como los de ahora, en donde rápidamente se puede dar por cerrada una investigación, no quedan registrados estos casos como violencia homofóbica y seguimos sin contar con data oficial sobre lo que sucede con nuestras vidas”.

La indefensión social y legal de la población LGTBI termina invisibilizando los crímenes de odio a esta comunidad. Hasta el momento no existe ningún marco legal de rango constitucional que pueda protegerlxs.