26 de diciembre de 2016

Compartir

Compartir

Share on FacebookShare on Facebook TweetShare on Twitter Share on WhatsAppShare on WhatsApp

SUSCRIBITE AL NEWSLETTER

Apoyanos

En 2008 tres efectivos policiales violaron, golpearon y retuvieron ilegalmente a Luis Alberto Rojas Marín solo por ser homosexual. Después de que su expediente fuera archivado en 2009 por el Poder Judicial, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Este mes tuvo allí su audiencia. Es la primera vez que la institución acepta un caso de tortura contra una persona por ser homosexual.

‘Sube cabro conchatumadre al carro”, fue la frase que Luis Alberto Rojas Marín escuchó la madrugada del 25 de febrero del 2008 en la Carretera Industrial del distrito de Casa Grande, ubicado en la provincia liberteña de Ascope, en Perú.

Luis Alberto no sabía en ese momento que esas palabras marcarían el inicio de un infierno en su vida.  Mientras iba caminando hacia el caserío en el que vivía junto a su familia, una luz muy fuerte lo alumbró. Escuchó un auto detenerse e inmediatamente después empezaron los insultos.  Con ayuda de dos efectivos municipales, el policía Luis Quispe Cáceres metió en un auto a Luis Alberto y lo trasladó a la comisaría de Casa Grande.

En la comisaría lo esperaban otros dos policías (Juan Isaac León Mostacero y  Dino Horacio Ponce Pardo) que lo golpearon  e interrogaron preguntándole por el paradero de su hermano. Luis Alberto no tenía idea de dónde se encontraba su hermano ni por qué lo estaban buscando.

«¿Te gusta la pinga maricón?», eran los insultos que recibía de parte de los tres efectivos. Luis Alberto en ese entonces tenía solo 26 años, era muy delgado y no medía más de 1.70.  Le rompieron la ropa interior y mientras agarraban su pelo,  que llegaba hasta sus hombros,  con una vara policial empezaron a abusarlo sexualmente.

¿Cuál fue su delito? Ser un hombre homosexual. Su detención fue arbitraria, ilegal e injustificada.

#CIDHAudiencias Caso Luis Alberto Rojas Marín #Perú "El fiscal le dijo: si tú eres homosexual, ¿cómo voy a creer que te violaron"

— CIDH (@CIDH) 1 de diciembre de 2016

 
Luis Alberto Rojas Marín, después de 8 años de lo ocurrido, hoy siente que está un paso más cerca de obtener justicia y reparación. Después de que su caso fuera archivado en 2009 por el Poder Judicial, acudió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El jueves 1 de diciembre fue su audiencia. Era la primera vez que la CIDH admitía un caso de tortura contra una persona por ser homosexual.

La abogada de la víctima, Brenda Álvarez, del Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex), dijo a Presentes que “(durante la audiencia) se puede ver que el Estado peruano está construyendo una línea argumentativa que se centra en considerar que Luis Alberto no agotó las vías judiciales en el proceso interno en la búsqueda de justicia”.

Es decir, para el Estado peruano se investigó el suceso y al no encontrar pruebas suficientes, se archivó el caso. Desde esta posición, el Estado no incumplió con ninguna de sus obligaciones internacionales en el caso de Luis Alberto Marín.

“No será que otros te habrán violado y quieres acusar a los policías”

Cabe relatar que después de cometido el abuso, Luis Alberto acudió a la Fiscalía de Ascope. La respuesta fue igual de humillante que los golpes e insultos que le dieron los policías. “Pero tú eres gay. No será que otros te habrán violado y quieres acusar a los policías. Si tú eres homosexual, cómo te voy a creer. Además, para los homosexuales no hay leyes“, le dijo la fiscal Reina Elizabeth Ruiz Guio.

Al ser la primera vez que esta entidad acoge una denuncia de este tipo proveniente del Perú, se está creando un precedente.

Los derechos reconocidos en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos que se denuncia se violaron en el caso de Luis Alberto son: derecho  a garantías judiciales, a la debida diligencia en la investigación, a la libertad y a la intimidad.

¿Qué viene tras la audiencia en la CIDH?

La defensa de Luis Alberto tendrá que presentar sus alegatos por escrito y posiblemente la CIDH emita su informe de fondo en junio de 2017. Se espera que este informe reconozca la responsabilidad del Estado en los abusos y torturas cometidos contra Rojas Marín y de una serie de recomendaciones y acciones a tomar.

Sin embargo, conocida la posición del Perú en este caso, Brenda Álvarez cree que lo más probable es que este plantee un ‘un acuerdo de solución amistosa’. Esta no sería la vía idónea para que Luis Alberto reciba la justicia y la reparación que se necesita. Si el Estado no acepta sus responsabilidades, llegarán hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Para nosotros este caso es paradigmático porque va a permitir que la CIDH clarifique la obligación de debida diligencia que tiene que implementarse en los países en relación a los delitos cometidos contra personas LGBTIQ”, acota Álvarez para Presentes.

Este caso no solo le devolvería el derecho a reparación que tiene Luis Alberto.  Podría marcar un precedente impulsando el diseño de mecanismos especiales para investigar crímenes y delitos desde un enfoque de diversidad sexual. “Como se tiene un enfoque de género para ver los casos de violencia contra las mujeres; los delitos y agresiones a derechos de personas LGBTIQ también lo deben tener”, sostiene Álvarez y agrega que se debe eliminar la homofobia y el estereotipo en el acceso a la justicia.

Luis Alberto Rojas Marín hoy tiene 34 años y se dedica a la crianza y comercialización de cerdos. Aún vive en el caserío Lache, en La Libertad. Actualmente no goza de la mejor salud pero ha podido superar con creces el episodio que vivió en 2008.

Él espera que el Estado reconozca que a él se le violó como mecanismo de castigo por su orientación sexual, que el Estado le crea. Que el Estado deje de cuestionar su versión y testimonio de los hechos. Luis Alberto espera justicia y reparación.

Seguí a Presentes:

Twitter @PresentesTLGBI

Instagram: PresentesTLGBI

Facebook: https://web.facebook.com/presentesTLGBI/