Por Luciana Sánchez* Ilustraciones: Florencia Capella La renuncia de Alejandra Gils Carbó como titular del Ministerio Público Fiscal de la Nación y las reformas a la ley 27148, propuestas por los senadores Miguel Angel  Pichetto (PJ) y Federico Pinedo (Pro), pueden parecer temas abstractos, ajenos. Sin embargo, afectan profundamente nuestra vida cotidiana como personas LGBTI. La ley 27148, de junio de 2015, tuvo enorme impacto en el acceso a la justicia de tortas, travestis, putxs, maricas. Con esta ley se creó la UFEM (Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres), la fiscalía especializada que recibió a lxs querellantes contra Cristian Aldana, cantante del Otro Yo, detenido por abuso y corrupción de niñas. Es la misma fiscalía que sostiene desde el inicio, junto con la querella familiar, la hipótesis de travesticidio en el brutal asesinato de Diana Sacayán, llevando a juicio  a uno de los asesinos.  La UFEM trabaja en esa causa y a nivel internacional para el reconocimiento de los travesticidios como crímenes de odio y femicidios. Se creó además la PROCUVIN (Procuraduría de Violencia Institucional) que recibe denuncias a travestis y lesbianas por violencia institucional y dictamina los casos. Allí las activistas travestis Yhajaira Falcón y Emilce Lobo denunciaron los abusos sufridos mientras estuvieron privadas de su libertad. También las trans detenidas en Once y Constitución durante 2017. La PROCUVIN acreditó el sesgo de lesbofóbico de la represión policial luego de la marcha y paro del 8M (Día de la Mujer), que detuvo a una decena de lesbianas y bisexuales. En octubre, en la PROCUVIN le recibieron la denuncia a Rocío Girat y Mariana Gómez, detenida porque se estaban besando en la estación Constitución.

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Se creó la DOVIC (Dirección de Orientación a las Víctimas y Testigos), con equipos interdisciplinarios especializados en niñxs y adolescentes, violencia institucional, género, trata. Acompañan a estas personas y a muchas más, durante el proceso penal, en instancias de prueba y audiencias. Todo eso dura años, años de vida. Y está ATAJO, el programa de acceso comunitario a la justicia, que sale del microcentro a los barrios donde reciben consultas y denuncias. El 30 por ciento de ellas, por violencia de género.

¿Qué posibilidad de justicia tiene un crimen de odio, cuando hay genocidas libres?

El impulso de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado de todo el país es una parte fundamental de la gestión de Gils Carbó. Esa que constituye las políticas contra la impunidad. Porque, ¿qué posibilidad de justicia tiene un crimen de odio, cuando hay genocidas libres en las calles? El ingreso democrático de trabajadoras y trabajadores del Ministerio Público Fiscal es producto de una gestión que implementó políticas de inclusión laboral trans en diferentes ámbitos de las fiscalías y direcciones. “Es necesario que cualquier persona agredida, y en particular aquellas que integran un colectivo que ha sido tan relegado, sienta la confianza en acercarse a los ámbitos de la justicia sin temor a ser revictimizadas», dijo el año pasado Gils Carbó al suplemento Soy (Página/12). «Estamos intentando dar respuestas a personas que trabajan en el MPF que se han acercado porque están comenzando un proceso de transición en el marco de su identidad de género, lo que es algo muy positivo ya que refleja que hay una apertura a conversar estos temas libremente”. Las reformas a la ley 27148 impulsadas desde el Gobierno nacional y sus aliados, ponen fin estas políticas,  y dejan desempleadxs o en riesgo de ser despedidxs a cientos de trabajadorxs designadxs desde 2013. Y es probable se aprueben esta semana en el Senado. Alejandra Gils Carbó era la jefa de todos los fiscales. No tenía el control de los fiscales, pero sí la posibilidad de dictar políticas y usar recursos para la investigación de delitos en función de la realización de derechos humanos. En el marco de una ley que está siendo derogada en aspectos fundamentales, es muy preocupante que pasará con las políticas, lxs trabajadorxs, y también las muchas causas judiciales que estaban siendo impulsadas por las unidades especiales que la nueva ley disuelve.

Cómo criminalizar identidades sexuales disidentes

Junto con el protocolo para la detención del colectivo LGTB de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich (presentado días antes de la Marcha del Orgullo en CABA), se institucionalizan prácticas que vinculan a las identidades sexuales disidentes y migrantes con tipos delictivos específicos, a los cuales se corresponde un ejercicio particular de violencia estatal y judicial. A diferencia del paradigma de seguridad interior de los edictos vigentes hasta los 90, que relacionaba la disidencia sexual con la criminalidad moral -exhibiciones obscenas, prostitución- este nuevo paradigma de seguridad interior, nos inscribe como sujetxs peligrosxs en las líneas más duras de la criminalización. Identifica como sujetas peligrosas en la guerra contra el narcotráfico a las travestis, migrantes y  afrodescendientes. Como terroristas o incitadoras de la violencia pública a las lesbianas cis y trans, las anarcas, las mapuche, las jipis, las profes de ESI (educación Sexual Integral), las comunicadoras. Como sospechosos, a los varones trans, lxs chongxs, les no binaries, lxs quisrs, lxs bisexuales, quienes son detenidxs para averiguación de identidad y son imputadxs porque resisten y se oponen a la autoridad.

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La nueva ley de Ministerio Público viene a confirmar que las y los fiscales, guiadxs por quien sea designado por el gobierno, van a llevar a prisión por ley de drogas a quienes realizan venta callejera de subsistencia y consumo personal. Y no a quienes tienen ganancias por el tráfico ilegal de estupefacientes. Que van a ocuparse de criminalizar a lesbianas por besarse y no a buscar a las pibas desaparecidas por redes de trata. Que van a meternos presas por marchar por #NiUnaMenos, y no van a meter presos a los femicidas. Luciana Sánchez es abogada lesbiana y feminista, integrante de COPADI (Colectivo Para la Diversidad). ]]>