Una joven trans fue detenida ilegalmente en su casa y luego abusada sexualmente por varios policías, a los que denunció. La investigacion llegó a juicio sin atender a los derechos básicos de la víctima. El mismo tribunal que condenó a otra joven, Belén, por un aborto espontáneo, en este caso evitó condenar a los policías por los abusos sexuales.   Por Gabriela Cruz, desde San Miguel de Tucumán Fotos: Ignacio López Isasmendi    A Celeste la detuvieron en el baño de su casa, donde irrumpieron de forma ilegal. La llevaron a una comisaría donde no había celdas para mujeres. Policías provinciales la abusaron y la encerraron en el calabozo con detenidos. Ella pudo ver cómo cobraban dinero a los presos que entraban a violarla. No recuerda con exactitud cuántos días estuvo, calcula cuatro. En algún momento, cuando la sacaron para que limpiara, corrió tanto como pudo. Llegó al hospital Centro de Salud Zenón Santillán en San Miguel de Tucumán, los médicos la revisaron y denunció lo ocurrido. Tenía 21 años, era noviembre del 2013. Tres años después, tendría una sentencia pero no justicia. Empezó con una notificación judicial. No la podía leer, no ee. Sus profesores la ayudaron: tenía que declarar en los próximos días. No sabía que habría un juicio. No sabía que podía ser querellante. No conocía al fiscal que investigaba su denuncia. Y cuando llegó el día del debate oral, un nuevo fiscal se hizo cargo. Celeste escuchó, declaró, lloró y gritó de impotencia aquel octubre del 2016, en los tribunales de la provincia de Tucumán.  

La víctima que no pudo ser querellante

  Entre fines de setiembre y principios de octubre de este año, Celeste llegó al Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas (Cetrans) para aprender a leer y a escribir. Como muchas chicas trans, había dejado de estudiar, la escuela era un lugar demasiado hostil. Este espacio le resultó diferente a los que había conocido a lo largo de sus 24 años. “El centro educativo no es únicamente trans”, explica Fabián Vera del Barco, el director. “De las 30 personas inscriptas, mujeres trans o travestis son diez. El resto son madres muy jóvenes, chicos gays; adultos que por distintos motivos han sido excluidos del sistema educativo y encuentran un lugar acogedor donde terminar sus estudios”, dice el licenciado en Filosofía impulsor del proyecto. Celeste empezó a trabajar con la maestra designada por el Ministerio de Educación de la provincia. Hacía pocos días que iba a clases cuando recibió la notificación judicial. Debía presentarse a declarar en el juicio que la tenía como víctima. “Nosotros conocíamos el caso de abuso sexual porque había aparecido en los medios”, dice Fabián al recordar la noticia que circuló en 2013. “Lo que no sabíamos era que todavía estaba en instancia judicial y que, dentro de las próximas 72 horas de recibir esa esquela que no sabía leer, tenía que presentarse a declarar en el juicio”.   Fabián es parte de la agrupación Tucumán Diverso, militó por la Ley de Matrimonio Igualitario y por la de Identidad de Género. Como gay que decidió adoptar, sabe lo difícil que es enfrentarse a la burocracia estatal conjugada con la falta de perspectiva de género. “Buscamos asesoramiento, porque ninguno de nosotros  es abogado, y pedimos ayuda a los compañeros activistas”, recuerda Fabián. Así se armó una mesa de apoyo Justicia para Celeste y se articularon algunas acciones con las organizaciones. El juicio era inminente. Celeste debía declarar como víctima en una investigación había seguido su curso y ella no conocía. La fiscal, Estella Gifoniello, apenas había tenido posibilidad de leer los 20 cuerpos del expediente el día del inicio del debate oral y público. “Íbamos a un juicio donde ella no estaba como querellante, donde no tenía un abogado que la representara. Con una fiscal que no la conocía”, comenta Fabián. Los jueces que conformaban el tribunal, Dante Ibáñez, Néstor Macoritto y Fabián Fradejas eran reconocidos en la provincia: los mismos que intervinieron en la causa de Belén, la joven condenada por un aborto espontáneo.  

Siete policías acusados

  Aquel 27 de noviembre de 2014, apenas Celeste escapó de la seccional 4ª, denunció los hechos en la guardia policial del hospital. Después trascendió que la denuncia no fue notificada a las autoridades. Celeste contó que también intentó denunciar lo ocurrido ante la fiscalía. Allí, según declaró, los jefes policiales la obligaron a firmar una retractación. Su palabra parecía no tener valor, la de una chica trans, pobre, atravesada por la exclusión y la violencia, con una familia que no supo entender ni acompañar la identidad con la que se autopercibe. Los policías acusados eran siete: Rubén Ernesto Aguirre, Walter Francisco Trejo, Miguel Antonio Concha, Ramón Julio César Ledesma, Roberto Antonio Gallardo y Aldo Omar Quiroga. Llegaron a juicio por tres delitos: privar a Celeste de su libertad (detenerla en su casa sin orden judicial), abusar sexualmente de ella y como partícipes necesarios de los abusos cometidos por los otros detenidos. La ‘familia policial’ estuvo a cargo de la custodia y organización de la sala de audiencias. Los cacheos, las miradas, los gestos marcaban la asimetría del espacio y las condiciones desiguales en que las partes llegaban al proceso.

 

Los defensores no respetaron la identidad de género

  A lo largo de las audiencias, los abogados defensores trataron a Celeste en masculino, sin respetar la Ley de Identidad de Género. Le señalaban contradicciones con la declaración que le habían hecho firmar en el año 2013.  “Fue vergonzoso, ella no sabe leer ni escribir. Se pasaron discutiendo si Celeste podía reconocer la firma; cuando escasamente puede firmar con su nombre”, dice Fabián. La prueba era un documento que no leyó. “Logramos que al menos Celeste no declarara frente a sus siete abusadores”, recuerda Fabián Vera del Barco. “Tuvimos que pedir a la fiscal que por favor se vacíe la sala de los imputados. De hecho la fiscal decía: ‘qué pena porque hubiera sido bueno que Celeste misma pueda señalarlos con el dedo’”. La identificación de los policías se había hecho en una rueda de reconocimiento.  

«No hay justicia porque no hay acceso a derechos»

  Soledad Deza, abogada de la agrupación Mujeres x Mujeres, a cargo de la defensa de la causa Belén, acompañó y asesoró a Celeste. Por los tiempos procesales, la víctima no pudo constituirse como querella, y Soledad y su equipo tuvieron que acompañar desde afuera. Explicarle lo que estaba sucediendo: a Celeste se le había negado el real acceso a la Justicia. “¿Cuál es el verdadero contenido que tiene el derecho de acceso a la Justicia?”, pregunta Soledad y responde: “Hablamos de una mujer que pertenece a un colectivo desaventajado. Pero además, hablamos de una mujer analfabeta, lo cual profundiza la desigualdad con la que se para frente a la Policía, en su momento, y frente al Poder Judicial. ¿Cuál es el verdadero contenido del acceso a la Justicia si esa joven ni siquiera ha contado con el asesoramiento que le permita constituirse como querellante, herramienta de las víctimas para impulsar una investigación o cuestionar una condena, o una absolución o una sentencia como esta?”. La respuesta cae con el peso de la impotencia y la indignación. “No hay justicia. Y no tan solo porque no haya condena: no hay justicia porque no hay un acceso a la Justicia y no hay porque previamente no hubo un acceso a la educación y a tantos otros derechos”, dice Fabián Vera del Barco. Él es profesor universitario, con estudios de posgrado, «y no entiendo demasiado este mundo judicial, necesito un asesoramiento técnico”, reflexiona. “Celeste no tenía ningún asesoramiento técnico”. El pedido de Justicia por Celeste tomó las calles el día del primer paro nacional de mujeres. En Tucumán, miles de mujeres de negro reclamaron por los femicidios y por la absolución de Belén. En las puertas del Palacio de Justicia también  levantaron sus voces y sus carteles por Celeste.    

La sentencia que no condenó el abuso sexual

  Los imputados no pudieron explicar la detención ilegal de Celeste, en el interior de su casa, por una ley declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. Finalmente, la sentencia condenó a dos policías,  Aguirre y a Trejo, a cinco años de prisión por privar ilegítimamente de la libertad a Celeste y por falsedad ideológica de instrumento público. El entonces jefe de la comisaría, Quiroga, fue absuelto. Cuatro seguirán investigados, aunque ya habían sido enviados a juicio. Pero se dispuso la nulidad del requerimiento por los abusos sexuales: no se los condenó. Soledad Deza dice que la Cámara tenía dos posibilidades ante los dos delitos de abuso sexual: absolver o condenar. “No se pronuncia sobre uno de los abusos sexuales y sobre el otro, declaran la nulidad del requerimiento. Para mí, es una trampa esa sentencia”, afirma la abogada tras leer los fundamentos que se dieron a conocer hace pocos días. “Lo que hace con esta nulidad es abrirle la puerta a los imputados para que argumenten que están siendo juzgados dos veces por el mismo delito y queden impunes”, sostiene la abogada feminista que denuncia la falta de perspectiva de género en el Poder Judicial.  Soledad dice que sabe que la fiscalía tenía instrucciones del Ministro Fiscal de recurrir la sentencia, única acción posible para intentar revertir el fallo. Hasta el momento, se desconoce si se recurrió o no. Ni Celeste ni quienes la acompañan recibieron comunicación ni respuesta.  

«Queremos contar cómo le va a Celeste y no qué le pasó”

  “Queremos dejar de contar cadáveres, queremos empezar a contar vidas. Queremos contar cómo le va a Celeste y no qué le pasó a Celeste”, dice Fabián Vera del Barco. Insiste: Celeste es el nombre que representa a cientos de chicas trans que sufren constantemente la vulneración de sus derechos. Destaca que con el caso en los medios de comunicación, se visibilizó a uno de los sectores más golpeados. Aquella chica de 21 años que se animó a denunciar a los policías, tres años después se animó a retomar la escuela. El Centro Educativo Trans de Puertas Abiertas se convirtió en mucho más que su refugio ante un juicio desigual. Hoy la mujer de 24 años se para y se anima a soñar: “Si yo termino la secundaria, voy a estudiar Derecho porque a mí no me van a volver a pasar por encima”.    ]]>