Por Greta Pena, presidenta de 100% Diversidad y Derechos  Las disposiciones del arzobispo de La Plata Héctor Aguer de prohibir a los colegios católicos de esa ciudad, hacer referencia a la “teoría de género y a los textos que la sostienen, no sólo vulneran los derechos de lxs niñxs -especialmente lxs LGBTI- y los exponen a mayor violencia: van lisa y llanamente contra el Estado de derecho. Sus directivas para las escuelas católicas de La Plata atentan contra la Ley de Educación Sexual Integral y el derecho a la educación. No es concebible bajo ningún aspecto que una institución religiosa pueda prohibir el acceso a la información por parte de niñxs y adolescentes, aunque se trate de colegios que adhieran o profesen su credo. La mera potestad autoproclamada de “prohibir”, como figura en el decreto católico, es signo suficiente para saber que estamos ante un intento de censura y de discriminación. Las leyes y contenidos teóricos  vetados por Aguer son textos reflexivos y críticos basados principalmente en la argumentación racional; no conceptos basados en el prejuicio, el odio y la mentira. El Monseñor y la institución a la que representa carecen de toda legitimidad para impartir educación sexual y afectiva, toda vez que reaccionan de manera brutal e insistente contra el derecho a la libre orientación sexual e identidad de género, mientras que prefieren guardar un estratégico e inadmisible silencio sobre los abusos sexuales perpetrados por sus sacerdotes. Desconoce además que la teoría de género no pretende “borrar la diferencia” entre los sexos, si no contribuir a erradicar la injusticia entre varones y mujeres, personas trans e intersex que impone la jerarquización de identidades sexuales y de género basada en “esencias divinas” y ajena a toda discusión argumental.

«Las disposiciones de Aguer, además, suceden en medio de una ofensiva regional y nacional del fundamentalismo religioso»

Es alarmante además que tan sólo días después de que en Brasil un juez autorizara arbitrariamente las siniestras “terapias de conversión” por parte de psicólogos, Aguer imponga que en el ámbito de la educación sexual se adviertan los “errores y comportamientos desordenados” a niños, niñas y adolescentes; exponiendolxs a un mayor hostigamiento e incluso, tortura. La inagotable insistencia de Aguer pareciera naturalizar la violencia a las que nos somete; pero cuando sus palabras y pretendidas reglamentaciones generan estigma nada menos que en un contexto en que lxs niñxs son expuestos a infinitas formas de violencia por su sexo, identidad de género y orientación sexual, su gravedad se hace insoslayable.   El “bullying”, el abuso sexual, exclusión, violencia en redes sociales que sufren niñxs LGBT redunda en mayor ausentismo, bajo rendimiento académico y falta de sentido de pertenencia a la escuela como lo demuestra la Encuesta Nacional de Clima Escolar. A principios de 2017, junto con el arzobispo de la Arquidiócesis de Buenos Aires, Cardenal Mario Poli, embistió contra la Asociación Scouts de Argentina por haber incluido a las diversidades familiares en su Proyecto educativo.  La amenaza, expresada con la sutil metáfora de la “soga que se rompió” fue otro signo de la distancia que hay entre la jerarquía católica y sus bases, en particular, la juventud. Sus diatribas cargadas de odio y apologéticas de la violencia han sido toleradas por las autoridades y los medios de comunicación de la provincia por demasiado tiempo. Las disposiciones de Aguer, además, suceden en medio de una ofensiva regional y nacional del fundamentalismo religioso. La Corte Suprema de Justicia se halla próxima a dictar sentencia sobre la discriminatoria ley de educación religiosa (católica) en Salta, y este año el poder ejecutivo envió un proyecto de ley religiosa que, entre otras injusticias, avalaría a la “objeción de conciencia” que de facto permitiría la discriminación contra mujeres y personas LGBTI, especialmente niños, niñas y adolescentes. Es por eso que el Congreso debe dar tratamiento y sanción urgente a la demorada  Ley Antidiscriminatoria, que incluya a la orientación sexual y a la identidad de género como pretextos discriminatorios y se centre en la educación para promover el respeto de los derechos humanos de todas las personas. Del mismo modo creemos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe considerar anticonstitucional la enseñanza religiosa (católica) en Salta. Invitamos, además, a la comunidad católica a repudiar las palabras de Aguer.]]>