Por Luciana Caminos Once mujeres trans de Rosario y ocho de la ciudad de Santa Fe iniciaron el camino para acceder a una pensión que se otorga a víctimas de la dictadura, en el marco de la Ley Provincial 13.298. La norma establece el pago de una pensión mensual a las personas que acrediten haber sido «privadas de su libertad por causas políticas, gremiales o estudiantiles», entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. “Para nosotras esta reparación significa un reconocimiento a tantos años de lucha, y de falta de acceso a casi todos los derechos: a estudiar, a trabajar, a vivir dignamente, a la persecución que vivimos por el sólo hecho de ser trans. Es una ayuda para poder defendernos en esta vejez que nos viene”, dijo Marcela Viega. Viega es una de las mujeres trans de Rosario que hizo la presentación para acceder a esta reparación. Y agregó: “Nos asegura un plato de comida, pagar un alquiler y remedios”. Esteban Paulón, subsecretario de Diversidad Sexual de Santa Fe, contó a Presentes que la ley prevé una serie de requisitos para el reconocimiento del derecho, entre ellos, información por vía judicial. Los casos avanzan en diferentes juzgados civiles, pero es la Caja de Pensiones Sociales provincial el organismo que define si corresponde el pago de la reparación.

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«Hubo ensañamiento hacia LGBTI y en especial con trans»

En Santa Fe, desde hace más de cuatro años -a partir de la ley- se paga la pensión social a personas que estuvieron privadas de su libertad durante la última dictadura, por razones políticas, gremiales y estudiantiles. Pero el colectivo travesti trans aún no había sido incorporado. “Consideramos que la identidad de género es un componente político, porque la política del gobierno de facto era la represión y el castigo. Hubo un especial ensañamiento hacia el colectivo LGBT, y en especial para la población trans, con espacios de detención y torturas específicas. El proyecto de dictadura promovía un tipo de familia donde los grupos minoritarios por distintas condiciones no encajaban en el ideal de Dios, Patria y Familia «, dijo Paulón al ser consultado para esta nota.

«Queda claro que se trató de una persecución sistemática»

“Argumentamos que el ejercicio de la identidad autopercibida es una acción política. La ley establece que las detenciones se pueden probar a través de declaraciones testimoniales producidas judicialmente. Muchas de las detenciones se pueden probar porque surgen de los prontuarios o de los registros de los Juzgados de faltas. Lo interesante de los testimonios y de las notas periodísticas es que queda claro que se trató de una persecución sistemática”, dijo Ricardo Lamas, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

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En Rosario ya se presentaron 11 expedientes: en uno de ellos la Justicia confirmó que la persona trans que hizo el reclamo estuvo detenida por su identidad de género. “Se espera que en los próximos días tengan dictamen judicial más expedientes”, dijo Paulón. En Santa Fe, las presentaciones aún están en trámite debido a la demora por parte de algunas reparticiones públicas en el otorgamiento de los registros que demuestran que estuvieron detenidas, contó una de las mujeres trans que está gestionando la pensión. El pabellón “XY” Durante ese período, el edificio de la Jefatura de Policía de Rosario tenía un pabellón llamado «XY», destinado a personas LGBT, detenidxs por «desviados». “Cuando se analizan los testimonios, salta a la luz que represión por el solo hecho de ser mujeres trans. Algunas sufrieron abusos sexuales y otras formas de violencia. Eran jóvenes expulsadas por sus familias que vivían en las calles y que no tenían alternativa para sobrevivir: muchas murieron, y otras se fueron. Cuando la policía las veía, las imputaban por vagancia y prostitución. Eran chicas muy jovencitas”, contó Lamas. Un artículo del Código de Faltas vigente en esos años permitía el arresto de una persona por «travestismo», es decir, por estar vestida con ropa de otro sexo. Entre las pruebas incluidas en los expedientes iniciados para otorgar las pensiones hay una nota publicada en el diario La Capital de Rosario, a fines de la dictadura, señala: «Conocidos homosexuales pasaban por la calle vestidos como mujeres». El artículo periodístico dice que se detuvo a dos jóvenes de 16 y 17 años y señala que «la llamativa presencia de los desviados sexuales se extiende a numerosos bares, confiterías y esquinas céntricas».  Plantea que «más allá de los distintos modos que existen para enfrentar este mal de la sociedad, acaso la intensificación de la vigilancia policial y procedimientos para reprimir la prostitución y la homosexualidad sean efectivos». Las trans eran arrestadas por períodos no menores a 30 días y cuando volvían a ser detenidas la privación de la libertad se agravaba, de acuerdo al Código de Faltas. “Les quitaban las pertenencias y eran abusadas sexualmente” El 9 de marzo, el ex ministro de Salud, Daniel Gollán declaró en los Tribunales de Rosario como testigo ocular de la detención de dos mujeres trans durante la última dictadura. Según informó la agencia Télam, el ex funcionario había sido secuestrado el 16 de julio de 1976 y tras permanecer en un centro clandestino fue «blanqueado» y quedó a disposición del Poder Ejecutivo Nacional (PEN). Contó que en ese lugar había conocido a dos personas trans que había sido detenidas por su condición de tales, no por algún delito. Una era una persona rubia de cutis blanco y la otra de piel trigueña», recordó y evocó que en el lugar había «dos habitaciones unidas por una arcada bien amplia. Me relataron cómo eran arrestadas y detenidas, les quitaban las pertenencias, el dinero que tenían y muchas veces eran abusadas sexualmente», dijo.]]>