Nueva Ley de Discapacidad: ¿Qué cambia y qué garantías faltan?

¿Que cambia para las personas con discapacidad con la ley que se debate en el Congreso? Avances y dudas. "Sin presupuesto no hay derechos".

CIUDAD DE BUENOS AIRES, Argentina. El Senado de la Nación aprobó este jueves 19 de noviembre el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, que ya contaba con media sanción de la Cámara de Diputados. Quedó asi sancionada una Nueva Ley de Discapacidad. Qué cambia y qué garantías se le reclaman.


El proyecto surgió como iniciativa del gobierno nacional e incorporó distintos reclamos del colectivo de personas con discapacidad. De esta manera, se incluyeron todos los puntos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793), vigente hasta fin de este año.


La nueva ley se postula como superadora, porque busca dejar atrás el carácter transitorio de la Emergencia y establecer un marco permanente para las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad.


Llega al recinto en medio de una fuerte crisis del sector, marcada por el atraso en los pagos a prestadores, la devaluación del nomenclador y las dificultades para acceder y mantener las pensiones.


Aunque distintos sectores reconocen algunos avances en el texto, persisten dudas sobre su aplicación efectiva y, especialmente, sobre la inclusión de los fondos en el presupuesto 2027.

¿Qué propone la nueva Ley de Discapacidad?

Entre sus principales disposiciones se encuentran:

  • Pensiones no contributivas: establece una prestación equivalente al 70% del haber mínimo jubilatorio.
  • Compatibilidad con el empleo: permite que las personas titulares de la pensión puedan trabajar formalmente o inscribirse en el monotributo, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
  • Prestaciones básicas: mantiene la continuidad del sistema de prestaciones de la Ley 24.901 y el Nomenclador de Prestaciones Básicas.
  • Actualización de aranceles: incorpora mecanismos de actualización periódica de los valores de las prestaciones.
  • Cobertura sanitaria: contempla la cobertura de Incluir Salud para los titulares de las pensiones por discapacidad.
  • Financiamiento: establece previsiones presupuestarias y mecanismos de coordinación entre Nación y provincias.
  • Auditorías: incorpora controles sobre las pensiones y los recursos destinados al sistema.
  • Deuda con prestadores: establece un mecanismo para regularizar las compensaciones adeudadas.


El sistema de pensiones: avances y dudas

Uno de los cambios más relevantes es la incorporación de la compatibilidad entre el cobro de una pensión no contributiva por discapacidad y el trabajo formal. La medida busca evitar que una persona tenga que renunciar a su pensión para incorporarse al mercado laboral, siempre que sus ingresos no superen el límite establecido.

Sin embargo, persisten interrogantes sobre los mecanismos para solicitar las pensiones, la certificación de la discapacidad y la efectiva implementación del régimen.

Verónica González Bonet, periodista e integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), explicó que la organización trabajó junto con diputadxs para corregir aspectos del proyecto que no garantizaban claramente el acceso a la cobertura sanitaria de todas las personas titulares de pensiones no contributivas.


“Nos preocupaba mucho que no quedara claro que la cobertura de salud fuera tanto para quienes perciben las pensiones para la protección social de las personas con discapacidad, como para quienes perciben las pensiones no contributivas. Creemos que tal como está redactado ahora queda claro. También queda claro que no se va a anular el Nomenclador”.

De todas maneras, señala que, pese a que la Ley de Emergencia todavía está vigente, las pensiones no se están otorgando.

González Bonet manifestó preocupación por la situación de quienes trabajan en talleres protegidos: aunque se actualizó la Asignación Estímulo, no se incorporaron los últimos dos aumentos del salario mínimo. Tampoco se otorgó la compensación destinada a recomponer las pérdidas por inflación de 2024 y 2025.


Uriel Weicman, activista por los derechos de las personas con discapacidad e integrante de la comisión directiva de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), destacó la importancia de que la compatibilidad entre pensión y empleo quede establecida en una ley nacional.

Recordó que esa posibilidad ya había sido incorporada mediante un decreto en 2023, pero nunca llegó a implementarse y posteriormente fue derogada.


En cuanto a las auditorías, Weicman reclamó mecanismos accesibles para certificar la discapacidad y una participación más efectiva de las organizaciones en el Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) y en los organismos de seguimiento de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

Voces críticas: «La Ley de Emergencia no se aplicó»

Fotos: Marcela Osa/archivo Agencia Presentes


Algunos sectores del colectivo de personas con discapacidad cuestionan tanto el contenido de la iniciativa como la falta de participación del colectivo en su elaboración.


Laura Alcaide, integrante de Orgullo Disca y de la Asamblea Discas en Lucha, expresó su desconfianza respecto de la propuesta y de la voluntad del Gobierno de garantizar su cumplimiento.

“Nuestra postura es que no confiamos en nada que el Gobierno quiera venir a aprobar en nombre de nuestro bienestar, porque la Ley de Emergencia, que era un escaloncito mejor que esta ley, ya era paupérrima. Así y todo, nunca la aplicaron”.


Para la activista de Orgullo Disca, la iniciativa responde principalmente a las demandas de las empresas y de los prestadores, pero deja en segundo plano las condiciones de vida de las propias personas con discapacidad. “Se habla más de nuestras prestaciones, de nuestros tratamientos, de nuestros sistemas de apoyos, nuestros traslados. Pero no se habla de que nuestras pensiones no alcanzan para lo básico, de que el empleo protegido es peor que un sistema de esclavitud.”

Alcaide también cuestionó que la mayoría de las organizaciones de personas con discapacidad no hayan sido convocadas para participar en la redacción del proyecto.

El presupuesto: la clave para garantizar la implementación


El proyecto establece un marco permanente y contempla mecanismos presupuestarios, pero el sector advierte que sin partidas suficientes y efectivamente ejecutadas las disposiciones pueden quedar reducidas a declaraciones.

Daniel Arroyo, ex diputado nacional y autor de la Ley de Emergencia en Discapacidad, consideró que la aprobación del Senado representa un avance. Pero advirtió que todavía deben cumplirse tres condiciones para que la iniciativa tenga efectos concretos.

“La primera es que el Senado la vote; eso va a ocurrir. Lo segundo es que retire del presupuesto actual los artículos que recortan las partidas, entiendo que lo va a hacer. Lo tercero y más difícil es que le pongan presupuesto”.


Arroyo puso el foco en el tratamiento del Presupuesto 2027, cuya discusión quedaría pendiente para las sesiones extraordinarias de diciembre.

Para el exdiputado, la diferencia entre sancionar una norma y garantizar su cumplimiento está precisamente en los recursos asignados. “La ley sin presupuesto es un conjunto de ideas: tiene que tener presupuesto para que las pensiones salgan, para que el Nomenclador se cumpla, para que esté la compensación de todo lo que se perdió durante tanto tiempo”.

Incluir Salud: sin presupuesto no hay derechos


El proyecto contempla la cobertura de Incluir Salud para las personas titulares de las pensiones por discapacidad. Sin embargo, desde el colectivo advierten que no alcanza con garantizarla formalmente: es necesario que el programa funcione de manera efectiva y que se resuelvan sus problemas administrativos y de financiamiento.

En ese sentido, Uriel Weicman afirmó que “necesitamos un programa Incluir Salud que funcione coherentemente, porque siempre fue muy burocrático. Las personas que cuentan con obras sociales o prepagas tienen mayores posibilidades de acceder a prestaciones. En general son personas de clase media o clases trabajadoras formales. Para quienes somos monotributistas es más difícil que te aprueben las prestaciones. Entonces hay que fortalecer realmente Incluir Salud y también PAMI, que está desfinanciado”.


Para Weicman, la incorporación en el presupuesto que se tratará a posteriori será determinante para saber si los anuncios de fortalecimiento se traducen en mejoras concretas. “Siempre decimos que sin presupuesto no hay derechos”.

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