6 de mayo de 2019

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La Justicia de la Ciudad de Buenos Aires convoca a personas travestis y trans a sumarse a un amparo colectivo para exigir que se les otorgue acceso prioritario a los subsidios para vivienda. Según la resolución judicial, habrá plazo hasta mediados del mes de para sumarse al pedido.

La medida surge de una presentación que hizo el defensor oficial, Pablo de Giovanni, en representación de cuatro mujeres trans hacinadas en el Hotel Gondolín, ubicado en el barrio de Villa Crespo (CABA). “A través de esta acción se buscaba incluir a todas las personas trans del colectivo de la Ciudad que sufran dificultades en el acceso a la vivienda, que son muchas o casi todas -dijo el defensor a Presentes- para que el gobierno les dedique una política especial y se las incluya como un grupo preferencial para los subsidios que otorga el Gobierno a personas en situación de calle”.

El juez que intervino en ese amparo dispuso que la medida sólo podía alcanzar a las cuatro demandantes. Se apeló y la Cámara indicó que el recurso vale para todas y lo remitió al juez Andrés Gallardo, quien fue quien ordenó el lanzamiento de la convocatoria.

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El Defensor explicó que a las personas en edad de trabajar se les restringe ese subsidio. Preferentemente tienen acceso personas mayores, con hijos menores de edad o quienes tiene alguna discapacidad. Pero el colectivo travesti-trans no tiene prioridad a pesar de la discriminación que sufre, la baja expectativa de vida y la gran dificultad para insertarse en el mercado laboral.

“Este es un primer paso: convocar a todas las personas que se quieren presentar para que se considere colectivo al amparo, en el sentido de que es para un grupo de personas y de que se debe proteger un derecho colectivo, que en este caso es la no discriminación”, resaltó Di Giovanni.

Un proceso colectivo

La abogada y activista Greta Pena, presidenta de 100% Diversidad y Derechos, celebró la medida judicial y dijo que “confirma que la omisión de políticas públicas también es discriminación. El Estado no hace nada específicamente para abordar el problema de la vivienda digna de la población trans. Es muy auspicioso, también, que se reconozca que es un proceso colectivo, que legitima a las organizaciones de la sociedad civil y que sus consecuencias serán no solo individuales”, agregó.

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La activista travesti Lara María Bertolini, estudiante de Derecho y empleada en la Dirección de Agencias Territoriales de Acceso a la Justicia (ATAJO) del Ministerio Público Fiscal de la Nación, contó que las identidades trans son rechazadas en los pedidos de subsidio habitacional por estar en situación de prostitución, por la identidad, por ser migrantes o por no tener un recibo de los lugares donde nos alquilan, que son muy precarios. “Este pedido es para dar cuenta de la situación de extrema vulnerabilidad en que viven las personas travestis y trans”, afirmó.

Una situación que empeora

Según la investigación “La revolución de las mariposas, a 10 años de la gesta del nombre propio”, las mejorías de las condiciones de vivienda desde 2005 (año en que se editó el libro bajo la coordinación de la activista Lohana Berkins) y luego de la sanción de la Ley de Identidad de Género “son nulas o empeoraron”.

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