Fotos: Gentileza 100 % Diversidad y Derechos, Secretaría DDHH Pcia. de Buenos Aires y Ariel Gutraich.   Las organizaciones de la diversidad sexual que acompañaron a Diana Sacayán en la lucha para garantizar el cupo laboral travesti trans, exigen  al gobierno de la provincia de Buenos Aires que lo implemente de manera «urgente”. La historia de la ley de cupo trans es la historia de la espera que no termina. Después de que el proyecto estuviera cajoneado durante años, el 17 de septiembre de 2015, la legislatura bonaerense lo  convirtió en la Ley 14.783. Fue un mes antes de que su autora e impulsora, Diana Sacayán, líder del Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL), fuera asesinada. Desde la aprobación hasta hoy, pasó casi un año y medio. El cupo sigue sin implementarse porque el Ejecutivo bonaerense no firmó el decreto reglamentario que lo pone en marcha.  

1% de empleo público para travestis, transexuales y transgénero

La  norma creó un cupo mínimo de al menos 1% por ciento de los empleos públicos para el colectivo de personas travestis, transexuales y transgénero. Fue la primera iniciativa en el mundo con ese alcance. Representó, además, un quiebre en las luchas de ese colectivo: logró que el Estado reconociera el derecho a que tengan un trabajo formal, en un contexto donde el  98% no lo tiene. Y casi el 80 % está en situación de prostitución. [LEÉ TAMBIÉN: Qué pasa con el #CupoLaboralTrans: un mapeo a nivel nacional]

«Es urgente implementar la Ley de Cupo Laboral Trans»

“Estamos en una instancia crucial, no queremos más reuniones, ya estiraron mucho este tema. Para nosotros es urgente que se implemente la ley”, dijo a esta agencia Sasha Sacayán, hermano de Diana. Contó, además, que hace pocos días falleció una compañera histórica del movimiento, a causa de una enfermedad que en la actualidad es evitable. “Se murió esperando un trabajo, esperando una vida más digna”, resaltó Sasha. El 1° de febrero pasado, funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos provincial informaron a la mesa de diálogo (que mantienen con las organizaciones desde hace un año)  que el decreto reglamentario, entró en “el tramo final” previo a la firma de la gobernadora María Eugenia Vidal. Fue en una reunión en el Anexo de la Cámara de Diputados de la provincia. Encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Santiago Cantón, allí se terminaron de delinear los últimos ajustes para la puesta en marcha de la ley. En este sentido, se hizo referencia a la creación de una comisión mixta entre la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Trabajo y un órgano de monitoreo integrado por representantes de las organizaciones.

«A la puerta de la implementación»

“Nuestro plan de lucha constante en las calles, así como la permanente denuncia en los organismos internacionales, permitieron que lleguemos a este momento. A estar en la puerta de la plena implementación de la ley”, dijo  a Presentes Darío Arias, coordinador de Conurbanos por la Diversidad. Presentes se contactó con el área de prensa de la Secretaría de Derechos Humanos. Preguntó varias veces cuánto y qué falta para que el decreto reglamentario se materialice. Pero la respuesta fue que las personas que llevan el tema estaban de viaje por varios días. “Por lo que nos han señalado desde el gobierno provincial, estamos en el momento final del debate por la reglamentación. Pensábamos que esta ley,  sancionada con mucho consenso de la legislatura provincial, iba a tener una pronta aplicación en la provincia de Buenos Aires. Pero llevó más tiempo del querido”, dijo a esta agencia la legisladora del Frente para la Victoria (FPV), Karina Nazábal, impulsora en la cámara baja del proyecto creado por Sacayán. “Esta ley es la imagen y semejanza de la lucha de Diana, por darle una respuesta a las necesidades urgentes de sus compañeras, de sus hermanas: las travas”, agregó.

 «Devolver dignidad a las travas»

Desde principios de 2000, Diana Sacayán tuvo una idea fija: sacar de la exclusión y marginalidad a sus compañeras. Junto a Darío Arias, su amigo y compañero de militancia, recorrieron los barrios de la provincia de Buenos Aires, despachos de legisladores, universidades y fábricas. Él, desde Conurbanos por la Diversidad; ella, desde el Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación (MAL). Con el tiempo, e se sumaron Abogados por los derechos sexuales (Abosex) y la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti Transexual (ALITT). También Otrans Argentina y Asociación por un Mundo Igualitario (AMI). En ese momento, la agenda del movimiento LGBTI tenía la mirada puesta en el matrimonio igualitario y las problemáticas trans eran el furgón de cola. Los legisladores siempre daban la misma respuesta: que había otros sectores de la población que necesitaban respuestas más urgentes.

Piden consejo consultivo para monitorear la aplicación

Las organizaciones pidieron a los funcionarios provinciales la conformación de un consejo consultivo de la sociedad civil para monitorear la implementación. Alessandra Luna, coordinadora del Frente Travesti Trans de Conurbanos por la Diversidad, explicó a Presentes que, si bien están expectantes ante la inminente reglamentación de la ley, tienen mucha desconfianza en  cómo será su aplicación. “Vivimos una etapa muy grave: por los cierres de los prostíbulos, los proxenetas salen a las calles y corren sistemáticamente a las travestis. En el medio de esta guerra entre fiolos y trans, está la policía. Se desató una guerra desigual por el territorio, porque las mafias arreglan con la policía y obtienen sus beneficios. La situación del colectivo peligra día a día, por eso es urgente la aplicación de la ley de cupo laboral travesti trans”, dijo. Según un informe de la Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual (ALITT) la expectativa de vida promedio de una persona trans es de 33 años y las principales causas de muerte son el VIH/sida, la aplicación de silicona industrial (aceite de avión) y los asesinatos. [LEÉ TAMBIÉN: Rosario abrió la convocatoria a trabajadorxs trans]

«Que llegue a tiempo para las nuevas generaciones»

Una vez que se publique el decreto en el Boletín Oficial de la provincia de Buenos Aires, el paso que sigue es la elaboración de un listado solicitantes de empleo; que se releven las vacantes disponibles y se realice la incorporación de personas, según corresponda. “Queremos colaborar para que la ley se aplique como Diana la soñó, como ella la redactó y como ella la militó. Tiene que ser una norma sin fallas, sin fisuras, ni grises, ni puede llegar más tarde de lo que está llegando”, dijo Nazábal. Remarcó la importancia de que las organizaciones de la sociedad civil puedan monitorear y acompañar la implementación. Y agregó: “Queremos que este 2017 sea de pleno derecho para un colectivo olvidado, al que se le han negado todos los derechos. Esta ley viene a reparar algo de eso. Llega tarde en muchas vidas, en muchas historias, pero queremos que llegue a tiempo para las nuevas generaciones”.]]>