Fue a través de un informe presentado por la organización OTRANS Argentina ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Allí dan cuentan que las mujeres travestis y trans, principalmente en la Provincia de Buenos Aires, son detenidas y maltratadas por la policía. También se denuncian las condiciones de detención. Por Ariana Budasoff “En Argentina ser trans o travesti no es delito, sino un derecho protegido en la ley 26.743 de Identidad de Género. Sin embargo, las travestis y mujeres trans, en particular migrantes de países latinoamericanos, siguen siendo sistemáticamente criminalizadas bajo la excusa de que cometen delitos”. Así comienza el informe que OTRANS Argentina —la Asociación Civil que trabaja por la defensa y la promoción de los derechos humanos de las personas trans y travestis— presentó el 20 de marzo ante el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. La denuncia gira en torno a la situación crítica que viven las mujeres trans y travestis en la Provincia de Buenos Aires, en relación a las detenciones injustificadas, el maltrato policial y la situación precaria en que se encuentran cuando son privadas de su libertad. El informe destaca que esas condiciones influyeron en las muertes de Angie Velásquez y Pamela Macedo Panduro, ambas travestis, peruanas, de menos de 40 años, detenidas en la Unidad 32 de Florencio Varela. Las dos padecían enfermedades crónicas que no fueron atendidas de forma debida.    

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“En el informe buscamos describir lo que viven las compañeras en situación de calle, desde las detenciones arbitrarias, las vejaciones, hasta cómo las maltratan cuando las detienen. Denunciamos la asociación ilícita de policías, jueces, fiscales, servicio penitenciario. A partir de esta gestión esto se agravó, porque nunca antes se nos había muerto una compañera detenida”, dijo a Presentes Claudia Vásquez Haro, titular de OTRANS.

Guardias de abogados y protocolos

Desde la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires reconocen estar al tanto de la situación. Como resultado de la denuncia que hizo OTRANS Argentina el año pasado, ante la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) se logró que el organismo estatal avance en algunas líneas de trabajo para prevenir y cambiar el comportamiento policial. «Diseñamos un dispositivo que se implementó en marzo: la guardia de abogados. Son dos abogados y dos abogadas que están de guardia desde las seis de la tarde hasta las seis de la mañana del día siguiente, para cubrir los horarios no hábiles, y durante las 24 horas el fin de semana. Tienen habilitados dos números de teléfono en el cual reciben denuncias de violaciones urgentes que se estén cometiendo en el momento. Justamente ayer terminamos de diseñar el protocolo de actuación”, explicaron desde la Secretaría

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Al respecto, aseguran que una segunda línea de trabajo es la negociación de la cartera con la policía de la provincia para establecer un protocolo que indique cómo operar en estas situaciones: “La Secretaría está dando la discusión sobre la no legalidad de este tipo de requisas. Nosotros entendemos que este procedimiento no es compatible con estándares de derechos humanos que salvaguarden la intimidad y la privacidad de las personas. Estamos debatiendo sobre cómo cambiar esta práctica y erradicar por completo cualquier tipo de requisa invasiva como lo es la anal o vaginal”. Frente a esto, indican que se abrió un ciclo de capacitaciones con el personal de la Comisaría Novena, el más implicado en estos procedimientos.

Condiciones precarias y malos tratos en las cárceles

En el mes de febrero, OTRANS, junto a trans y travestis detenidas, presentó un habeas corpus para denunciar las condiciones precarias e insalubres a las que son sometidas las integrantes de estos colectivos en las cárceles. El recurso fue aceptado: se confirmaron las deficiencias en cuanto a higiene y asistencia sanitaria, malos tratos a las internas y a las visitas, entre otras violaciones a los derechos humanos. A partir de esto, se ordenó al Poder Ejecutivo provincial destinar un pabellón exclusivo para mujeres trans y travestis en la Unidad 32 de Florencio Varela, con personal femenino a cargo de las inspecciones, entre otras disposiciones que aún no han sido implementadas. La respuesta del Servicio Penitenciario Bonaerense fue apelar la medida para no cumplir con el fallo judicial. Fuentes de la Secretaría que dirige Santiago Canton asegura haber acompañado a OTRANS en este proceso y estar a la espera de la decisión de segunda instancia para hacerse cargo, junto al Servicio Penitenciario, de implementar las medidas que indica el fallo.

Sin acceso a la salud y a la vivienda

Otros grandes problemas a resolver con urgencia, según destaca la organización, son: la salud de las mujeres trans, dentro y fuera de la prisión, y la falta de viviendas cuando son excarceladas. “Nuestras compañeras se murieron porque tenían enfermedades crónicas y, cuando las detuvieron, no les volvieron a dar medicación —cuenta Vásquez Haro—. La falencia de la medicina en la cárcel es terrible. Por eso queremos generar un mecanismo para que todas se atiendan en un solo lugar y que cuando se detenga a una no se le corte el trámite”. “Otra cuestión no menor, en función de las detenciones arbitrarias y de las compañeras que están sin condena firme, es el domicilio. Ellas pueden gozar del arresto domiciliario o de la excarcelación pero no tienen dónde ir. Muchas llevan presas un año y medio sin condena. Parte de los argumentos para no contemplar esas posibilidades son que se van a escapar, que no tienen arraigo, que no tienen dónde ubicarlas.» El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Claudio Avruj, fue indagado sobre este informe ante Naciones Unidas el pasado 26 de abril. Presentes intentó comunicarse por varias vías con él, pero no tuvo respuestas.

“Preguntas al Estado”.

Sobre el final del reporte hay un apartado que se titula “Preguntas al Estado”. Allí OTRANS indaga: “¿Qué medidas está implementando para cesar con las detenciones arbitrarias y el armado de causas contra travestis y mujeres trans migrantes y nacionales, en particular en la Provincia de Buenos Aires? ¿Qué medidas se implementan para investigar y sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos? ¿Qué medidas está llevando a cabo para implementar la Ley Provincial contra la Violencia Institucional sancionada el año pasado? ¿Qué medidas está implementando para evitar que sigan las muertes de travestis y mujeres trans en la Unidad 32?”. Todavía faltan respuestas.]]>