24 de noviembre de 2016

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La población trans y travesti sufrió -y sigue sufriendo- una persecución y violación sistemática de los derechos humanos por parte del Estado argentino. Organizaciones TLGBI impulsan “Reconocer es Reparar”, la campaña que busca visibilizar estas violencias y convertir en ley el proyecto de una pensión graciable a lxs sobrevivientes.

Por: @Inflafoy

Fotos: Ariel Gutraich

Norma Girardi tiene 63 años, le faltan sus coetáneas travestis y se considera a sí misma una sobreviviente. La echaron de su casa familiar cuando era una niña, todo su devenir estuvo marcado por la persecución. “Viví los ’60 y los ’70, fueron unas épocas horribles. Salíamos a trabajar – la prostitución era la única salida-  y teníamos que ir con un bolsito con pasta de dientes y toalla porque sabíamos que no volvíamos. Íbamos a terminar en un calabozo, durmiendo en esas camas de cemento mojadas, porque nos mojaban, entre otras cosas”. Las violaciones también eran moneda corriente, así como los insultos y las palizas.

Perdió la cuenta de la cantidad de veces que la detuvieron. En más de una oportunidad,  llegó a pasar un mes en la cárcel de Devoto. Si no la esperaban a la salida, la volvían a encerrar.  “Preferíamos que nos llevaran a Devoto porque en las comisarías te podían desaparecer, hacer cualquier cosa”.

Empezó a militar hace veinte años cuando conoció a la activista por la diversidad sexual Lohana Berkins. “Yo estaba caminando por la avenida Corrientes y ella se me acercó para darme un folleto e invitarme a una marcha en Plaza de Mayo contra los edictos policiales. Me dijo: te esperamos, compañera”. Juntas fundaron ALLIT (Asociación de Lucha por la Identidad Travesti y Transexual) y fue secretaria de la organización hasta la muerte de Lohana, en febrero de este año.

Cuando Lara Bertolini decidió abrazar su identidad travesti tenía 23 años y era asistente comercial en un banco. Lo que ganó en liberación interior lo perdió en derechos: tuvo que renunciar a su trabajo, irse de su casa, se quedó sin seguridad social. “Eran todas cosas a las que hasta ese momento podía acceder como varón gay, camuflándome”, cuenta. En los ’90, empezó a trabajar como relacionista pública de un boliche del under porteño. Ganaba más que en el banco, podía ser ella y por primera vez se sentía parte. Hasta que conoció los edictos policiales.

Una noche, la policía entró al local y se la llevaron al calabozo sin ninguna explicación. Allí supo lo que era el artículo 2 y los incisos H y F. “El primero era por travesti, el segundo por prostitución, aunque yo en ese momento todavía no era trabajadora sexual. Pero para la policía era todo lo mismo”. Pasó cuarenta y ocho horas detenida, se volvió a quedar sin trabajo. Fue la primera vez que tuvo miedo de que la mataran por ser quien era. La segunda, cuando un prefecto quiso violarla y  ella se negó, entonces él le apuntó con un arma en la cabeza gatillando tres veces. Hubo una tercera vez, cuando estuvo con la cara desfigurada durante semanas. Este año se acercó a la asociación Colectiva Lohana Berkins y milita junto a Abosex.

Marcela Tobaldi estaba en situación de calle cuando la policía la detuvo para llevársela a la comisaría. Era invierno y estaba muy resfriada. “Se me caían los mocos y mientras me esposaban les pedí a los policías que me dejaran limpiarme. No sólo no me dejaron, sino que cada vez que les pedía me apretaban más las esposas”. Cuando llegó a la comisaría tenía las muñecas ensangrentadas. La mantuvieron encerrada en un calabozo durante dos días. “Historias como esas tengo cientos, al igual que mis compañeras”.  Hoy milita en el Frente Florida.

Paula Arraigada estaba en Parque Patricios con otras travestis cuando la policía se ensañó con una, le sacó la peluca y la desnudó, obligándola a correr así y en pleno invierno. Cuando sus compañeras empezaron a gritar pidiendo socorro, las apuntaron con un arma para callarlas. También forma parte del Frente Florida y junto a Tobaldi resaltan, también, la importancia de una ley de cupo laboral trans.

Además de militar por los derechos de las personas trans desde distintos lugares, Norma, Lara, Marcela y Paula son algunas de las sobrevivientes que hoy forman parte de “Reconocer es Reparar”. Esta campaña busca convertir en ley el proyecto 8194, que establece una pensión graciable para víctimas de violencia institucional por motivos de identidad de género. Gestado por las referentes travestis Marlene Wayar y Lohana Berkins, el proyecto se presentó en el Congreso de la Nación 6 de octubre con la firma de 22 diputados. Es el resultado de una escritura colectiva impulsada por las organizaciones Abosex, Alitt, Futuro Transgenérico y M.A.L (Movimiento Antidiscriminatorio de Liberación, creado por la activista travesti asesinada el año pasado, Diana Sacayán).

Se estima que unas 300 personas en todo el país podrían recibir esa pensión: son pocas las que llegan a una vejez: la esperanza de vida de una persona trans es de 35 años. “A muchas las mataron, otras murieron en la indigencia y por enfermedades, las que pudieron se fueron del país”, dijo a Presentes Emiliano Litardo, integrante de Abosex.

La campaña “Reconoce es Reparar”  ya ha realizado varias acciones tanto en las redes sociales como en la calle (la más reciente fue una foto activa frente al Congreso)  y su objetivo es seguir sumando adherentes en los distintos espacios políticos. “Si es necesario vamos a ir personalmente a hablar con diputado por diputado, senador por senador. Que nos vean las caras y que nos digan si nos van a apoyar o no”, dice Bertolini.

“Nuestro apuro es ver si el año que viene puede tener tratamiento en la primera comisión que tuvo giro el proyecto, la de Seguridad Interior. Ahora la ley tiene la firma de veintipico de legisladores: la mayoría de Frente para la Victoria y todo el bloque de izquierda. Faltan las firmas del PRO y la UCR”, agrega Litardo.

Cómo criminalizar identidades

La criminalización de la diversidad sexual, y particularmente de las identidades trans, durante mucho tiempo estuvo escrita en el Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto de Policía. Redactado en 1870 y vigente hasta 1996, la historia de estos edictos deja plasmados los mecanismos de vigilancia y represión estatal a identidades consideradas anormales, desviadas y amorales en el marco de las políticas higienistas de los diferentes gobiernos de turno, tanto fácticos como democráticos. En el artículo 2, bajo el subtítulo, “Escándalo”, se desarrollaron los incisos F, H e I. El  «F» penaliza a las personas “que exhibieren en la vía pública vestidos o disfrazados con ropas del sexo contrario”, el «H» a quienes “incitaren u  ofrecieren públicamente al acto carnal, sin distinción de sexos”, el «I» a “los sujetos conocidos como pervertidos en compañía de menores de 18 años”.

“Con los edictos se criminaliza a un sujeto en función de una identidad. No se criminaliza ninguna conducta dolosa. Esto en derecho se llama ‘doctrina de autor’.Se penalizaba a estos sujetos pero sin nombrarlos sino por caracterización y entonces como que todo funcionaba por asociación: se va estableciendo un sentido común. Por ejemplo: el pervertido es el homosexual y la travesti es prostituta. Estos edictos dan cuenta de una historia, de cómo surge la idea de seguridad policial no para contrarrestar los delitos sino para mantener un orden social. Para establecer quién está habilitado o no para transitar el espacio público”, dice Litardo.

En los libros colectivos sobre la historia y condiciones de vida del colectivo trans “La gesta del nombre propio” (2005) y “Cumbia, copeteo y lágrimas” (2008) – compilados por Lohana Berkins- se detectó, entre otras cosas, que las mayores violaciones de derechos humanos amparados por los edictos policiales se dieron en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde muchas chicas trans recalaban escapando de las violencias provinciales y buscando trabajo. “Abundaban las matanzas en la autopista, entre otras cosas. Acá las patrullas de moralidad funcionan de forma sistemática, tenían puesto el ojo en el lugar donde estaban las compañeras pero también los homosexuales. Era una conducta reiterada”, agrega Litardo.

En 1996, los edictos policiales del siglo XIX mutaron por los Códigos Contravencionales de Faltas y si bien se eliminaron las figuras arcaicas, la violencia institucional está lejos de haber sido erradicada. Representantes de distintas organizaciones por la diversidad sexual denuncian que en este último año, a partir de la asunción del presidente Mauricio Macri, se ha recrudecido. Y que el mayor peligro para la población trans está en las provincias.

“En lo que va del año hubo unos 16 asesinatos a travestis. No hay un relevamiento oficial, lo vamos contando, la semana pasada hubo dos. Mendoza y el norte del país son lugares muy peligrosos para ser trans. Entonces decimos, paremos un poco. Hay que hacer algo ya y la ley de reparación es para que nuestra compañeras sobrevivientes, las pocas pasaron los cuarenta, cincuenta años y lo atravesaron todo, puedan tener una vejez digna”, dice Lara Bertolini.

Norma Girardi pudo jubilarse gracias a la moratoria del gobierno anterior y hace tiempo que vive de shows y de sus trabajos de costura. Dice que no quiere nada para ella pero sí para sus compañeras. “Todas tenemos marcas en nuestros cuerpos por la violencia. Quiero que las chicas que quedan de mi época puedan vivir tranquilas los años que les quedan. Porque a nosotras siempre se nos negó todo”.

Qué dice el proyecto

El Proyecto de Ley 8164  se justifica por la directriz marcada por el Principio 28 de los Principios de Yogyakarta  y la ley de identidad de género sancionada el 9 de mayo de 2012. Establece que:

• Se otorgará una pensión graciable para aquellas personas que hayan sido privadas de su libertad por causas relacionadas con su identidad de género como consecuencia del accionar de las Fuerzas de Seguridad federales o por disposición de autoridad judicial o del Ministerio Público de jurisdicción nacional o federal.
• Serán beneficiadas especialmente las personas a las que se les haya aplicado los incisos “F”, “H”, e “I” del art.2 del derogado Reglamento de Procedimientos Contravencionales del Edicto de Policía.
• El beneficio será incrementado en un 30% si la persona sufrió violencia sexual.
• El beneficio será igual a la remuneración mensual asignada a la Categoría D, Nivel O, Agrupamiento General del SINEP. (Preguntar cuánta plata es)
• El órgano de aplicación será la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.