La discusión sobre la constitucionalidad de la Ley de Educación Nº 7546 de la provincia de Salta, que declara obligatoria la religión católica en las escuelas públicas, llegó a la Corte Suprema de Justicia después de siete años de litigio. Quienes argumentan en contra de la ley ponen de manifiesto la vulneración del derecho a la identidad y el peligro para distintos colectivos, entre ellos el LGBTI. Hoy se realizó la primera de cuatro audiencias en la Corte Suprema de Justicia para discutir la Ley de Educación Nº 7546 de la provincia de Salta que habilitó la enseñanza católica en las escuelas públicas. Se llega a esta instancia después de que en 2010 un grupo de padres y madres, junto a la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), presentara un amparo que alega la vulneración de derechos de lxs niñxs. La ley establece que en las escuelas públicas «la educación religiosa esté de acuerdo con sus propias convicciones», «formará parte de los planes de estudios» y se impartirá «dentro de los horarios de clase». Salta es una de las provincias, junto con Catamarca y Tucumán, con enseñanza religiosa obligatoria en las escuelas. Después de dos fallos desfavorables para los demandantes, el caso «Castillo, Carina V. y Otros c/ Provincia de Salta» llegó a la Corte con la presentación de unos 50 “amicus curiae” (amigos del Tribunal) que argumentaron a favor y en contra de la constitucionalidad de la ley. Entre ellos estuvo Fernando Esteban Lozada, en carácter de director y portavoz para América Latina de la Asociación Internacional del Libre Pensamiento (AILP), quien traza un paralelismo entre el colectivo laico y el colectivo de lesbianas, gays, trans, bisexuales e intersex en lo que respecta al derecho a la identidad. “En Salta los profesores son elegidos por el propio Obispado. Hay un tema de poder sobre las mentes de niñas y niños. Este año a una niña que era abanderada le sacaron la bandera porque no quiso seguir la instrucción religiosa. La puso en una situación de vulnerabilidad decir que no quiere religión. Va a figurar en un registro. La obligan a manifestarse públicamente sobre lo que cree y lo que no cree”, dijo a Presentes Lozada.

Derecho a la identidad

Lozada, patrocinado por la abogada y activista LGBTI Claudia Vega (integrante de la organización marplantense AMI) basó su presentación en el derecho a la identidad e hizo hincapié en los fundamentos de ley de identidad de género, aprobada en Argentina en 2012. “Usamos argumentos de la lucha del colectivo LGBTI para hablar de identidad como también de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo y los Pueblos Originarios.” agregó. El escrito presentado por Lozada hace un recorrido en la jurisprudencia local e internacional sobre derecho a la identidad. “Me presenté como parte de colectivo ateo, en el cual defiendo a un sector de la sociedad. En Argentina representamos el 7% y sumando al sector agonístico y quienes no tienen pertenencia, se llega al, 11%. Quiero demostrar cómo esta ley se trata de la persecución a un colectivo, el ateo, pero que también afecta a otros, como el LGTBIQ porque la educación que se da en las escuelas salteñas es netamenta católica y la doctrina social de la Iglesia y la catequesis tiene apartados específicos donde se habla de las personas trans y del colectivo, diciendo aberraciones como que hay que promover que se mantengan castos, entre otras cosas”. Esteban Lozada y Claudia Vega 

“Esto nos afecta como colectivo”

Claudia Vega, quien patrocina a Lozada, dijo que ella, como integrante de una organización que lucha por los derechos de las personas LGBTI se siente directamente afectada. “Esta ley nos afecta como colectivo. Por lo que dice la Iglesia católica sobre las personas LGBTI y además porque en Salta no se aplica la Educación Sexual Integral”. A su vez, Lozada relaciona esta ley con el proyecto Libertad Religiosa que impulsa el Poder Ejecutivo y que ya llegó al Parlamento. Esta ley permitiría la objeción de conciencia en funcionarios públicos. “Un juez podría negarse, por ejemplo, a casar a dos personas del mismo sexo diciendo que su religión no se lo permite. El retroceso en derechos sería terrible”, dice. El proyecto despertó muchas críticas entre organizaciones de la sociedad civil, quienes se manifestaron en contra mediante comunicados y cartas. Así lo hizo Amnistía Internacional y unas 20 organizaciones de la diversidad sexual. “La religión, sea por su educación obligatoria como por defender su ‘libertad’, es poner por encima preceptos morales sobre los derechos y eso es lo que no podemos permitir”, agrega Lozada. Mañana se realizará la segunda audiencia en la Corte Suprema. Las últimas dos están fijadas para el 30 y 31 de agosto.]]>