Emily Marín, una mujer trans de 22 años, fue detenida el miércoles 28 de febrero en una plaza del centro de Asunción. Cinco agentes del grupo especializado en operaciones tácticas de la policía, conocido como Grupo Lince, la insultaron por su identidad de género, la golpearon y la encerraron en una comisaría cercana. Emily pasó más de 24 horas sin recibir asistencia médica tras los golpes que sufrió. Gracias al apoyo de activistas se elevió un informe del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP). Por María Sanz, desde Asunción Emily Marín estaba sentada en la Plaza Italia, en el centro de Asunción, el pasado miércoles a mediodía. Vio acercarse a unos agentes del grupo especializado en operaciones tácticas de la policía, el llamado Grupo Lince. Los “linces”, como se les conoce popularmente, son inconfundibles por su indumentaria: uniforme de camuflaje, chaleco antibalas, casco y el rostro cubierto hasta los ojos. Van armados con pistola-carabina o ametralladora, y se desplazan en motocicleta por áreas urbanas. Según su testimonio, los agentes se dirigieron a Emily y la increparon. Le preguntaron por qué estaba allí, la interrogaron despectivamente acerca de si era hombre o mujer, y la insultaron por su identidad de género. Ella comenzó a grabar las agresiones con su celular, pero uno de los agentes le arrebató el teléfono de las manos, y lo golpeó hasta dañar el aparato. Emily se vio de pronto rodeada por cinco agentes del grupo Lince que la golpearon, la arrastraron por el suelo, y la inmovilizaron, pateándole la espalda, según su propio testimonio.

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Los policías trasladaron a Emily a la cercana Comisaría Tercera, en el centro de Asunción. Allí quedó detenida, acusada de un presunto delito de resistencia. Los agentes declararon que Emily les había agredido con puñetazos y patadas, y se había resistido a su detención. Además, aseguraron que “durante la aprehensión del sujeto se hizo uso de la fuerza de manera proporcional, acorde al nivel de resistencia propuesto”, según figura en el acta de procedimiento de la detención. En el documento se identifica a los agentes que intervinieron en la detención como Óscar Ferreira, Joel González, Fernando Amarilla, Avelio Segovia y Gerardo Torales. El acta no refiere el nombre social de Emily, ni respeta su identidad de género autopercibida. Tampoco refiere el hecho por el que los agentes decidieron detenerla: solo habla de que presentaba una “actitud sospechosa”, y resistencia a su aprehensión.

La voz de alarma

En la tarde del jueves 1, más de 24 horas después de su detención, Emily continuaba encerrada en un calabozo de la Comisaría Tercera. Tenía la espalda y los brazos llenos de hematomas, golpes, arañazos y rasguños, pero aún no había recibido atención médica. Un amigo dio la voz de alarma a través de las redes sociales, y varias mujeres feministas, implicadas en la organización del Paro Internacional de Mujeres del próximo 8 de marzo, acudieron a la comisaría para interesarse por su situación. “La respuesta de las compañeras fue inmediata. Nos interiorizamos de las diferentes arbitrariedades que se cometieron contra ella: la forma violenta de su detención, las irregularidades acerca del por qué la detuvieron, pasando por la negación de la asistencia médica, y las acciones judiciales que se tomaron contra ella, y que no tenían ningún fundamento”, expresó a Presentes Soledad Duré, activista de la organización del 8M en Paraguay. En la puerta de la Comisaría Tercera, que ocupa las instalaciones de un antiguo centro de detención clandestina durante la dictadura de Stroessner (1954-1989), las activistas organizaron una protesta contra la actuación del grupo Lince, que equipararon al terrorismo de Estado en la época dictatorial.

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Duré declaró que el grupo Lince actúa “casi como un escuadrón parapolicial”, con todos sus agentes con el rostro cubierto, que ingresan en motocicleta a plazas públicas y, lejos de resguardar la seguridad, “crean zozobra e inseguridad en la gente”. “No entendemos eso de la actitud sospechosa que ellos dicen que existe en personas que están sentadas en plazas. Van especialmente a perseguir a los jóvenes, a las personas trans, a personas pobres o en general a toda la diversidad, a todo aquello que no encaja con sus prejuicios. No entendemos para qué existe este grupo policial, a menos que sea para el control social y la persecución”, manifestó la activista. Para Duré y sus compañeras, la detención de Emily fue una acción discriminatoria, cargada de odio y de transfobia, ya que en todo momento los agentes le recriminaron su identidad de género, y se dirigieron a ella empleando palabras en masculino. “Fue un abuso de poder, una manera de marcar un ejemplo y una señal para todas las chicas trans, para que de alguna manera tengan miedo de salir. Ellas están viviendo de manera cotidiana el ataque sistemático de personas con odio, y ahora ese ataque vino por parte de un organismo estatal, en pleno día y a la vista de todos”, enfatizó.

Denuncia por torturas

Ante la presión de las activistas y de los medios de prensa que acudieron a cubrir la protesta, Emily finalmente fue trasladada al hospital de Emergencias Médicas, también en Asunción. Allí fue revisada por un médico, a causa de las marcas de violencia que presentaba en la piel, y de los dolores que refirió en las axilas, de donde la sujetaron los policías para llevarla detenida. En la mañana de este viernes, Emily compareció en una audiencia para la imposición de medidas por el presunto delito de resistencia. Estuvo acompañada por varias activistas feministas y por Yren Rotela, defensora de derechos humanos y referente de la asociación Panambí (que defiende los derechos de las personas trans en Paraguay). Quedó en libertad, pero deberá acudir a firmar al Poder Judicial el día 1 de cada mes, y tiene prohibido abandonar el país, informó a Presentes su abogada, Carlota Rivarola. No obstante, la abogada aseguró que se centrará en demostrar que Emily no cometió ningún delito, sino que, por el contrario, fue víctima de agresiones y abuso policial.

Un informe de derechos humanos

Emily recibió además la visita de dos comisionadas del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNP), un organismo estatal de vigilancia de las condiciones de detención de personas privadas de su libertad y otras internas en instituciones gubernamentales. Las comisionadas emitieron un informe en el que dan cuenta del relato de Emily y adjuntan fotografías de sus lesiones. Este informe fue presentado a la Unidad Especializada en Hechos Punibles contra los Derechos Humanos de la Fiscalía paraguaya, que deberá abrir una investigación por presuntos hechos de tortura, según confirmó a Presentes Natalia Ruiz Díaz, directora de comunicación del MNP. El propio MNP acompañó el proceso de redacción de un protocolo para la atención a personas trans privadas de libertad, que fue aprobado por el Gobierno paraguayo en agosto de 2015. El protocolo establece, entre otras medidas, que las personas trans privadas de libertad no deben ser objeto de ningún acto degradante, y que se debe garantizar su atención integral de salud. También expone que se debe dejar constancia de cómo se hace llamar la persona trans, y registrar las lesiones o signos de malos tratos que se constaten.]]>