29 de diciembre de 2018

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Por Pilar Salazar Argueta, desde Guatemala

Ilustración: Florencia Capella

En 2018, las brechas para encontrar la justicia y la igualdad para la comunidad LGBTIQ+ en Guatemala han sido grandes. Este año estuvo signado no sólo por la falta de voluntad política para proteger derechos, sino también por la predominancia de acciones de un Estado de corte patriarcal, que impulsa leyes que van en contra de Derechos Humanos Humanos Universales.

Tal es el caso de la iniciativa 5272, “Ley para la Protección de la Vida y la Familia”. Fue propuesta el 26 de abril de 2017 por un grupo de diputados, liderado por Aníbal Rojas Espino, quien preside también la Comisión de la Mujer en el Congreso de la República. Esta iniciativa -que está por iniciar en tercera lectura para ser aprobada- busca:

• Prohibir la difusión de información acerca de la diversidad sexual y de género en las escuelas e institutos públicos y privados.
• La prohibición expresa del matrimonio entre personas del mismo sexo.
• Penas de 5 a 10 años para mujeres que decidan interrumpir su embarazo voluntariamente y quienes hayan tenido un aborto espontáneo involuntario.

Este grupo de diputadxs representa los intereses del Movimiento Evangélico Nacional, quien elaboró la primera propuesta de la iniciativa y llegó a recaudar 30 mil firmas que la avalan. Un indicador más del crecimiento de las iglesias evangélicas en el país. Y se considera puede convertirse en el caballito de batalla de las próximas elecciones del 2019.

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Un proyecto de ley para sancionar crímenes por prejuicio

Ante esta conyuntura, la primera diputada asumida públicamente lesbiana, Sandra Morán, elaboró junto a su bancada partidista Convergencia una contrapropuesta: la iniciativa 5278 “Ley para sancionar los crímenes por prejuicio”. Pero aún no ha ingresado a primer debate en el pleno del Congreso.

Qué pasó con la iniciativa de Ley de Identidad de Género

En 2018, entre los obstáculos y luchas frontales que ha pasado la comunidad LGBTIQ en Guatemala, la diputada Morán introdujo la iniciativa de  “Ley de Identidad de Género”, 22 de febrero. Contempla el derecho al reconocimiento a la personalidad jurídica y al nombre de las personas por su identidad y expresión de género.

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Pero recibió dictamen desfavorable y no fue conocida por el pleno del congreso. Esto se atribuye a que uno de los integrantes de la Comisión Ordinaria de Legislación y Puntos Constitucionales es el precursor principal de la iniciativa 5272, junto con el presidente de dicha Comisión, Fernando Linares Beltranena.

Por qué Guatemala no es un país seguro para LGBTI

Ya lo había advertido la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2015: “Guatemala no es un país seguro para las personas que pertenecen a la comunidad LGBTI”. A fin de buscar formas de cerrar brechas, en noviembre en Guatemala se realizó el primer Foro Centroamericano sobre Derechos de las personas LGBTIQ, organizado por el Colectivo Visibles.

De este foro salió un informe con las ponencias de las y los diferentes activistas de Derechos Humanos en Guatemala y Centroamérica. Entre sus conclusiones, identifica un retroceso en derechos LGBTIQ+, y lo atribuye a un fenómeno social: el crecimiento e influencia de iglesias evangélicas y otros grupos religiosos sobre la política y las instituciones de los países de la región.

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Según el informe de Visibles, Guatemala tiene una población evangélica de 41%, la más alta en Centroamérica. Menciona que de enero a octubre de 2018, se perpetraron 24 asesinatos contra defensores y defensoras de Derechos Humanos en Guatemala (de acuerdo a datos de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA). Entre ellos se cuenta a la activista trans Ana Greysi López.

Asesinatos y agresiones en 2018

Ana Greysi López, activista originaria del municipio de Coatepeque (Quetzaltenango) fue asesinada en septiembre. Ningún medio cubrió el deceso. La Organización OTRANS Reinas de la noche la recordó así: “Reinas de la Noche expresa su más sentida tristeza por la irremediable pérdida de Ana Greisy López, mujer trans de Coatepeque que en los últimos años colaboró estrechamente con nuestra organización, siendo referente para su municipio desde 2016”.

Foto: Facebook/Otrans Guatemala

Devora Ramos, originaria del Departamento de Chiquimula, fue asesinada el 22 de septiembre en la madrugada. También formaba parte de la organización Reinas de la Noche.

Foto:Facebook/Otrans Guatemala

El 11 de noviembre, entre los matorrales y con un disparo en la cabeza, fue localizado el cuerpo de una mujer trans de 22 años en el municipio de Siquinalá, Departamento de Escuintla. Solamente un medio de comunicación cubrió el deceso. Lo hizo sin ningún tipo de sensibilización ni respeto. Hasta este momento no se ha hecho público su nombre socializado.

Según el estudio “Violencia ejercida contras las personas LGBTI: el caso de ciudad de Guatemala” elaborado por MercyCorps a través del proyecto Convivimos y Flacso: “los medios de comunicación son un factor clave en las noticias que se difunden sobre las personas LGBTIQ . Ésta información es recibida por los lectores o televidentes y procesada según lo cultural e ideologías en los que fueron socializados”, siendo los medios de comunicación un vehículo para la agresión y polarización o para la correcta información de éstos crímenes y agresiones.

El 21 de diciembre, Luis Pedro Villela y Roger Azurdia por la madrugada fueron víctimas de una agresión por su orientación sexual en una venta de comida rápida cerca de una zona de clase media. Ya colocaron la denuncia ante el Ministerio Público pues temen por su vida. Desde Visibles, exigieron al Ministerio Público de Guatemala «una investigación eficaz para identificar y sancionar a los responsables. Merecemos una sociedad libre de prejuicios y violencia.”

«Falta de confianza en las instituciones»

Desde la Procuraduría de Derechos Humanos, indicaron que este año se reportaron 28 denuncias, 14 menos en comparación al año pasado. Este dato es leído como «un indicador de falta de confianza en las instituciones o de la cultura de la denuncia¨, afirman activistas.

Según una fuente cercana, el Ministerio Público desde el 2016 ya cuenta con un apartado en los formularios de denuncia para especificar si la persona afectada es de la comunidad LGBTIQ. Si es una mujer trans o cisgénero/lesbiana se remite a la Fiscalía de la Mujer, en otros casos, al modelo de Atención Integral a la Víctima o Delitos Comunes.