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Cierre del Congreso peruano: «Que las nuevas bancadas abracen la diversidad»
El Fujimorismo y sus aliados continuamente han obstaculizado cualquier proyecto de ley de género.
Por Vero Ferrari
El 30 de setiembre de 2019 será recordado como un día histórico para todas y todos los peruanos, y sobre todo para la comunidad LGTBI. Ese día, el presidente Martín Vizcarra decidió cerrar un Congreso coptado por fuerzas fundamentalistas y llamó a elecciones parlamentarias alegando la falta de transparencia de la bancada fujimorista y sus aliadxs.
Horas después, el Congreso respondió aprobando la suspensión de Vizcarra de sus funciones presidenciales durante 12 meses por «incapacidad temporal». Y juramentó a la vicepresidenta Mercedes Aráoz como «presidenta en funciones» del país, aunque renunció al día siguiente.
El fujimorismo contra los derechos de las personas LGBT
Desde que empezó la legislatura, en 2016, el fujimorismo se opuso a cualquier avance de derechos en educación o reconocimiento, así, los proyectos de ley de unión civil, matrimonio igualitario, despenalización del aborto por violación e identidad de género estuvieron congelados en comisiones sin ninguna posibilidad de pasar al Pleno del Parlamento para que fueran votados.
El Decreto Legislativo N° 1323, que buscaba sancionar los crímenes de odio motivados por orientación sexual e identidad de género, fue derogado en parte por esta clase política conservadora encabezada por los congresistas de Fuerza Popular aliados con congresistas evangélicos. Por suerte, el presidente nunca reconoció esta derogación así que el DL sigue siendo efectivo y herramienta para sancionar la discriminación.
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El fujimorismo y sus aliados continuamente han obstaculizado cualquier proyecto de ley que incluyera el enfoque de género, impidiendo, por ejemplo, que haya una política carcelaria con este enfoque para reducir la violencia que viven las mujeres lesbianas, bisexuales y trans, y los hombres gays, bisexuales y trans en situación de carcelería.
También han perseguido legalmente a quienes osaban desarrollar estos temas en los Ministerios. Así, propiciaron que las y los ministros de Educación fueran continuamente obligados a renunciar por intentar proteger la política educativa con enfoque de género, y que las y los especialistas que trabajaban estos temas sean sancionados administrativa y legalmente usando como excusa “el interés superior del niño y las buenas costumbres”, perdiendo sus trabajos y viéndose sometidos a comisiones investigadoras congresales con el único fin de hostigarlos, lo que los afectaba económica y psicológicamente.
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Pero ya no están más, la población les dijo que no, que ya basta, y salieron todas las semanas a marchar exigiendo que se vayan todos y el presidente los escuchó. Desde el 30 se fueron todos, y sus intentos por vacar al presidente y poner en su lugar a la vicepresidenta usurpando su lugar no han tenido ningún apoyo ni legitimidad, nadie los quiere más.
En cuatro meses habrá nuevas elecciones para elegir a 130 congresistas, seguiremos vigilantes de que estos no representen a las agendas más retardatarias, para poder vivir en un país que respete y abrace a su diversidad. Hace tiempo nos merecemos a gente buena ocupando esos lugares, y entre ellos a LGTBI luchando para que el Estado repare y pague la deuda histórica que tiene con todos nosotres.
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