11 de diciembre de 2016

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La marcha, convocada en Plaza de Mayo por organismos de ddhh denunció, entre otros temas urgentes, el aumento de la violencia institucional sobre sectores populares, jóvenes y migrantes. Trans y travestis sumaron sus pedidos urgentes: cupo laboral trans, derecho al trabajo, a la salud y a la educación. En el Día Internacional por los Derechos Humanos, catorce organismos convocaron a una jornada nacional de lucha y resistencia con epicentro en Plaza de Mayo. Integrantes de los colectivos TLGBI participaron del encuentro, en una fecha cargada de sentido para los activistas del movimiento de derechos humanos en Argentina: ayer se cumplieron 33 años del regreso de la democracia y el primer año del gobierno de Mauricio Macri. Stella De Vita fue de las primeras en llegar a la Plaza de Mayo. Llevaba un cartel con pedidos urgentes, escritos en ambas caras del papel. Reclamaba: «Respeto y derechos para la trabajadoras del sexo», «ley de reparación histórica», «basta de travesticidios». Expresaba su apoyo al cupo laboral trans. Y aclaraba «el sexo es un derecho humano». Victoria Rivadaneira, llegó desde Villa Fiorito. «Vine a defender los derechos. Queremos un trabajo digno», reclamó. «Vengo a defender el cupo laboral trans», dijo a Presentes Paula Arraigada, integrante del Frente Florida, un espacio transversal. «Los derechos son de todas y todos, y hay que hacerlos cumplir. Tenemos derecho a la salud, al trabajo y a la educación. Pero nuestro colectivo no ha llegado a tener, por ejemplo, acceso al trabajo. No hay política pública que incorpore a las personas trans y travestis al mercado laboral. Estamos para apoyar los derechos humanos y para reclamar por los que no se cumplen», dijo. La violencia institucional: una urgencia de la democracia Desde el escenario, los organismos convocantes -entre ellos, Abuelas de Plaza de Mayo, el Centro de Estudios Legales y Sociales, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, H.I.J.O.S. Capital, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos- fueron leyendo fragmentos del documento consensuado entre todos, algo que no ocurría hace muchos años. Los principales reclamos en materia de derechos fueron por el desmantelamiento de políticas públicas de memoria, la aparición con vida de Julio López, la restitución de la identidad de los nietos que falta encontrar; el pedido de libertad de Milagro Sala y presos políticos, el rechazo a la criminalización de la violencia, a los despidos y al ajuste. Hace unos meses que el movimiento trans y travesti vienen denunciando ante diferentes instancias el recrudecimiento de la violencia institucional en 2016. En noviembre, la denuncia llegó a la ONU. Ayer, la violencia de parte del Estado ocupó un lugar importante en el documento que leyeron representantes de las organizaciones que convocaron. Pidieron que los condenados por delitos de lesa humanidad cumplan prisión efectiva en cárceles comunes, y expresaron: «Mientras demandamos que ningún genocida camine por las calles, vemos también cómo aumenta la violencia institucional: un excesivo e injustificado uso de armas de fuego; razzias; represión de protestas sociales y sindicales; ingresos brutales a barrios; controles injustificados de documentación; requisas personales sin causa en la vía pública; trato abusivo, hostil y amenazas (…) Estas políticas represivas son validadas desde el poder y por los medios de comunicación que ayer estigmatizaban a los 30.000 y sus compañeros, y que hoy justifican la violencia y la persecución a los sectores populares, principalmente a los jóvenes y a los migrantes». Los organismos pidieron, entre otras cosas, el fin de las prácticas represivas. Señalaron «el funcionamiento de cárceles y comisarías como lugares de criminalización de la pobreza, de aplicación de tormentos y torturas». Y consideraron «se trata de una de las mayores urgencias de la democracia». Bajo una bandera con los colores del arco iris, militantes de La Cámpora Diversia -el sector de diversidad sexual de la agrupación- escuchaban sobre un tema que no les suena ajeno. Ahí estaba Marcela Tobaldi, una de las tantas víctimas de la violencia policial en el colectivo trans y travesti. «Estamos acá porque la violencia institucional crece. Pero también porque la lucha argentina por los derechos es única en el mundo, es de todxs y acá estamos juntxs, en la defensa de lo que ha costado tanto».]]>